LA LIGA SOCIALISTA ANTE LA CONDENA A FUJIMORI

Alberto Fujimori, un personaje que en 1990 llegó al poder mintiendo, un personaje que, al poco tiempo de salir electo, se dio un autogolpe, aplicó una guerra sucia con elementos fascistoides y fomentó la entrega del país a las transnacionales bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo y del control de la inflación, un personaje que amplió a todos los niveles la corrupción generalizada y que renunció a la presidencia de la república vía fax, ha sido hallado culpable de delitos de lesa humanidad, de violación a los derechos humanos, entre otros graves casos y ha sido declarado culpable. Con esta sentencia Alberto Fujimori se ‘graduó’ legalmente como asesino, corrupto e inmoral ante los peruanos y ante el mundo.
La repercusión de los cargos imputados y de su sentencia ha trascendido las fronteras nacionales. Los diarios más importantes del mundo han reproducido en sus editoriales y titulares el fallo de la justicia: “Perú ha hecho historia”, “Un fallo histórico”, “Culpable” son las frases más repetidas, pues no es frecuente que se juzgue a un ex presidente.
Los jueces no pudieron encontrar ningún atenuante que lo beneficiara, más al contrario aprobaron todos los puntos que sustentaban su acusación desestimando todos los recursos de su abogado y del propio Fujimori. La sentencia no es definitiva, Fujimori apeló la decisión.
Sin embargo, y más allá de esto, la declaración de culpabilidad y la sentencia marca un hito en la lucha democrática y en la tarea histórica de abrir un nuevo curso histórico para el país. Por tanto, es innegable que este resultado tenga incidencia en la política peruana.
Desde ya, están pendientes más juicios, porque los delitos de Fujimori no han sido solo estos casos paradigmáticos, sino que hay más acusaciones de homicidio múltiple que deben ser investigados y no solo a Fujimori sino que implica a otros personajes de su régimen dictatorial.
Pero también deberá ir poniendo las barbas en remojo el actual presidente Alan García Pérez y el vicepresidente general Giampietri, por delitos similares a Fujimori. Más allá de que los escenarios fueron diferentes, los muertos de los penales de El Frontón y Lurigancho, las matanzas de Accomarca, Llocllapampa, Pomatambo, Parcco Alto, Puccas, Cayara, Los Molinos y otros, también fueron crímenes de lesa humanidad que no se pueden perdonar y son imprescriptibles.
La condena que recibió Fujimori representa además una postura frente a la guerra sucia que se impuso en el país desde 1980, de la que también fueron responsables los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García. Pues las víctimas, en su mayoría humildes campesinos, que se cuentan por miles, fueron torturados, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.
La condena también condena el golpe del 5 de abril, los escándalos corrupción, la perversión de las instituciones gubernamentales y del poder del Estado. Los jueces encontraron responsabilidad penal en el ex dictador por haber creado y dirigido una maquinaria extralegal o paraestatal, que actuó con alevosía (saña, traición, infamia, felonía) para acabar con sus opositores.
Ahora bien, esta sentencia no significa automáticamente que el poder judicial sea una institución proba y limpia. Mantiene una estructura heredada del fujimorato, también está vinculada con fallos a favor de narcotraficantes, está plagada de corrupción y no goza del respeto ciudadano. Por lo tanto no hay que dejarse confundir por los defensores de la actual institucionalidad democrático-burguesa.
Está pendiente un juicio de la historia. Está pendiente porque quienes juzgarán serán los explotados y oprimidos del Perú a través de un cambio revolucionario. Decimos esto pues, si bien es cierto que ahora pesa una condena y cárcel para el reo Fujimori y otros cabecillas, las acciones políticas, económicas y legales que implementó continúan siendo aplicadas y son las que continúan haciendo daño, no solo al país como nación sino al conjunto de trabajadores. Con el pretexto de la lucha contra la inflación Fujimori impuso el actual modelo neoliberal que somete al país a los dictados de las transnacionales, del FMI y del imperialismo. Impuso una constitución bastarda en la que se apoya el actual gobernante García Pérez para seguir entregando el país a la voracidad capitalista, para disponer leyes que criminalizan y penalizan la protesta social, como la que autoriza a la policía a disparar contra manifestantes para disolver las protestas y justas luchas populares.
La actual democracia está en crisis no solo en el país sino en todo el mundo. Con el juicio y la condena a Fujimori se ganó una importante batalla democrática, pero queda aún por ganar otras batallas en el terreno económico, político y social. Cuestiones que esta democracia no otorgará sin lucha. Esas grandes luchas, aun pendientes, las hará el pueblo organizado, no la institucionalidad democrática. Todas estas significarán la revolución social que las mayorías reclaman.