El nuevo gobierno de Barack Obama, electo con un discurso "democrático y popular", hizo de la guerra de Afganistán su caballo de batalla. Desde la campaña electoral, Obama viene defendiendo que en Afganistán se traba "la principal batalla contra el terrorismo" y que allí, a diferencia de Irak, las tropas americanas pueden salir victoriosas.
Después de asumir, Obama intensificó el esfuerzo de guerra, mandando 30.000 soldados más al país. Hoy existen 68.000 soldados estadounidenses y 32.000 de otros países de la OTAN (100.000 en total). Sin embargo, cada vez más, los EE.UU. parecen haberse metido en un atolladero: cuanto más se hunden más problemas tienen para salir.
¿Una "guerra justa"?
Obama utiliza los mismos argumentos que usó Bush: esta sería una "guerra justa" contra "el terrorismo". Él prometió "destruir, desmantelar y derrotar a Al Qaeda y a sus aliados extremistas", incluyendo a los talibanes. Otro argumento para justificar la ocupación militar, que también había utilizado Bush, sería la necesidad de impedir un nuevo régimen reaccionario y represivo del Talibán. Se destaca su represión contra las mujeres, la obligación del uso de la "burka", la prohibición de que cursen sus estudios, etc.
Sin embargo, ocho años después de la invasión al país, los hechos muestran que estos argumentos no son más que pretextos. La situación cambió sí, pero para peor. La ocupación produjo bombardeos constantes que alcanzan indiscriminadamente a la población y ya mataron decenas de miles de civiles. El régimen político, ahora presuntamente "democrático", está basado en la corrupción, en el fraude electoral, en la violencia y, sobre todo, en las tropas de ocupación. La situación de atraso del país, que genera la violencia contra la mujer no cambió, manteniéndose incluso el uso amplio de la "burka".
Eliminados estos pretextos, queda claro que el verdadero motivo para la ocupación militar fue la necesidad de EE.UU. de controlar un país clave para toda la región porque se encuentra entre Irán, las repúblicas de Asia Central que formaban parte de la ex URSS y Pakistán. Y esta guerra también tuvo que ver con el petróleo, ya que uno de sus objetivos era permitir la construcción de un oleoducto que llevaría la producción de los países de Asia Central, a través de Afganistán, directamente a los puertos pakistaníes, sin depender del transporte a través de Rusia. Cada vez es más difícil para el imperialismo defender que es "una guerra justa". Pero lo peor para él es su situación en el terreno militar y político.
Una situación militar y política que empeora
Los números hablan por sí mismos. Las tropas de EE.UU. ocupan Afganistán hace ocho años, un periodo casi 50% más largo que la participación del país en las dos Guerras Mundiales. Sin embargo, después de todo este tiempo, el Talibán (que fue depuesto del gobierno en el momento de la invasión en 2001) mantiene una actividad guerrillera permanente en casi todo el país.
Según el centro de estudios británico International Council on Security and Development (citado por O Estado de São Paulo, 11/09/2009) el Talibán actúa en el 97% del territorio. En un 80%, la presencia de insurgentes sería permanente. Este porcentaje viene creciendo rápidamente: según el mismo estudio, en noviembre de 2007 era de 54% y en 2008 de 72%. Un mapa realizado por el instituto muestra que casi la mitad del país está bajo control del Talibán o bajo riesgo de sus ataques. En los últimos meses, los insurgentes aumentaron sus ataques en el norte del país, una región hasta entonces considerada "pacífica". Las bajas norteamericanas y de los países de la OTAN viene n creciendo constantemente y este año alcanzaron su número más alto. Las tropas de ocupación controlan sólo la región de la capital Kabul, pero incluso allí no consiguen evitar ataques, como el atentado con bomba frente al cuartel general de la OTAN que mató a 7 personas.
Sin embargo, la situación militar de una guerra no puede ser explicada sino por la situación política de la cual es "la continuación por otros medios". Es en este terreno que los problemas del imperialismo son más graves. Una comparación con la guerra de Irak, donde las tropas de EE.UU ya se retiraron de las ciudades y programaron su salida definitiva para 2011, muestra que el panorama en Afganistán es tremendamente difícil para el imperialismo norteamericano.
En Irak, los EE.UU. dejaron el control del aparato estatal a la burguesía chiita, sector que es mayoría en el país, aliada a los kurdos, que controlan la región norte. Estos sectores aceptaron formar un gobierno títere manipulado por EE.UU., que asumió la reconstrucción del ejército y de la policía para que pudiesen reprimir a la resistencia. Pero, en este caso, el gobierno títere se basó en el antiguo aparato estatal, relativamente moderno y construido con el dinero del petróleo.
En Afganistán, el aparato estatal y la propia infraestructura son casi inexistentes debido al atraso del país, las dificultades geográficas y los casi treinta años de guerras permanentes, desde la invasión del país por la ex Unión Soviética. Incluso el propio ejército afgano, la más importante institución de cualquier estado, no pasa de un "rejunte" de los ejércitos de los "señores de la guerra" que controlan las principales etnias del país.
En Irak, EE.UU. pudo usar una parte de los inmensos recursos petrolíferos del país para comprar los "servicios" de la burguesía chiita y kurda. Llegó incluso a pagar 60 millones de dólares mensuales para que las milicias de la insurgencia sunita pudiesen funcionar, pero abandonando los ataques a las tropas imperialistas.
En Afganistán no existe petróleo. El opio, proveniente de las plantaciones de amapola, es el principal producto de exportación, con un valor estimado de 5.000 millones de dólares anuales. El país produce 93% de la materia prima para la fabricación de la heroína mundial. Aunque el imperialismo utilice frecuentemente las drogas como un arma política, en este caso existe un gran riesgo. Al contrario de las fuentes productoras de petróleo, no se pueden controlar las plantaciones de amapola, sobre todo en las regiones más conflictivas. Por eso, el dinero de la droga es una de las principales fuentes de financiamiento de los Talibanes. La provincia de Helmand, con fuerte presencia Talibán, produce 70% del opio afgano.
Además, el narcotráfico se infiltra directamente en el aparato de estado títere. Uno de los principales traficantes del país es Walid Karzai, hermano del actual presidente, Hamid Karzai. En este aspecto, la situación en Afganistán se parece cada vez más con Vietnam, en la década de 1960: los principales traficantes del país, Nguyen Van Thieu y Can Ky, llegaron a ser presidente y vicepresidente, respectivamente, del gobierno títere de Vietnam del Sur.
Un gobierno fantoche muy frágil
En resumen, el gobierno de Karzai no tiene un aparato estatal digno de este nombre; sobre todo, un verdadero ejército nacional. La policía se hunde en la incompetencia y la corrupción, y el tráfico de opio y heroína alcanzan los principales escalones del gobierno. Es decir, es un gobierno extremadamente frágil e incapaz de controlar el país e, incluso, de subsistir sin el apoyo permanente de las tropas de EE.UU.
Esta conclusión se hizo evidente en las últimas elecciones presidenciales del 21 de agosto. El proceso electoral costó 300 millones de dólares y mucho esfuerzo para sus organizadores, pero el resultado fue una crisis. Se calcula que sólo votaron entre 40% y 50% de los 15.600.000 electores habilitados. El resultado es muy inferior a la elección anterior (2004), cuando la participación, según los organizadores, llegó al 70%.
La abstención electoral mostró la fragilidad del gobierno afgano y de las "instituciones" creadas por el imperialismo. Basta un solo ejemplo: en la ciudad y provincia de Kandahar, en el sur del país, santuario del Talibán, la abstención puede haber llegado a un increíble 95% del millón de electores registrados, según observadores internacionales independientes.
El proceso de votación estuvo marcado por las denuncias de fraude que favorecieron el presidente Karzai, quien intenta ganar en el primer turno y evitar la prolongación de la campaña electoral hasta la segunda vuelta, el 1º de octubre. La conclusión es clara: las elecciones sirvieron muy poco al propósito imperialista de crear la imagen de un "régimen democrático" y de una situación más estable, a pesar de la guerra.
Pero no sólo las elecciones sino la existencia del propio régimen se basan en una farsa. Un proceso electoral que se realiza en un país ocupado militarmente por potencias imperialistas no puede ser democrático. Los 100.000 soldados de EE.UU. y de la OTAN son el verdadero poder en Afganistán. El gobierno de Hamid Karzai no pasa de una marioneta en manos de los generales norteamericanos que son los que dirigen de hecho el país. Basta ver que la "seguridad" de las ciudades y de los lugares de votación fue garantizada por los soldados ocupantes. Y todos los gastos de organización de las elecciones fueron pagados por los organismos que están por detrás de las tropas de ocupación. Como si eso no bastase, fue decretada una censura de prensa en los días anteriores a la elección, impidiendo que periódicos, radios y redes de TV divulgasen noticias de atentados del Talibán para no "alarmar la población".
Los EE.UU, se encuentran en un "atolladero"
El imperialismo se encuentra en un verdadero dilema: si permanece en el país se arriesga a perder cada vez más hombres y enormes cantidades de dinero, sin ninguna perspectiva de estabilizar el país. Si se va, lo más probable es que el Talibán derrote al gobierno de Karzai en pocas semanas y vuelva al poder, lo que sería inaceptable para cualquier gobierno norteamericano.
Los problemas del imperialismo no acaban ahí: el escenario de la región puede empeorar. La guerra de Afganistán se extendió a Pakistán, un país de 172 millones de habitantes, cuyo estado posee armas nucleares y cuya posible desestabilización podría comprometer toda la región.
La "contaminación" de Pakistán con la guerra se produjo por motivos geográficos, sociales y políticos. Los dos países comparten 2.400 kilómetros de fronteras que, en realidad, son producto de una división artificial promovida por el imperialismo británico. Fue artificial porque el pueblo pashtun, la mayor etnia de Afganistán (un 40% de la población del país) es la misma que está presente en Pakistán, del otro lado de la frontera, en varias provincias y territorios. Además, en Pakistán, existen más de 2.000.000 de refugiados afganos, que se concentran sobre todo alrededor de la ciudad de Peshawar.
Los insurgentes del Talibán atraviesan la frontera, porosa y muy poca vigilancia, y se refugian en el país vecino. Habían llegado a dominar una región, el Valle del Swat, donde implantaron la ley musulmana de la sharía, con acuerdo del gobierno paquistaní. Recientemente, este gobierno rompió el acuerdo y atacó al Talibán, expulsándolo del Valle. Sin embargo, esta ofensiva del ejército paquistaní generó más de un millón de refugiados paquistaníes en su propio país.
La guerra de Afganistán puede llegar a desestabilizar toda la región porque el país tiene una posición estratégica: localizado entre Medio Oriente, región poseedora de las mayores reservas petroleras del mundo, Asia Central (que también tiene importantes reservas) y el subcontinente indio. Además, las etnias que existen en el país son las mismas de los países con los cuales tiene frontera: pashtuns, 42%, con Pakistán; Hazaras, 9%, con Irán; tadjiques, 27%, con Tayikistán; uzbekos, 9%, con Uzbekistán; turcomanos, 3%, con Turkmenistán (otro 10% de la población es formado por grupos étnicos menores).
Consciente de este peligro, el gobierno Obama está intentando salir del "atolladero" con una política doble. En primer lugar, busca fortalecer su posición militar: envió 30.000 soldados más; 4.000 de ellos para la provincia de Helmand, para combatir la presencia de los insurgentes en la región, una de las más conflictivas de Afganistán. Pero su verdadero objetivo es conseguir una salida para la guerra, negociada con el Talibán. En este sentido, la ofensiva militar se subordina al segundo aspecto de la política. Es decir, el refuerzo militar busca obtener una posición más ventajosa en la negociación.
Obama sabe que el curso de esta guerra no puede ser cambiado con el envío de más tropas, salvo en una escala que no sería aceptada por la opinión pública norteamericana. Un ex agente de la CIA afirma que serían necesarios 1.000.000 de soldados para derrotar al Talibán y estabilizar el país. Hasta sectores conservadores, como el conocido columnista reaccionario del Washington Post, George Will (autor del artículo "Hay que saber cuando se debe parar"), empiezan a declararse contra la continuidad de la intervención de EU.UU. en Afganistán.
Obama tiene que soportar los problemas generados no sólo por la política de intervención militar de George W. Bush, sino por otras iniciativas imperialistas. Por ejemplo: el imperialismo ayudó a crear el propio Talibán, a través del ISI, el servicio de seguridad de Pakistán. Más tarde, este movimiento, que debería haber sido un dócil instrumento, se volvió contra el imperialismo.
Una de las ironías de esta guerra es que el reaccionario Talibán (que reprime a las mujeres, a los trabajadores y a la población en genera) lucha actualmente contra el imperialismo, armas en mano. Esta contradicción no es casual: la política sistemática de recolonización de los países periféricos y el brutal ataque militar lanzado por el gobierno Bush acabaron haciendo que una fuerza que había sido impulsada por el imperialismo, terminase enfrentándolo.
Por todos estos elementos, la política de Obama no tiene como estrategia conseguir una victoria militar, algo que, además, es imposible. Su verdadero objetivo se trasluce en las declaraciones de su enviado especial para la región: "Es posible negociar con el Talibán con el objetivo de conseguir algún acuerdo que estabilice el país".
La derrota del imperialismo significará un triunfo de los explotados
El destino de la guerra de Afganistán interesa a todos los trabajadores y pueblos explotados del mundo. Una derrota del imperialismo americano puede significar un golpe tremendo contra el opresor. Hay que luchar para que esta guerra termine siendo "el Vietnam de Barack Obama". Por ello, la LIT llama a todas las organizaciones populares y democráticas del mundo a denunciar la ocupación militar de Afganistán y a exigir la retirada de las tropas invasoras. Llamamos, en especial, a los trabajadores de los países imperialistas que mantienen tropas de ocupación en el país, como Inglaterra, Alemania y España, a que se movilicen para exigir a sus gobiernos el retiro inmediato de sus soldados.
Nosotros no somos neutros en la guerra que se está librando en Afganistán. Estamos del lado de los oprimidos y agredidos por la invasión y la ocupación imperialista. El pueblo afgano lucha para expulsar a las tropas imperialistas de ocupación y conseguir la verdadera independencia nacional del país. Por ello, sin que esto signifique dar ningún tipo de apoyo político a las posiciones del Talibán, la LIT declara su apoyo a las acciones militares de la resistencia. La lucha guerrillera que enfrenta el imperialismo, aunque esté dirigida por una organización burguesa reaccionaria, es uno de los factores fundamentales para las bajas y el desgaste de las tropas ocupantes, para la creciente caída de popularidad del gobierno Obama y para la crisis de la ocupación militar. Esta lucha militar de resistencia, junto con las movilizaciones y la presión de la opinión pública, sobre todo de los países imperialistas, es que puede infringir una derrota al imperialismo.
Secretariado Internacional de la LIT-CI
15 de septiembre de 2009
martes, 15 de septiembre de 2009
domingo, 23 de agosto de 2009
MAS QUE NUNCA UNIDAD OBRERA Y POPULAR PARA DERROTAR AL GOBIERNO PATRONAL
NUEVA OFENSIVA DE GARCIA ABRE EL CAMINO A OTROS BAGUAZOS
El ascenso y la proliferación de luchas a lo largo y ancho del país dio un salto en calidad con la lucha de las organizaciones indígenas y pueblos amazónicos y marcó un hito con el baguazo que cambió la situación del país. Desató una poderosa corriente de solidaridad a nivel nacional con la lucha amazónica, al mismo tiempo que creció el cuestionamiento general a la política económica implementada por Alan García, en alianza con la derecha y el fujimorismo, produciendo la más seria crisis política en el gobierno y el régimen democrático burgués.
El gobierno fue puesto en vilo y salió de esta crisis maltrecho, retrocedió después del Baguazo, parte de su gabinete de ministros, a pesar de que se mantenían en sus cargos, actuaban como espectros, sin fuerza tomar para seguir tomando decisiones. El gobierno se asustó realmente y anunció la derogatoria de los decretos más nocivos (1090 y 1064) y planteó demagógicamente la reconciliación. Envío a su aun primer ministro Yehude Simon para que intente calmar los conflictos. Este personaje se deshizo en ofrecimientos, una lluvia de promesas por doquier sabiendo que sería cambiado de un momento a otro. Pero el propósito de Alan era diferente, lo vemos después de su mensaje del 28 de julio: burlarse de todos los peruanos para seguir en la misma.
Alan García aprovechó la desarticulación del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía para volver a la carga
El gobierno esperó la medida nacional anunciada por ese verdadero Frente Único que se constituyó luego de la masacre del 5 de junio en Bagua, el Frente Nacional Por la Vida y la Soberanía. Constató, al igual que el resto de trabajadores del país, cómo Mario Human al frente de la cúpula de la CGTP retrocedía del acuerdo inicial que era la convocatoria a un paro nacional los días 7, 8 y 9 de julio, debilitando conscientemente este Frente y no solo eso, pues mientras los amazónicos, los campesinos, los sectores en lucha en todos el país gritaban con intuición certera “¡fuera García!”, la CGTP y CPS, que agrupa a la vieja izquierda reformista, haciendolé un enorme favor al gobierno, planteaba lo que ya era un hecho evidente: sólo un cambio de gabinete, otorgándole una tregua al gobierno y la patronal que no dejaron pasar la oportunidad para volver al ataque.
Es decir, de una oleada desatada por las masas, que colocó al gobierno y la patronal contra las cuerdas, Por la inconsecuencia de Huamán y la CPS hoy estamos ante una nueva ofensiva anti popular. Ollanta Humala que también es promovido como candidato por Huamán, tampoco hicieron gran cosa y el gobierno fue salvado de una crisis que planteaba su caída y abría una extraordinaria oportunidad para cambiar las cosas a favor de los explotados y excluidos de la actual política económica del gobierno y el Estado.
Lo que nos reveló la crisis del Baguazo, fueron dos hechos: 1) que la oposición real a este gobierno está en las calles, vista la gran disposición de luchar contra este gobierno, al que identifican como el verdadero responsable de los problemas y 2) el rol de freno de la dirección de la CGTP que no asume la aspiración popular de luchar consecuentemente contra este gobierno que, a lo sumo plantea como salida las elecciones sosteniendo la candidatura de Ollanta para el 2011.
La postura de Huamán puede resumirse de la siguiente manera: transformamos la insurgencia o huelga en paro, el paro en jornada, la jornada en movilización, la movilización en mitin, el mitin en campaña electoral y conferencia de prensa. Al final su salida se reduce a las elecciones del 2011.
Son dos caminos: la de los obreros, campesinos y pueblos originarios que han comprendido que hay que echar al gobierno responsable de todos nuestros males, como única vía de arrancar la solución a las demandas, y la electorera Ollanta y Huamán que quieren que sigamos soportando a García con el ofrecimiento etéreo de que votando por ellos el 2011 en el supuesto de ganar recién vendrán las soluciones. Nadie ha regalado nada al pueblo trabajador, y ningún Mesías vendrá a salvarnos; sólo la lucha unitaria es garantía de nuestras victorias como lo ha demostrado la heroica lucha indígena que logró derrotar los decretos anti selva.
El gobierno no tiene ni tendrá propósito de enmienda
Después de los dramáticos sucesos del baguazo había algunos demócratas que, haciendo un esfuerzo para no parecer incautos (a pesar de su nuevo gabinete remendado y con más apristas, con Velásques Quesquén como premier), esperaban una sana corrección del gobierno, una autocrítica, un diálogo sincero, atención a las demandas populares y un cambio general de política y esperaron con expectativa el Mensaje del 28 de julio. Pero se pegaron un gran chasco porque García planteó más de lo mismo y volvió al ataque. Si bien se puede entender las ilusiones y frustraciones de estos señores acostumbrados a ver las cosas con “buena voluntad”, la actitud de Mario Huamán frente al gobierno, sí que llamó la atención, en tanto dirigente de la mayor central obrera. Pues está claro, a tres años de su gobierno resulta infantil esperar un cambio de la política gubernamental y de su forma de gobernar. Si para muchos sectores populares ya era evidente antes del baguazo, se confirma después de él. ¿Por qué? Porque el gobierno de García es agente de las multinacionales que tienen todo el poder económico y político, y estos impulsan políticas de libre mercado que les permiten saquear nuestros recursos naturales y sobreexplotar a la clase trabajadora.
Si la economía nacional creció aceleradamente en los últimos años fue debido a que desde Fujimori (con shock, dictadura, recesión y sobreexplotación laboral y sin derechos de por medio) se asoció en condiciones de dependencia a la economía mundial, principalmente a los EEUU dominada por su sector más parasitario y especulativo que le condujo a la actual crisis mundial y que en su caída, debido a esta asociación, que García se empeña en mantener, arrastra hacia abajo a nuestra economía. Mientras hubieron ganancias todo marchaba bien para los de arriba, mientras que al resto de la población peruana se la ha mantenido en la miseria, el abandono, y a su sector más productivo, los trabajadores, se les redujo sus derechos, se mantuvieron congelados sus salarios y unas condiciones laborales precarias donde impera el abuso y la prepotencia patronal. El crecimiento fue la base del festín que vivieron las multinacionales y que alimentó no solo la corrupción sino también la soberbia de García que llegó a creerse el mejor gobernante del mundo, creyéndose esto quiso mantener reprimidas las luchas y toda protesta, hasta que ordenó la matanza de Bagua.
La crisis mundial afecta severamente a la economía peruana
El gobierno quiso mantener el ritmo de crecimiento económico así como las luchas bajo control. Ambas cosas amenazan con escapársele de las manos. Si la acelerada locomotora de la economía mundial, los EEUU, entró en crisis, es porque no se sustentó en creación de riqueza y bienestar sino en especulación, parasitismo y guerras, por eso devino en una crisis sin precedentes que hoy arrastra al mundo y al Perú. Estados Unidos ya lleva 6 millones de despedidos y la caída de su producción se sitúa en alrededor de -3%, la de Europa está en -4% y Japón ya sobrepasa el -6%; ¡¡y éstas son las principales economías del mundo!! Esta contracción, precedida de la quiebra de poderosos bancos y empresas automotrices, ha impactado en nuestra dependiente economía contrayendo abruptamente el crecimiento del PBI 10 a menos de 2%, se contrajeron las exportaciones, ha producido la caída de los precios de exportación, principalmente minerales, y ha provocado una fuerte sequía de capitales que ha obligado a postergar numerosos proyectos. Esto nos hace afirmar que la recesión ya se instaló en el Perú y afecta principalmente a la industria donde oficialmente se reconoce que hasta el momento 150 mil trabajadores fueron arrojados a la calle. La recaudación fiscal también se ha reducido, lo mismo el ‘aporte’ de las compañías mineras en torno al -60%, lo que significa una reducción en la misma proporción del Canon que se destinaba a las regiones y municipios. La perspectiva, a pesar de los malabares del gobierno y su ministro de economía de presentar las cosas como si estuviéramos en el mejor de los mundos, es que todavía no hay luz al final del túnel y una eventual “recuperación” de la economía mundial será corta y seguida de otras caídas.
La realidad es que se acabó la fiesta y comenzó el ajuste. Para mantener, en medio de esta grave crisis, las suculentas ganancias de las multinacionales y los capitalistas hay una sola receta que ya comenzó a aplicar García: Por un lado, más ajuste a los trabajadores y al pueblo pobre (aumento de la desocupación, salarios congelados, abuso patronal, menos inversión social) y, por otro, mayores concesiones a las multinacionales (privatizaciones, entrega total de nuestros recursos naturales, etc.). Esto es lo que explica las leyes anti selva y explica también por qué García ordenó tirar a matar en Bagua. Desde el punto de vista de las multinacionales, de sus ganancias y de sus intereses de clase, frente a la crisis no hay más salida que ir por más, aún a costa de producir ríos de sangre. Por eso mismo, pasada la crisis del baguazo, el gobierno ha vuelto a la carga.
Más gasolina al fuego: El gobierno se derechiza más
La situación de la lucha de clases en nuestro país tiene dos elementos que sirven como telón de fondo: los efectos de la crisis económica mundial y las luchas en curso, además de los conflictos latentes, que amenazan con crear un desorden político e inestabilidad. Ambos factores son un peligro para la gobernabilidad del país en los marcos del modelo impuesto desde la dictadura de Fujimori y amenazan la continuidad del actual gobierno.
En los últimos tiempos hemos tenido grandes luchas, entre ellas, Moquegua y Bagua, también escandalosos casos de corrupción, por ejemplo, los petroaudios, y a nivel externo el impacto que viene de la crisis económica capitalista. Sin embargo, Alan García pareciera vivir en otro mundo, se siente seguro por las reservas internacionales acumuladas, a pesar de que los efectos de la profunda crisis mundial ya hicieron erosionar varios miles de millones de dólares de estas reservas desde que estalló hace casi un año.
Los indígenas y campesinos que ven enajenados sus tierras y derechos por voraces multinacionales hambrientas de recursos naturales, se han levantado y le salen al paso. Los pequeños y medianos empresarios llevados a la ruina por el TLC exigen protección. Sectores de clase media van comprendiendo que este modelo excluyente, que atiza más los conflictos, ya no va y demandan cambios. Los pueblos y trabajadores cada vez más identifican al gobierno como el verdadero responsable de los problemas actuales, y en algunos lugares se producen situaciones de desborde popular.
El cuestionamiento crece cada día detrás de cada problema. En La Oroya, por ejemplo, ante la patronal y el gobierno que prefieren dejar a los trabajadores en la calle o seguir destruyendo el medio ambiente, la única salida clara ante el gigantesco abuso de Doe Run (la transnacional minera más contaminante del mundo), la mejor opción es la renacionalización de la empresa.
La lucha de las comunidades andino-amazónicas, el genocidio de Bagua, los decretos inconstitucionales, los conflictos laborales y sociales, la persecución política, la criminalización de dirigentes y luchadores populares, la extrema pobreza, el desempleo, los salarios bajo y congelados, los problemas regionales y contra el centralismo son reflejo o consecuencia de la política económica del gobierno, neoliberal converso, llevado a cabo contra viento y marea, con discursos populistas y demagogia.
La política del gobierno después del baguazo: un poco de zanahoria y más garrote
Ante a los conflictos sociales que nublan el horizonte optimista del gobierno, García ha girado más a la derecha adoptando una postura autoritaria y excluyente donde el trillado discurso sobre “la defensa de la democracia” ya no es sólo una cuestión de defensa de su estabilidad política, ahora la asocia a la defensa y continuidad del modelo económico pro-imperialista que aplica. Por eso inventa argumentos, no reconoce ninguna responsabilidad del gobierno, prefiere hablar de “injerencia extranjera” y acusar a los “agitadores” por la conflictividad social que por momentos se desborda, y nos exorciza del modelo autoritario de Hugo Chávez con el único fin de confundir al pueblo y defender su “modelo” neoliberal como el único perfecto y acabado y propiciar en torno a él un gran frente ultrarreaccionario con la derecha, la Iglesia de Cipriani y la cúpula militar. Es decir, una santa cruzada con un sola bandera: la bandera de los piratas imperialistas de la minería, el petróleo y el gas; y con un sólo programa: libre mercado para seguir saqueando nuestros recursos y seguir sobreexplotando y hundiéndonos en la miseria. Por eso, ante luchas, movilizaciones, levantamiento de los pueblos Alan García pide a la policía utilizar sus armas, presenta proyectos de ley para evitar que sean juzgados, amenaza con mano dura y represión subrepticiamente al identificar conflicto social con violencia y terrorismo. Y con esa postura política desde el poder lo que ocasiona es un cuestionamiento no solo al plan económico sino al gobierno y al régimen en general.
Pero, además, la finalidad de este frente pro imperialista también es garantizar su permanencia en el poder con vistas a las elecciones del 2011. Para este frente reaccionario se trata de demoler la figura y las posibilidades electorales de sus posibles rivales como Ollanta Humala (o cualquier otra figura que tenga algún arrastre popular), no por temor a él, que en todos los idiomas ha dicho “que no va a nacionalizar absolutamente nada”, sino porque temen que detrás de Ollanta puede venir un torrente de masas con exigencias y aspiraciones que vayan más allá, amenazando el andamiaje democrático-burgués construído y continuado hasta hoy.
Esta política del gobierno y la derecha de ir defender con uñas y dientes el modelo pro-imperialista que ejecutan no es un caso aislado. Es el curso que vienen adoptando los núcleos más duros la burguesía en toda América Latina que actúan bajo la sombra de los EEUU. Refleja la creciente lucha de clases y la polarización social que recorre nuestras naciones. Algunas de sus manifestaciones son el golpe reaccionario de Honduras, y de otro, el nuevo acuerdo entre el gobierno lacayo de Colombia y EEUU para el uso de bases militares norteamericanas en Colombia que representa una amenaza directa contra los procesos revolucionarios que se dan en la región y amenazan los intereses de las burguesías latinoamericanas socias menores del imperialismo.
La arremetida actual es la de un gobierno debilitado. El gobierno retrocedió después de Bagua pero, al no ser derrotado en toda la línea, ha vuelto a plantear más de lo mismo o peor aun. Si bien es cierto que las luchas y conflictos contra gobierno disminuyó, no se han detenido. Siguen pendientes otros conflictos (240 según la Defensoría del Pueblo), el país sigue en vilo. La política del gobierno y de la patronal (cierre de Doe Run, despidos, no reconocimiento de derechos laborares, promesas incumplidas, incumplimiento de acuerdos, bajos salarios, etc.) actúan como acicate para el desencadenamiento de nuevos conflictos o estallidos sociales. Para continuar con su modelo entreguista y reaccionario, el gobierno anunció el 28 de julio su orientación que resumió en una frase con motivo de la juramentación de su nuevo gabinete: “orden e inclusión”. Ya, en medio del baguazo, hasta la rancia derecha había descubierto que había que “dialogar”, que detrás de cada movilización había reclamos que atender, que había que soltar plata para apagar el incendio, descubrió que hay un Perú oficial y otro no tanto, que hay que atender los conflictos y reclamos antes de que estallen, etc.
Una nueva creación del gobierno: la “descentralización popular”.
Ahora para el gobierno se trata de soltar algo de dinero para pequeñas obras, se sueltan algunas migajas pero para calmar los ánimos, para imponer “orden”, es decir, aplicar más represión ante la conflictividad social. Esto es, se vuelve a la vieja política de la “zanahoria y el garrote” (soltamos algo y te pegamos más) pero desde una postura más reaccionaria.
Parte de la zanahoria es la llamada “descentralización popular”, anunciado por García el 28 de julio. Esta implica la asignación de una pequeña parte del presupuesto público para ser gastado a través de “Núcleos Ejecutores” para la inversión social. “La mejor manera de dialogar es gastar entregando al pueblo los recursos. Esa es la mejor manera de poner coto a cualquier protesta o reclamo haciendo que el pueblo mismo gaste en su favor”, dijo García. Son frases para la historia… del ridículo. Pasando del dicho al hecho, a las pocas horas se reunía con los primeros cien “representantes populares” para aprobar sus proyectos. “No hay nada mejor que lo gaste y controle el mismo pueblo”, enfatizó, intentando aparecer más popular. La derecha, aunque con diferencias, celebró la medida.
El novísimo proyecto de “descentralización popular” no significa inyección de nuevos recursos para programas sociales. Es la transferencia de recursos de un lado para otro, nada más. Es dinero que se saca de un bolsillo (las regiones y municipios) para ponerlo en otro bolsillo (núcleos ejecutores y en manos de apristas). Con esta medida el gobierno busca mejorar su imagen realizando obras de menor envergadura encubriendo la incapacidad del Estado para gastar en grandes obras y buscando el impacto y apoyo popular.
Como ejemplo, de la demagogia gubernamental está Ica, Pisco Chincha y otros poblados menores que después de dos años del terremoto que los asoló continúa en escombros. Otro ejemplo: El “Programa de Estímulo Económico”, lanzado con bombos y platillos en diciembre del año pasado camina peor que tortuga; por un lado se hacen campañas espectaculares contra la gripe AH1N1 pero hay niños que mueren de frío en las zonas altoandinas; se habla de mejorar la calidad educativa pero no hay plata para los maestros escolares ni para cumplir con la homologación de los docentes universitarios.
No estamos, pues, ante un verdadero plan de obras públicas del gobierno y el Estado sino ante salidas al paso, pero pensadas sí, para meter más apristas en el gobierno, para engañar al pueblo con dádivas en la perspectiva de mantener la política económica y hacer digeribles sus políticas antipopulares y, por último y no menos importante, para enfrentar con ventaja las elecciones venideras. Eso es lo que significa para Alan “descentralización popular” y “núcleos ejecutores”, superar las trabas burocráticas, cubrir la corrupción de sus funcionarios estatales con el cuento del gasto directo en obras.
Por supuesto que no hay nada mejor “que gaste y controle el pueblo”. Esta es una propuesta esencial del programa que propugnamos para un Gobierno obrero, indígena y popular y que se basa en el ejercicio del poder basado en organismos democráticos de base, es decir una democracia de y para las mayorías nacionales. Pero lo de García es una farsa más. La plata no será repartida entre los organismos populares (las Juntas Vecinales, las Asociaciones Populares, comunidades campesinas etc.) sino será entregada directamente a “Núcleos Ejecutores” fabricados y montados por los operadores políticos de Palacio, y que tienen el apoyo en la sombre del tristemente célebre Agustín Matilla. Es decir, estamos ante un proyecto clientelista. La “descentralización popular” está sujeta a un plan electorero para cuya finalidad no importa “aceitar” la maquinaria aprista con más recurso público.
En el orden del día del gobierno está la política de desactivar la arremetida popular
Pero la zanahoria es el espectáculo, lo real es el crecimiento de la represión. García ha llamado abiertamente a los miembros policiales a “usar sus armas” sin temor ni discreción. La lucha indígena si bien logró que se deroguen cuestionados decretos, ha traído una represalia: persecución contra sus dirigentes, los indígenas detenidos en Bagua trasladados a Lima para ser procesados, AIDESEP es intervenido por organismos del gobierno y paralelizado. El ministro de Justicia (aprista) pretendiendo lavar las manos del gobierno manchadas en sangre, viajó a Ginebra para acusar a los indígenas de genocidio. Por su parte, Las fuerzas policiales son entrenadas para ensañarse contra las protestas sociales pero ineptas para enfrentar al narcotráfico y a Sendero Luminoso, señalados como grandes enemigos que, de tanto en tanto, los sorprenden inflingiéndoles fuertes golpes. En estos días el sólo anuncio de paralización de los obreros de La Oroya fue respondido con el envío de un aparatoso ejército policial. Y en Marcona la represión desproporcionada trajo la muerte de un modesto invasor de terrenos. A la sazón, los actos aislados de Sendero Luminoso en alejadas localidades son aprovechados por el gobierno para justificar el uso de mano dura, indiscriminada, como en el pasado.
Al gabinete Yehude Simon le sucedió el de Velásquez Quesquén, otro gabinete que todos calificaron de “choque” por el ingreso de personajes ultra reaccionarios como Rey Rey, Aurelio Pastor, el general Octavio Salazar. Velásques Quesquén, un personaje de tercera fila, ha confesado que es un simple “coordinador”. Es decir tenemos al frente un gabinete de ministros donde el mandamás es García, que juramento a sus nuevos ministros para defender el “orden democrático”. Es decir, el gobierno continuará como en los años anteriores, y tratará de ir por más. El problema que enfrenta es que los conflictos populares van a incrementarse y ante la eventualidad de una nueva oleada de luchas decidió por nombrar secretarios en vez de ministros y volver a intentar la imposición de mano dura.
El eje sigue siendo derrotar a García y a su plan imperialista
De todo lo anterior se concluye que la gran tarea de las masas trabajadoras y de los pueblos en conflicto, en la presente etapa, es retomar la lucha en la única perspectiva correcta y necesaria: llevar a término la derrota del gobierno pro patronal y pro imperialista de García. Esta es la condición para abrir el camino a la solución de las demandas, y para forjar una alternativa desde el campo de los trabajadores y el pueblo frente al plan del imperialismo y sus agentes.
El gran argumento del gobierno para defenderse de la gigantesca bronca popular es un sofisma: la democracia consiste en respetar al gobierno que fue elegido por cinco años. (¿Aunque este haga lo contrario a lo que ofreció?). En Bolivia (2005), Argentina (2001) y Ecuador (2000) las masas obreras y populares echaron a gobiernos “democráticos” que estafaron la voluntad popular y que cometieron delitos diez veces más pequeños que las monstruosidades que hace Alan García. Echaron y castigaron al culpable de los atropellos y lograron arrancar conquistas importantes. Fue un camino legítimo porque la “democracia” no consiste en darle carta blanca a un gobierno para que haga lo que le da la gana con la confianza que se depositó en él; la democracia reside en la soberanía del pueblo que tiene el derecho de echar a un gobierno hambreador, entreguista y represivo, más aún, asesino como el de García, y no tener que soportarlo hasta el término de su mandato.
Pero García ni la patronal van a entender nada de esto. No estamos ante un debate legal sino ante una lucha concreta donde la realidad muestra que precisamente apoyándose en las armas que le da la “democracia” formal (elección por cinco años, mayoría en el Congreso, etc.). García ataca con todo aplicando su plan económico que trae más despidos, hambre y enfermedades; ataca los derechos de las comunidades y ordena disparar a matar contra el pueblo, como la barbarie producida en Bagua.
Nada de esto tampoco lo va a entender Huamán y Ollanta. El primero, durante estos años ha hecho el ridículo reduciendo toda su política a exigirle al gobierno que “cambie de política”, y el gobierno no sólo no ha cambiado un pelo sino que continúa aplicando su política económica encendiendo más la bronca en la base obreras, populares y en las comunidades andino-amazónicas que han entendido mucho mejor que Mario Huamán y compañía, que lo único que queda es la movilización y la lucha directa contra el gobierno. El hecho de fondo es que Huamán y Ollanta no actúan como dirigentes de las luchas, como verdadera oposición, por el contrario se mueven con perspectiva electorera, encajonados en la “legalidad”, aceptan las “reglas de juego” de esta democracia de los ricos y su máxima preocupación es demostrar ‘buena conducta’. Por eso vemos, algunos no lo terminan de creer, cómo vergonzantemente Ollanta Humala se mete bajo la cama cuando viene la oleada de luchas, pero sí viaja hasta España para postrarse de rodillas ante Mario Vargas Llosa como si fuera el Papa, y vemos también cómo Huamán se dedica a frenar las luchas llamando a que esperemos hasta el 2011 (¡¡!!). Ante los furibundos ataques de la burguesía que quisiera que ellos sean más serviles, solo atinan a blanquearse y hacerse más potables, en lugar de colocar sus liderazgos y dirigencias al lado los explotados y del pueblo más humilde y abandonado.
¿Es el “indigenismo” una alternativa?
Frente a las inconsecuencias de Ollanta y Huamán, cuya credibilidad se ha erosionado mucho más en las bases y sectores que enfrentan al gobierno, tanto en Lima como en los pueblos del interior del país, vienen surgiendo y crecen cuestionamientos que apuntan hacia una alternativa “indigenista” en torno a la “Cumbre de los Pueblos” cuya principal figura es Miguel Palacín. También aparece como candidato el padre Arana que se sostiene en el apoyo que dio a las comunidades campesinas en su lucha contra las mineras en Cajamarca. Estas y otras opciones, aunque con discursos más “radicales” y con rostros más “indígenas” en realidad su alternativa no difieren mucho de la de Ollanta Humala, a lo mucho plantean una crítica a la cultura occidental y sus valores decadentes, sin embargo, no legan a plantear claramente una lucha contra el capitalismo, raíz de todos nuestros males. La alternativa que levantan es corta o insuficiente, no integran plenamente la problemática de conjunto del país, pero para hacer aceptables sus propuestas programáticas las aderezan con una reivindicación cultural y de retorno a lo originario.
Creemos firmemente que las reivindicaciones indígenas no serán resueltas reivindicando un “gobierno indígena” o simplemente los valores indígenas, sino luchando por un Gobierno Obrero, Campesino, Indígena y Popular que erradique de raíz la dominación imperialista y capitalista que está en la base de la explotación del hombre por el hombre y de la opresión/discriminación del indio y de las comunidades andino-amazónicas.
Más que nunca unidad y plan de lucha
Para avanzar en la tarea de derrotar al gobierno ultra reaccionario de García y su plan es preciso recomponer la unidad del campo obrero y popular en torno al “Frente por la Soberanía y la Vida” que en un momento conformaron la CGTP, AIDESEP, CCP y CNA, Frente que fue decisivo para generar una amplia movilización que contribuyó al triunfo de la huelga indígena. Recomponer este Frente por la Soberanía y la Vida significaría poner fin a la tregua otorgada en los hechos al gobierno promoviendo un Plan de Lucha que movilice al conjunto de las fuerzas obreras, populares y comunidades andinoamazónicas, que unifique sus demandas más sentidas: Reposición de despedidos, ni servis ni contratas, estabilidad laboral. Aumento General de Salarios. Defensa del empleo y el medio ambiente en La Oroya renacionalizando Doe Run. Libertad para todos los indígenas presos, corte de juicio y cese a la persecución de Alberto Pizango y otros dirigentes. Defensa de las comunidades andino-amazónicas. Lucha contra el TLC y los decretos emitidos para su implementación. Contra la ley de aguas. Contra la explotación minera a cielo abierto, entre otras
La unificación y coordinación son indispensables para superar el aislamiento y la dispersión de las luchas y los peligros que conlleva. En esta tarea todos los dirigentes de los mencionados organismos tienen su, responsabilidad. Pero sin duda alguna la principal responsabilidad recae en la dirigencia de Mario Huamán de la CGTP que representa a la mayoría decisiva de la clase trabajadora.
El desafío central: construir una nueva dirección obrera
Un movimiento popular, sin dirección política centralizada sólo nos conducirá a reveses y a la derrota, al mantenimiento del status quo. La lucha callejera y el griterío no pueden reemplazar al discurso político programático, serio y creíble.
Hemos ingresado a una situación donde se agudiza la polarización entre un debilitado gobierno por su alineamiento servil con el imperialismo, y que mantiene una tenaz ofensiva, y el movimiento de masas que más envalentonado y con más recursos de lucha a la mano muestra disposición de librar nuevos combates abriendo otros baguazos o moqueguazos que plantearán nuevamente la posibilidad de echar al gobierno de García.
El plan burgués, así como el de Ollanta y Huamán, es encaminar la crisis por la vía electoral del 2010 y 2011 alentando nuevas ilusiones en el pueblo (“a falta de pan, circo”). En este contexto, la posibilidad de avance de las masas trabajadoras dependerá de la unidad de las luchas, de un frente único de masas y, en ese marco, del surgimiento de una dirección que, trabajando con esta orientación, de pasos decisivos y consecuentes para superar la dispersión y el desarme que impone la dirección conciliadora de Mario Huamán y Ollanta Humala, garantizando el desarrollo de la pelea en la perspectiva de la derrota del gobierno.
La dirección de Mario Huamán ha demostrado hasta el hartazgo su naturaleza conciliadora y absolutamente desentendida de las luchas de las bases. Necesitamos una nueva dirección cuyo eje sea impulsar la más amplia unidad para la lucha, que promueva la solidaridad con las luchas, que respete la voluntad de las bases, que promueva, entre los trabajadores la democracia obrera, que trabaje por reorganizar y fortalecer a la CGTP y que en perspectiva pueda postularse para dirigirla colocando al frente a luchadores obreros y campesinos probados por su honestidad, combatividad y consecuencia.
Pero sobre todo, desde el campo de los trabajadores necesitamos forjar una alternativa política independiente frente al fracasado plan burgués y proimperialista de García. La alternativa no es Ollanta Humala que aun sin ser presidente ya se echa a los pies de los grandes empresarios, ni su extremo la vuelta al “indigenismo”, aunque el movimiento indígena y popular es y debe ser un aliado fundamental en la lucha de los trabajadores y el pueblo contra los planes del imperialismo y las multinacionales. Acá el problema central es la recuperación de nuestra soberanía nacional y nuestro futuro como nación; esto es: la ruptura con el dominio imperialista y capitalista. Y esto sólo lo pueden hacer los trabajadores aliados con el movimiento indígena y popular con una clara alternativa de poder.
Para lograr este objetivo necesitamos de un partido fundido con las luchas obreras y populares e integrado por sus más decididos elementos. Este es el partido que impulsamos desde el PST y la Liga Socialista, organizaciones revolucionarias que hemos decidido ir juntas a un Congreso de Unificación (24 y 25 de octubre), como un paso hacia la construcción de esta gran herramienta política y revolucionaria que necesitan los trabajadores.
Compañero luchador: Te llamamos a sumarte a este esfuerzo ingresando a nuestras filas o apoyándonos en esta tarea. Contribuyamos haciendo de este modesto paso de unificación un hito al servicio de la hora presente y el futuro de las mayorías nacionales.
Agosto 2009
Liga Socialista
Partido Socialista de los Trabajadores
Secciones de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
El ascenso y la proliferación de luchas a lo largo y ancho del país dio un salto en calidad con la lucha de las organizaciones indígenas y pueblos amazónicos y marcó un hito con el baguazo que cambió la situación del país. Desató una poderosa corriente de solidaridad a nivel nacional con la lucha amazónica, al mismo tiempo que creció el cuestionamiento general a la política económica implementada por Alan García, en alianza con la derecha y el fujimorismo, produciendo la más seria crisis política en el gobierno y el régimen democrático burgués.
El gobierno fue puesto en vilo y salió de esta crisis maltrecho, retrocedió después del Baguazo, parte de su gabinete de ministros, a pesar de que se mantenían en sus cargos, actuaban como espectros, sin fuerza tomar para seguir tomando decisiones. El gobierno se asustó realmente y anunció la derogatoria de los decretos más nocivos (1090 y 1064) y planteó demagógicamente la reconciliación. Envío a su aun primer ministro Yehude Simon para que intente calmar los conflictos. Este personaje se deshizo en ofrecimientos, una lluvia de promesas por doquier sabiendo que sería cambiado de un momento a otro. Pero el propósito de Alan era diferente, lo vemos después de su mensaje del 28 de julio: burlarse de todos los peruanos para seguir en la misma.
Alan García aprovechó la desarticulación del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía para volver a la carga
El gobierno esperó la medida nacional anunciada por ese verdadero Frente Único que se constituyó luego de la masacre del 5 de junio en Bagua, el Frente Nacional Por la Vida y la Soberanía. Constató, al igual que el resto de trabajadores del país, cómo Mario Human al frente de la cúpula de la CGTP retrocedía del acuerdo inicial que era la convocatoria a un paro nacional los días 7, 8 y 9 de julio, debilitando conscientemente este Frente y no solo eso, pues mientras los amazónicos, los campesinos, los sectores en lucha en todos el país gritaban con intuición certera “¡fuera García!”, la CGTP y CPS, que agrupa a la vieja izquierda reformista, haciendolé un enorme favor al gobierno, planteaba lo que ya era un hecho evidente: sólo un cambio de gabinete, otorgándole una tregua al gobierno y la patronal que no dejaron pasar la oportunidad para volver al ataque.
Es decir, de una oleada desatada por las masas, que colocó al gobierno y la patronal contra las cuerdas, Por la inconsecuencia de Huamán y la CPS hoy estamos ante una nueva ofensiva anti popular. Ollanta Humala que también es promovido como candidato por Huamán, tampoco hicieron gran cosa y el gobierno fue salvado de una crisis que planteaba su caída y abría una extraordinaria oportunidad para cambiar las cosas a favor de los explotados y excluidos de la actual política económica del gobierno y el Estado.
Lo que nos reveló la crisis del Baguazo, fueron dos hechos: 1) que la oposición real a este gobierno está en las calles, vista la gran disposición de luchar contra este gobierno, al que identifican como el verdadero responsable de los problemas y 2) el rol de freno de la dirección de la CGTP que no asume la aspiración popular de luchar consecuentemente contra este gobierno que, a lo sumo plantea como salida las elecciones sosteniendo la candidatura de Ollanta para el 2011.
La postura de Huamán puede resumirse de la siguiente manera: transformamos la insurgencia o huelga en paro, el paro en jornada, la jornada en movilización, la movilización en mitin, el mitin en campaña electoral y conferencia de prensa. Al final su salida se reduce a las elecciones del 2011.
Son dos caminos: la de los obreros, campesinos y pueblos originarios que han comprendido que hay que echar al gobierno responsable de todos nuestros males, como única vía de arrancar la solución a las demandas, y la electorera Ollanta y Huamán que quieren que sigamos soportando a García con el ofrecimiento etéreo de que votando por ellos el 2011 en el supuesto de ganar recién vendrán las soluciones. Nadie ha regalado nada al pueblo trabajador, y ningún Mesías vendrá a salvarnos; sólo la lucha unitaria es garantía de nuestras victorias como lo ha demostrado la heroica lucha indígena que logró derrotar los decretos anti selva.
El gobierno no tiene ni tendrá propósito de enmienda
Después de los dramáticos sucesos del baguazo había algunos demócratas que, haciendo un esfuerzo para no parecer incautos (a pesar de su nuevo gabinete remendado y con más apristas, con Velásques Quesquén como premier), esperaban una sana corrección del gobierno, una autocrítica, un diálogo sincero, atención a las demandas populares y un cambio general de política y esperaron con expectativa el Mensaje del 28 de julio. Pero se pegaron un gran chasco porque García planteó más de lo mismo y volvió al ataque. Si bien se puede entender las ilusiones y frustraciones de estos señores acostumbrados a ver las cosas con “buena voluntad”, la actitud de Mario Huamán frente al gobierno, sí que llamó la atención, en tanto dirigente de la mayor central obrera. Pues está claro, a tres años de su gobierno resulta infantil esperar un cambio de la política gubernamental y de su forma de gobernar. Si para muchos sectores populares ya era evidente antes del baguazo, se confirma después de él. ¿Por qué? Porque el gobierno de García es agente de las multinacionales que tienen todo el poder económico y político, y estos impulsan políticas de libre mercado que les permiten saquear nuestros recursos naturales y sobreexplotar a la clase trabajadora.
Si la economía nacional creció aceleradamente en los últimos años fue debido a que desde Fujimori (con shock, dictadura, recesión y sobreexplotación laboral y sin derechos de por medio) se asoció en condiciones de dependencia a la economía mundial, principalmente a los EEUU dominada por su sector más parasitario y especulativo que le condujo a la actual crisis mundial y que en su caída, debido a esta asociación, que García se empeña en mantener, arrastra hacia abajo a nuestra economía. Mientras hubieron ganancias todo marchaba bien para los de arriba, mientras que al resto de la población peruana se la ha mantenido en la miseria, el abandono, y a su sector más productivo, los trabajadores, se les redujo sus derechos, se mantuvieron congelados sus salarios y unas condiciones laborales precarias donde impera el abuso y la prepotencia patronal. El crecimiento fue la base del festín que vivieron las multinacionales y que alimentó no solo la corrupción sino también la soberbia de García que llegó a creerse el mejor gobernante del mundo, creyéndose esto quiso mantener reprimidas las luchas y toda protesta, hasta que ordenó la matanza de Bagua.
La crisis mundial afecta severamente a la economía peruana
El gobierno quiso mantener el ritmo de crecimiento económico así como las luchas bajo control. Ambas cosas amenazan con escapársele de las manos. Si la acelerada locomotora de la economía mundial, los EEUU, entró en crisis, es porque no se sustentó en creación de riqueza y bienestar sino en especulación, parasitismo y guerras, por eso devino en una crisis sin precedentes que hoy arrastra al mundo y al Perú. Estados Unidos ya lleva 6 millones de despedidos y la caída de su producción se sitúa en alrededor de -3%, la de Europa está en -4% y Japón ya sobrepasa el -6%; ¡¡y éstas son las principales economías del mundo!! Esta contracción, precedida de la quiebra de poderosos bancos y empresas automotrices, ha impactado en nuestra dependiente economía contrayendo abruptamente el crecimiento del PBI 10 a menos de 2%, se contrajeron las exportaciones, ha producido la caída de los precios de exportación, principalmente minerales, y ha provocado una fuerte sequía de capitales que ha obligado a postergar numerosos proyectos. Esto nos hace afirmar que la recesión ya se instaló en el Perú y afecta principalmente a la industria donde oficialmente se reconoce que hasta el momento 150 mil trabajadores fueron arrojados a la calle. La recaudación fiscal también se ha reducido, lo mismo el ‘aporte’ de las compañías mineras en torno al -60%, lo que significa una reducción en la misma proporción del Canon que se destinaba a las regiones y municipios. La perspectiva, a pesar de los malabares del gobierno y su ministro de economía de presentar las cosas como si estuviéramos en el mejor de los mundos, es que todavía no hay luz al final del túnel y una eventual “recuperación” de la economía mundial será corta y seguida de otras caídas.
La realidad es que se acabó la fiesta y comenzó el ajuste. Para mantener, en medio de esta grave crisis, las suculentas ganancias de las multinacionales y los capitalistas hay una sola receta que ya comenzó a aplicar García: Por un lado, más ajuste a los trabajadores y al pueblo pobre (aumento de la desocupación, salarios congelados, abuso patronal, menos inversión social) y, por otro, mayores concesiones a las multinacionales (privatizaciones, entrega total de nuestros recursos naturales, etc.). Esto es lo que explica las leyes anti selva y explica también por qué García ordenó tirar a matar en Bagua. Desde el punto de vista de las multinacionales, de sus ganancias y de sus intereses de clase, frente a la crisis no hay más salida que ir por más, aún a costa de producir ríos de sangre. Por eso mismo, pasada la crisis del baguazo, el gobierno ha vuelto a la carga.
Más gasolina al fuego: El gobierno se derechiza más
La situación de la lucha de clases en nuestro país tiene dos elementos que sirven como telón de fondo: los efectos de la crisis económica mundial y las luchas en curso, además de los conflictos latentes, que amenazan con crear un desorden político e inestabilidad. Ambos factores son un peligro para la gobernabilidad del país en los marcos del modelo impuesto desde la dictadura de Fujimori y amenazan la continuidad del actual gobierno.
En los últimos tiempos hemos tenido grandes luchas, entre ellas, Moquegua y Bagua, también escandalosos casos de corrupción, por ejemplo, los petroaudios, y a nivel externo el impacto que viene de la crisis económica capitalista. Sin embargo, Alan García pareciera vivir en otro mundo, se siente seguro por las reservas internacionales acumuladas, a pesar de que los efectos de la profunda crisis mundial ya hicieron erosionar varios miles de millones de dólares de estas reservas desde que estalló hace casi un año.
Los indígenas y campesinos que ven enajenados sus tierras y derechos por voraces multinacionales hambrientas de recursos naturales, se han levantado y le salen al paso. Los pequeños y medianos empresarios llevados a la ruina por el TLC exigen protección. Sectores de clase media van comprendiendo que este modelo excluyente, que atiza más los conflictos, ya no va y demandan cambios. Los pueblos y trabajadores cada vez más identifican al gobierno como el verdadero responsable de los problemas actuales, y en algunos lugares se producen situaciones de desborde popular.
El cuestionamiento crece cada día detrás de cada problema. En La Oroya, por ejemplo, ante la patronal y el gobierno que prefieren dejar a los trabajadores en la calle o seguir destruyendo el medio ambiente, la única salida clara ante el gigantesco abuso de Doe Run (la transnacional minera más contaminante del mundo), la mejor opción es la renacionalización de la empresa.
La lucha de las comunidades andino-amazónicas, el genocidio de Bagua, los decretos inconstitucionales, los conflictos laborales y sociales, la persecución política, la criminalización de dirigentes y luchadores populares, la extrema pobreza, el desempleo, los salarios bajo y congelados, los problemas regionales y contra el centralismo son reflejo o consecuencia de la política económica del gobierno, neoliberal converso, llevado a cabo contra viento y marea, con discursos populistas y demagogia.
La política del gobierno después del baguazo: un poco de zanahoria y más garrote
Ante a los conflictos sociales que nublan el horizonte optimista del gobierno, García ha girado más a la derecha adoptando una postura autoritaria y excluyente donde el trillado discurso sobre “la defensa de la democracia” ya no es sólo una cuestión de defensa de su estabilidad política, ahora la asocia a la defensa y continuidad del modelo económico pro-imperialista que aplica. Por eso inventa argumentos, no reconoce ninguna responsabilidad del gobierno, prefiere hablar de “injerencia extranjera” y acusar a los “agitadores” por la conflictividad social que por momentos se desborda, y nos exorciza del modelo autoritario de Hugo Chávez con el único fin de confundir al pueblo y defender su “modelo” neoliberal como el único perfecto y acabado y propiciar en torno a él un gran frente ultrarreaccionario con la derecha, la Iglesia de Cipriani y la cúpula militar. Es decir, una santa cruzada con un sola bandera: la bandera de los piratas imperialistas de la minería, el petróleo y el gas; y con un sólo programa: libre mercado para seguir saqueando nuestros recursos y seguir sobreexplotando y hundiéndonos en la miseria. Por eso, ante luchas, movilizaciones, levantamiento de los pueblos Alan García pide a la policía utilizar sus armas, presenta proyectos de ley para evitar que sean juzgados, amenaza con mano dura y represión subrepticiamente al identificar conflicto social con violencia y terrorismo. Y con esa postura política desde el poder lo que ocasiona es un cuestionamiento no solo al plan económico sino al gobierno y al régimen en general.
Pero, además, la finalidad de este frente pro imperialista también es garantizar su permanencia en el poder con vistas a las elecciones del 2011. Para este frente reaccionario se trata de demoler la figura y las posibilidades electorales de sus posibles rivales como Ollanta Humala (o cualquier otra figura que tenga algún arrastre popular), no por temor a él, que en todos los idiomas ha dicho “que no va a nacionalizar absolutamente nada”, sino porque temen que detrás de Ollanta puede venir un torrente de masas con exigencias y aspiraciones que vayan más allá, amenazando el andamiaje democrático-burgués construído y continuado hasta hoy.
Esta política del gobierno y la derecha de ir defender con uñas y dientes el modelo pro-imperialista que ejecutan no es un caso aislado. Es el curso que vienen adoptando los núcleos más duros la burguesía en toda América Latina que actúan bajo la sombra de los EEUU. Refleja la creciente lucha de clases y la polarización social que recorre nuestras naciones. Algunas de sus manifestaciones son el golpe reaccionario de Honduras, y de otro, el nuevo acuerdo entre el gobierno lacayo de Colombia y EEUU para el uso de bases militares norteamericanas en Colombia que representa una amenaza directa contra los procesos revolucionarios que se dan en la región y amenazan los intereses de las burguesías latinoamericanas socias menores del imperialismo.
La arremetida actual es la de un gobierno debilitado. El gobierno retrocedió después de Bagua pero, al no ser derrotado en toda la línea, ha vuelto a plantear más de lo mismo o peor aun. Si bien es cierto que las luchas y conflictos contra gobierno disminuyó, no se han detenido. Siguen pendientes otros conflictos (240 según la Defensoría del Pueblo), el país sigue en vilo. La política del gobierno y de la patronal (cierre de Doe Run, despidos, no reconocimiento de derechos laborares, promesas incumplidas, incumplimiento de acuerdos, bajos salarios, etc.) actúan como acicate para el desencadenamiento de nuevos conflictos o estallidos sociales. Para continuar con su modelo entreguista y reaccionario, el gobierno anunció el 28 de julio su orientación que resumió en una frase con motivo de la juramentación de su nuevo gabinete: “orden e inclusión”. Ya, en medio del baguazo, hasta la rancia derecha había descubierto que había que “dialogar”, que detrás de cada movilización había reclamos que atender, que había que soltar plata para apagar el incendio, descubrió que hay un Perú oficial y otro no tanto, que hay que atender los conflictos y reclamos antes de que estallen, etc.
Una nueva creación del gobierno: la “descentralización popular”.
Ahora para el gobierno se trata de soltar algo de dinero para pequeñas obras, se sueltan algunas migajas pero para calmar los ánimos, para imponer “orden”, es decir, aplicar más represión ante la conflictividad social. Esto es, se vuelve a la vieja política de la “zanahoria y el garrote” (soltamos algo y te pegamos más) pero desde una postura más reaccionaria.
Parte de la zanahoria es la llamada “descentralización popular”, anunciado por García el 28 de julio. Esta implica la asignación de una pequeña parte del presupuesto público para ser gastado a través de “Núcleos Ejecutores” para la inversión social. “La mejor manera de dialogar es gastar entregando al pueblo los recursos. Esa es la mejor manera de poner coto a cualquier protesta o reclamo haciendo que el pueblo mismo gaste en su favor”, dijo García. Son frases para la historia… del ridículo. Pasando del dicho al hecho, a las pocas horas se reunía con los primeros cien “representantes populares” para aprobar sus proyectos. “No hay nada mejor que lo gaste y controle el mismo pueblo”, enfatizó, intentando aparecer más popular. La derecha, aunque con diferencias, celebró la medida.
El novísimo proyecto de “descentralización popular” no significa inyección de nuevos recursos para programas sociales. Es la transferencia de recursos de un lado para otro, nada más. Es dinero que se saca de un bolsillo (las regiones y municipios) para ponerlo en otro bolsillo (núcleos ejecutores y en manos de apristas). Con esta medida el gobierno busca mejorar su imagen realizando obras de menor envergadura encubriendo la incapacidad del Estado para gastar en grandes obras y buscando el impacto y apoyo popular.
Como ejemplo, de la demagogia gubernamental está Ica, Pisco Chincha y otros poblados menores que después de dos años del terremoto que los asoló continúa en escombros. Otro ejemplo: El “Programa de Estímulo Económico”, lanzado con bombos y platillos en diciembre del año pasado camina peor que tortuga; por un lado se hacen campañas espectaculares contra la gripe AH1N1 pero hay niños que mueren de frío en las zonas altoandinas; se habla de mejorar la calidad educativa pero no hay plata para los maestros escolares ni para cumplir con la homologación de los docentes universitarios.
No estamos, pues, ante un verdadero plan de obras públicas del gobierno y el Estado sino ante salidas al paso, pero pensadas sí, para meter más apristas en el gobierno, para engañar al pueblo con dádivas en la perspectiva de mantener la política económica y hacer digeribles sus políticas antipopulares y, por último y no menos importante, para enfrentar con ventaja las elecciones venideras. Eso es lo que significa para Alan “descentralización popular” y “núcleos ejecutores”, superar las trabas burocráticas, cubrir la corrupción de sus funcionarios estatales con el cuento del gasto directo en obras.
Por supuesto que no hay nada mejor “que gaste y controle el pueblo”. Esta es una propuesta esencial del programa que propugnamos para un Gobierno obrero, indígena y popular y que se basa en el ejercicio del poder basado en organismos democráticos de base, es decir una democracia de y para las mayorías nacionales. Pero lo de García es una farsa más. La plata no será repartida entre los organismos populares (las Juntas Vecinales, las Asociaciones Populares, comunidades campesinas etc.) sino será entregada directamente a “Núcleos Ejecutores” fabricados y montados por los operadores políticos de Palacio, y que tienen el apoyo en la sombre del tristemente célebre Agustín Matilla. Es decir, estamos ante un proyecto clientelista. La “descentralización popular” está sujeta a un plan electorero para cuya finalidad no importa “aceitar” la maquinaria aprista con más recurso público.
En el orden del día del gobierno está la política de desactivar la arremetida popular
Pero la zanahoria es el espectáculo, lo real es el crecimiento de la represión. García ha llamado abiertamente a los miembros policiales a “usar sus armas” sin temor ni discreción. La lucha indígena si bien logró que se deroguen cuestionados decretos, ha traído una represalia: persecución contra sus dirigentes, los indígenas detenidos en Bagua trasladados a Lima para ser procesados, AIDESEP es intervenido por organismos del gobierno y paralelizado. El ministro de Justicia (aprista) pretendiendo lavar las manos del gobierno manchadas en sangre, viajó a Ginebra para acusar a los indígenas de genocidio. Por su parte, Las fuerzas policiales son entrenadas para ensañarse contra las protestas sociales pero ineptas para enfrentar al narcotráfico y a Sendero Luminoso, señalados como grandes enemigos que, de tanto en tanto, los sorprenden inflingiéndoles fuertes golpes. En estos días el sólo anuncio de paralización de los obreros de La Oroya fue respondido con el envío de un aparatoso ejército policial. Y en Marcona la represión desproporcionada trajo la muerte de un modesto invasor de terrenos. A la sazón, los actos aislados de Sendero Luminoso en alejadas localidades son aprovechados por el gobierno para justificar el uso de mano dura, indiscriminada, como en el pasado.
Al gabinete Yehude Simon le sucedió el de Velásquez Quesquén, otro gabinete que todos calificaron de “choque” por el ingreso de personajes ultra reaccionarios como Rey Rey, Aurelio Pastor, el general Octavio Salazar. Velásques Quesquén, un personaje de tercera fila, ha confesado que es un simple “coordinador”. Es decir tenemos al frente un gabinete de ministros donde el mandamás es García, que juramento a sus nuevos ministros para defender el “orden democrático”. Es decir, el gobierno continuará como en los años anteriores, y tratará de ir por más. El problema que enfrenta es que los conflictos populares van a incrementarse y ante la eventualidad de una nueva oleada de luchas decidió por nombrar secretarios en vez de ministros y volver a intentar la imposición de mano dura.
El eje sigue siendo derrotar a García y a su plan imperialista
De todo lo anterior se concluye que la gran tarea de las masas trabajadoras y de los pueblos en conflicto, en la presente etapa, es retomar la lucha en la única perspectiva correcta y necesaria: llevar a término la derrota del gobierno pro patronal y pro imperialista de García. Esta es la condición para abrir el camino a la solución de las demandas, y para forjar una alternativa desde el campo de los trabajadores y el pueblo frente al plan del imperialismo y sus agentes.
El gran argumento del gobierno para defenderse de la gigantesca bronca popular es un sofisma: la democracia consiste en respetar al gobierno que fue elegido por cinco años. (¿Aunque este haga lo contrario a lo que ofreció?). En Bolivia (2005), Argentina (2001) y Ecuador (2000) las masas obreras y populares echaron a gobiernos “democráticos” que estafaron la voluntad popular y que cometieron delitos diez veces más pequeños que las monstruosidades que hace Alan García. Echaron y castigaron al culpable de los atropellos y lograron arrancar conquistas importantes. Fue un camino legítimo porque la “democracia” no consiste en darle carta blanca a un gobierno para que haga lo que le da la gana con la confianza que se depositó en él; la democracia reside en la soberanía del pueblo que tiene el derecho de echar a un gobierno hambreador, entreguista y represivo, más aún, asesino como el de García, y no tener que soportarlo hasta el término de su mandato.
Pero García ni la patronal van a entender nada de esto. No estamos ante un debate legal sino ante una lucha concreta donde la realidad muestra que precisamente apoyándose en las armas que le da la “democracia” formal (elección por cinco años, mayoría en el Congreso, etc.). García ataca con todo aplicando su plan económico que trae más despidos, hambre y enfermedades; ataca los derechos de las comunidades y ordena disparar a matar contra el pueblo, como la barbarie producida en Bagua.
Nada de esto tampoco lo va a entender Huamán y Ollanta. El primero, durante estos años ha hecho el ridículo reduciendo toda su política a exigirle al gobierno que “cambie de política”, y el gobierno no sólo no ha cambiado un pelo sino que continúa aplicando su política económica encendiendo más la bronca en la base obreras, populares y en las comunidades andino-amazónicas que han entendido mucho mejor que Mario Huamán y compañía, que lo único que queda es la movilización y la lucha directa contra el gobierno. El hecho de fondo es que Huamán y Ollanta no actúan como dirigentes de las luchas, como verdadera oposición, por el contrario se mueven con perspectiva electorera, encajonados en la “legalidad”, aceptan las “reglas de juego” de esta democracia de los ricos y su máxima preocupación es demostrar ‘buena conducta’. Por eso vemos, algunos no lo terminan de creer, cómo vergonzantemente Ollanta Humala se mete bajo la cama cuando viene la oleada de luchas, pero sí viaja hasta España para postrarse de rodillas ante Mario Vargas Llosa como si fuera el Papa, y vemos también cómo Huamán se dedica a frenar las luchas llamando a que esperemos hasta el 2011 (¡¡!!). Ante los furibundos ataques de la burguesía que quisiera que ellos sean más serviles, solo atinan a blanquearse y hacerse más potables, en lugar de colocar sus liderazgos y dirigencias al lado los explotados y del pueblo más humilde y abandonado.
¿Es el “indigenismo” una alternativa?
Frente a las inconsecuencias de Ollanta y Huamán, cuya credibilidad se ha erosionado mucho más en las bases y sectores que enfrentan al gobierno, tanto en Lima como en los pueblos del interior del país, vienen surgiendo y crecen cuestionamientos que apuntan hacia una alternativa “indigenista” en torno a la “Cumbre de los Pueblos” cuya principal figura es Miguel Palacín. También aparece como candidato el padre Arana que se sostiene en el apoyo que dio a las comunidades campesinas en su lucha contra las mineras en Cajamarca. Estas y otras opciones, aunque con discursos más “radicales” y con rostros más “indígenas” en realidad su alternativa no difieren mucho de la de Ollanta Humala, a lo mucho plantean una crítica a la cultura occidental y sus valores decadentes, sin embargo, no legan a plantear claramente una lucha contra el capitalismo, raíz de todos nuestros males. La alternativa que levantan es corta o insuficiente, no integran plenamente la problemática de conjunto del país, pero para hacer aceptables sus propuestas programáticas las aderezan con una reivindicación cultural y de retorno a lo originario.
Creemos firmemente que las reivindicaciones indígenas no serán resueltas reivindicando un “gobierno indígena” o simplemente los valores indígenas, sino luchando por un Gobierno Obrero, Campesino, Indígena y Popular que erradique de raíz la dominación imperialista y capitalista que está en la base de la explotación del hombre por el hombre y de la opresión/discriminación del indio y de las comunidades andino-amazónicas.
Más que nunca unidad y plan de lucha
Para avanzar en la tarea de derrotar al gobierno ultra reaccionario de García y su plan es preciso recomponer la unidad del campo obrero y popular en torno al “Frente por la Soberanía y la Vida” que en un momento conformaron la CGTP, AIDESEP, CCP y CNA, Frente que fue decisivo para generar una amplia movilización que contribuyó al triunfo de la huelga indígena. Recomponer este Frente por la Soberanía y la Vida significaría poner fin a la tregua otorgada en los hechos al gobierno promoviendo un Plan de Lucha que movilice al conjunto de las fuerzas obreras, populares y comunidades andinoamazónicas, que unifique sus demandas más sentidas: Reposición de despedidos, ni servis ni contratas, estabilidad laboral. Aumento General de Salarios. Defensa del empleo y el medio ambiente en La Oroya renacionalizando Doe Run. Libertad para todos los indígenas presos, corte de juicio y cese a la persecución de Alberto Pizango y otros dirigentes. Defensa de las comunidades andino-amazónicas. Lucha contra el TLC y los decretos emitidos para su implementación. Contra la ley de aguas. Contra la explotación minera a cielo abierto, entre otras
La unificación y coordinación son indispensables para superar el aislamiento y la dispersión de las luchas y los peligros que conlleva. En esta tarea todos los dirigentes de los mencionados organismos tienen su, responsabilidad. Pero sin duda alguna la principal responsabilidad recae en la dirigencia de Mario Huamán de la CGTP que representa a la mayoría decisiva de la clase trabajadora.
El desafío central: construir una nueva dirección obrera
Un movimiento popular, sin dirección política centralizada sólo nos conducirá a reveses y a la derrota, al mantenimiento del status quo. La lucha callejera y el griterío no pueden reemplazar al discurso político programático, serio y creíble.
Hemos ingresado a una situación donde se agudiza la polarización entre un debilitado gobierno por su alineamiento servil con el imperialismo, y que mantiene una tenaz ofensiva, y el movimiento de masas que más envalentonado y con más recursos de lucha a la mano muestra disposición de librar nuevos combates abriendo otros baguazos o moqueguazos que plantearán nuevamente la posibilidad de echar al gobierno de García.
El plan burgués, así como el de Ollanta y Huamán, es encaminar la crisis por la vía electoral del 2010 y 2011 alentando nuevas ilusiones en el pueblo (“a falta de pan, circo”). En este contexto, la posibilidad de avance de las masas trabajadoras dependerá de la unidad de las luchas, de un frente único de masas y, en ese marco, del surgimiento de una dirección que, trabajando con esta orientación, de pasos decisivos y consecuentes para superar la dispersión y el desarme que impone la dirección conciliadora de Mario Huamán y Ollanta Humala, garantizando el desarrollo de la pelea en la perspectiva de la derrota del gobierno.
La dirección de Mario Huamán ha demostrado hasta el hartazgo su naturaleza conciliadora y absolutamente desentendida de las luchas de las bases. Necesitamos una nueva dirección cuyo eje sea impulsar la más amplia unidad para la lucha, que promueva la solidaridad con las luchas, que respete la voluntad de las bases, que promueva, entre los trabajadores la democracia obrera, que trabaje por reorganizar y fortalecer a la CGTP y que en perspectiva pueda postularse para dirigirla colocando al frente a luchadores obreros y campesinos probados por su honestidad, combatividad y consecuencia.
Pero sobre todo, desde el campo de los trabajadores necesitamos forjar una alternativa política independiente frente al fracasado plan burgués y proimperialista de García. La alternativa no es Ollanta Humala que aun sin ser presidente ya se echa a los pies de los grandes empresarios, ni su extremo la vuelta al “indigenismo”, aunque el movimiento indígena y popular es y debe ser un aliado fundamental en la lucha de los trabajadores y el pueblo contra los planes del imperialismo y las multinacionales. Acá el problema central es la recuperación de nuestra soberanía nacional y nuestro futuro como nación; esto es: la ruptura con el dominio imperialista y capitalista. Y esto sólo lo pueden hacer los trabajadores aliados con el movimiento indígena y popular con una clara alternativa de poder.
Para lograr este objetivo necesitamos de un partido fundido con las luchas obreras y populares e integrado por sus más decididos elementos. Este es el partido que impulsamos desde el PST y la Liga Socialista, organizaciones revolucionarias que hemos decidido ir juntas a un Congreso de Unificación (24 y 25 de octubre), como un paso hacia la construcción de esta gran herramienta política y revolucionaria que necesitan los trabajadores.
Compañero luchador: Te llamamos a sumarte a este esfuerzo ingresando a nuestras filas o apoyándonos en esta tarea. Contribuyamos haciendo de este modesto paso de unificación un hito al servicio de la hora presente y el futuro de las mayorías nacionales.
Agosto 2009
Liga Socialista
Partido Socialista de los Trabajadores
Secciones de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
martes, 18 de agosto de 2009
Trotsky, el socialismo y la democracia
Francis Portocarrero Vivanco*
El 20 de agosto se cumplen 69 años del asesinato en México de León Trotsky, presidente del soviet de San Petersburgo en 1905 y 1917, posteriormente encabezó la lucha contra la burocratización del Estado nacido de la revolución y por la regeneración del partido bolchevique, luchó por la democracia interna en contraposición al totalitarismo burocrático de Stalin, a su modelo de partido único monolítico y al manejo burocrático y totalitario del Estado.
Los soviets –o consejos– obreros y campesinos (al igual que los consejos de soldados) fueron –tanto en Rusia, en 1905 y 1917, como (después de la Primera Guerra Mundial) en Alemania, Austria-Hungría o incluso Italia en 1920– una creación de la clase trabajadora, de su sector más decidido, culto y organizado, no de los partidos. Los consejos o soviets eran el organismo político de coordinación y discusión plural y democrática de todas las ideas que circulaban entre los trabajadores. Trotsky, presidió en 1905 y en 1917, estos organismos democráticos y revolucionarios. Los bolcheviques para ganar la mayoría tuvieron que luchar al interior de estos organismos de obreros campesinos y soldados enfrentando sus ideas y propuestas con las otras tendencias obreras, oportunistas y reformistas, antes mayoritarias. Una vez en el gobierno soviético, el partido bolchevique dirigido por Lenin y Trotsky, no fue el único ni mucho menos monolítico. En el partido bolchevique había, en efecto, libertad de tendencias y una intensa discusión entre las diversas corrientes en la que Lenin muchas veces quedó en minoría, y en el gobierno, además de los bolcheviques –en cuyo partido confluyeron muchísimos anarquistas– estaban los mencheviques internacionalistas y los socialistas revolucionarios de izquierda.
La concepción de Trotsky fue siempre la de Marx: “la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”, no de una minoría, una vanguardia autodesignada o iluminada. El partido es sólo un instrumento, en el mejor de los casos puede ser un maestro y un organizador, nunca el sustituto de quienes declara servir y ser instrumento. La base de la construcción del socialismo es la autogestión, como la expresada en los soviets (consejos) que cumplen el papel del Estado porque legislan, controlan, deciden sobre los recursos, todo sobre la base de las asambleas y de la libre discusión entre las diferentes tendencias, organizadas partidariamente o no.
Poco antes de morir Lenin, enfermo y postrado estaba preocupado por el giro que iba tomando el partido bolchevique en manos de Stalin, veía el peligro de que el partido se burocratizara y anulara la vida interna, hechos que podían llevarlo a su autodestrucción y propuso a Trotsky dar la batalla juntos contra esta desviación. Pero sólo planteó la lucha y no tuvo tiempo de iniciarla debido a su muerte, dejando a Trotsky prácticamente solo en esta pelea. Trotsky reivindica la concepción del partido de Lenin para combatir las calumnias de Stalin y sus que lo acusan de advenedizo, de antileninista y antibolchevique, e inventan un dogma que lo llaman “marxismo-leninismo” que nada tenía que ver con Marx o con Lenin y su método de análisis revolucionario de la sociedad.
Trotsky lucha contra Stalin en nombre del breve periodo de vida del partido que hizo la gran revolución de octubre, bajo la dirección de Lenin y por una concepción contrapuesta a Stalin y la burocracia, mucho más rica, profunda y amplia de la revolución y del socialismo. En cuanto a los soviets, sigue luchando por revivirlos y hacerlos, pugna hasta su muerte para que los soviets o consejos de trabajadores reemplacen a los organismos estatales de mediación, como los sindicatos burocratizados, para ayudar a construir así la independencia política y la conciencia de los trabajadores, y para afirmar su autoconfianza y desarrollar sus capacidades de decisión políticas y administrativas.
Frente a quienes creen que el socialismo caerá a los trabajadores como un nuevo manáo que vendrá de la mano de un líder iluminado, Trotsky aboga por el socialismo con democracia de los organismos obreros y de masas por la autogestión y plantea que para ello la clase obrera debe construir la subjetividad política revolucionaria tanto a nivel internacional como en el plano nacional. Podemos resumirla en la frase: la crisis de la humanidad es la crisis de dirección revolucionaria. Es el hilo rojo que marca toda su vida política. Debido a esta postura fue expulsado de la, perseguido no solo por los capitalistas de todo el mundo sino por la burocracia stalinista, porque era inasimilable e incorruptible. Por eso también le rendimos homenaje en un momento en que muchos pretenden construir el socialismo fundamentalmente desde arriba, con el aparato estatal, desde el aparato estatal, con los trabajadores actuando apenas como coro o como comparsa.
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*Es militante y miembro de dirección de la Liga Socialista
El 20 de agosto se cumplen 69 años del asesinato en México de León Trotsky, presidente del soviet de San Petersburgo en 1905 y 1917, posteriormente encabezó la lucha contra la burocratización del Estado nacido de la revolución y por la regeneración del partido bolchevique, luchó por la democracia interna en contraposición al totalitarismo burocrático de Stalin, a su modelo de partido único monolítico y al manejo burocrático y totalitario del Estado.
Los soviets –o consejos– obreros y campesinos (al igual que los consejos de soldados) fueron –tanto en Rusia, en 1905 y 1917, como (después de la Primera Guerra Mundial) en Alemania, Austria-Hungría o incluso Italia en 1920– una creación de la clase trabajadora, de su sector más decidido, culto y organizado, no de los partidos. Los consejos o soviets eran el organismo político de coordinación y discusión plural y democrática de todas las ideas que circulaban entre los trabajadores. Trotsky, presidió en 1905 y en 1917, estos organismos democráticos y revolucionarios. Los bolcheviques para ganar la mayoría tuvieron que luchar al interior de estos organismos de obreros campesinos y soldados enfrentando sus ideas y propuestas con las otras tendencias obreras, oportunistas y reformistas, antes mayoritarias. Una vez en el gobierno soviético, el partido bolchevique dirigido por Lenin y Trotsky, no fue el único ni mucho menos monolítico. En el partido bolchevique había, en efecto, libertad de tendencias y una intensa discusión entre las diversas corrientes en la que Lenin muchas veces quedó en minoría, y en el gobierno, además de los bolcheviques –en cuyo partido confluyeron muchísimos anarquistas– estaban los mencheviques internacionalistas y los socialistas revolucionarios de izquierda.
La concepción de Trotsky fue siempre la de Marx: “la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”, no de una minoría, una vanguardia autodesignada o iluminada. El partido es sólo un instrumento, en el mejor de los casos puede ser un maestro y un organizador, nunca el sustituto de quienes declara servir y ser instrumento. La base de la construcción del socialismo es la autogestión, como la expresada en los soviets (consejos) que cumplen el papel del Estado porque legislan, controlan, deciden sobre los recursos, todo sobre la base de las asambleas y de la libre discusión entre las diferentes tendencias, organizadas partidariamente o no.
Poco antes de morir Lenin, enfermo y postrado estaba preocupado por el giro que iba tomando el partido bolchevique en manos de Stalin, veía el peligro de que el partido se burocratizara y anulara la vida interna, hechos que podían llevarlo a su autodestrucción y propuso a Trotsky dar la batalla juntos contra esta desviación. Pero sólo planteó la lucha y no tuvo tiempo de iniciarla debido a su muerte, dejando a Trotsky prácticamente solo en esta pelea. Trotsky reivindica la concepción del partido de Lenin para combatir las calumnias de Stalin y sus que lo acusan de advenedizo, de antileninista y antibolchevique, e inventan un dogma que lo llaman “marxismo-leninismo” que nada tenía que ver con Marx o con Lenin y su método de análisis revolucionario de la sociedad.
Trotsky lucha contra Stalin en nombre del breve periodo de vida del partido que hizo la gran revolución de octubre, bajo la dirección de Lenin y por una concepción contrapuesta a Stalin y la burocracia, mucho más rica, profunda y amplia de la revolución y del socialismo. En cuanto a los soviets, sigue luchando por revivirlos y hacerlos, pugna hasta su muerte para que los soviets o consejos de trabajadores reemplacen a los organismos estatales de mediación, como los sindicatos burocratizados, para ayudar a construir así la independencia política y la conciencia de los trabajadores, y para afirmar su autoconfianza y desarrollar sus capacidades de decisión políticas y administrativas.
Frente a quienes creen que el socialismo caerá a los trabajadores como un nuevo manáo que vendrá de la mano de un líder iluminado, Trotsky aboga por el socialismo con democracia de los organismos obreros y de masas por la autogestión y plantea que para ello la clase obrera debe construir la subjetividad política revolucionaria tanto a nivel internacional como en el plano nacional. Podemos resumirla en la frase: la crisis de la humanidad es la crisis de dirección revolucionaria. Es el hilo rojo que marca toda su vida política. Debido a esta postura fue expulsado de la, perseguido no solo por los capitalistas de todo el mundo sino por la burocracia stalinista, porque era inasimilable e incorruptible. Por eso también le rendimos homenaje en un momento en que muchos pretenden construir el socialismo fundamentalmente desde arriba, con el aparato estatal, desde el aparato estatal, con los trabajadores actuando apenas como coro o como comparsa.
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*Es militante y miembro de dirección de la Liga Socialista
lunes, 17 de agosto de 2009
El problema de la mortalidad materna
ÉRIKA LUCIANA ANDREASSY
El 9 de julio pasado, Amnistía Internacional presentó el informe titulado "Deficiencias fatales: Las barreras a la salud materna en Perú". El objetivo del documente es examinar los altos índices de mortalidad materna entre las mujeres pobres e indígenas del medio rural peruano, y evaluar el impacto de las políticas públicas adoptadas por el gobierno, en el último periodo, para enfrentar el problema. Los datos son devastadores.
La mortalidad materna es la mayor causa de muerte entre mujeres en edad fértil en los países coloniales y semicoloniales. La mayoría de esas muertes es plenamente evitable y está directamente relacionada con las condiciones de vida y el acceso a la información y los recursos. De hecho, la pobreza es un factor determinante para la supervivencia de una mujer en el embarazo.
Los índices de mortalidad materna en Perú son unos de los más elevados de todo el continente americano. Si bien es verdad que los datos oficiales del gobierno discrepan con los presentados por las Naciones Unidas, aún así, son muy elevados y demuestran la precariedad de la atención ofrecida a las madres y futuras madres en lo que concierne a la atención de la salud. Por cada 100.000 nacidos vivos en el país, mueren 185 mujeres (según la ONU, ese número puede llegar a 240). La mayoría son campesinas, pobres e indígenas.
Perú es un país de pobres. Según las estadísticas, casi 40% de la población no poseen recursos suficientes para pagar los costos de la ayuda alimenticia esencial de consumos (compuesta por alimentos y no alimentos). El 51,7% de los trabajadores están subempleados y la mayoría absoluta de ellos pertenece a los sectores informales de la economía. Sólo 13,6% de los trabajadores ocupados están afiliados al sistema privado de pensiones. Cabe resaltar que, desde 1993 esa modalidad de seguridad social es obligatoria para quien tiene contrato de trabajo.
Las mujeres están entre las principales víctimas de la desigualdad social. Sólo 2/3 de las trabajadoras peruanas son asalariadas, la mayor parte de ellas está concentrada en pequeñas empresas que contratan menos de 10 empleados; en promedio reciben menos de 70% del valor de los ingresos de los hombres, y 28,3% son trabajadoras familiares auxiliares no remuneradas, lo que muchas veces significa no tener ningún tipo de independencia económica. Sólo 9,4% de las trabajadoras ocupadas están afiliadas al sistema privado de pensiones.
Las cifras nacionales revelan además otro contraste: mientras en las áreas urbanas la tasa de pobreza es de 23,5%, en el medio rural es de 59,8%. Peores son los datos de las zonas rurales serranas, donde 68,8% de la población viven en estado de pobreza. Las mujeres campesinas sufren de manera especial: de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la amplia mayoría de las productoras rurales posee lotes muy pequeños, mientras que solamente 4,7% cuentan con título de propiedad. Además, mientras, la PEA (Población Económicamente Activa) femenina representa 40% de la PEA total en el país, en el medio rural esa tasa cae para 35%. Con relación al nivel de ingresos, las trabajadoras rurales reciben aproximadamente 35% del sueldo medio de las trabajadoras urbanas, y la amplia mayoría (56%) componen el segmento de trabajadoras familiares no remuneradas. Es esa pobreza, sumada a la desigualdad en el acceso a los servicios básicos de salud, los máximos responsables por la muerte de miles de mujeres por causas de la maternidad en el país.
La relación pobreza-mortalidad materna es demostrada por el Informe Técnico Nº 138 de la Defensoría del Pueblo de Perú, que revela una flagrante coincidencia entre el número de muertes maternas y las regiones que concentran las capas más pobres de la población. También pueden ser comprobadas por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú), cuyos datos reportan, entre otras cosas, que, mientras 99,2% de las mujeres pertenecientes a las capas más ricas, que habían dado la luz entre 2002 y 2007, habían sido atendidas por un profesional de salud durante su último parto, sólo 35,9% de las mujeres de los segmentos más pobres recibieron ese mismo tipo de atención.
Los principales problemas enfrentados por estas mujeres están relacionados, por un lado, con la falta de acceso, sobre todo de urgencia, a la atención obstétrica. Para tener una idea, 60% de las comunidades indígenas de la Amazonia peruana no tiene acceso a un centro de salud. Y, por otro, por la falta de información sobre salud materna, además de la falta de personal de salud que sepa hablar la lengua indígena.
Según estadísticas del gobierno peruano, de todas las muertes relacionadas con el embarazo, 27% ocurren antes del parto, 26% durante el parto y 46% en las 6 semanas siguientes al parto. Las principales causas son hemorragia, pre-eclampsia, infecciones y complicaciones relacionadas con abortos o partos obstruidos. Sin embargo, la propia Amnistía Internacional abre un paréntesis para el hecho de que estos datos pueden no expresar de forma correcta la realidad, ya que estudios recientes sobre la prevalencia de abortos clandestinos y su impacto en la salud de las mujeres apuntan que el aborto es la tercera causa de muerte materna en el país. Se estima que sólo una de cada siete mujeres que se someten a un aborto llega a hospitalizarse, exactamente así se calcula una omisión de cerca de 10% de esos casos, sea por falta de información o por información indebida por parte de las instituciones de salud.
Pero si la mortalidad materna, por sí misma, ya una tragedia de proporciones inestimables y una grave violación a los derechos de las mujeres, ella trae consigo uno componente adicional. De acuerdo con el mismo informe, la muerte de una mujer durante el parto, sumada a la falta de políticas públicas adecuadas, sumerge a su familia todavía más a la pobreza. La pérdida del principal sustento de la familia, en la mayoría de los casos, hace recaer la carga penosa de asumir esa responsabilidad a los hijos e hijas mayores que, prematuramente, se ven obligados a salir a trabajar o tomar las tareas domesticas y de cuidados de los hermanos menores, limitando, o directamente impidiendo, su acceso a la educación y formación, comprometiendo sus oportunidades en el futuro. El impacto de la mortalidad materna en la familia y en la comunidad puede ser extremadamente profundo.
Las iniciativas gubernamentales para reducir los índices de mortalidad materna en Perú se han mostrado limitadas e ineficaces. El país no cuenta con un sistema único de salud, la población pobre y extremadamente pobre tiene derecho al SIS (Sistema Integrado de Salud) que ofrece una cobertura precaria y, a pesar de que, en tesis, el SIS garantiza atención gratuita a la salud materno-infantil y ayuda en el pago de gastos médicos para las gestantes, y que, en los últimos años, hubo un aumento del número de personas cubierta por el SIS, en realidad, esas medidas significan muy poco ante las necesidades de la población. Además, en la práctica, no siempre la asistencia que debería ser prestada se realiza. De todos modos, según el INEI, 58% de la población no está afiliada a ningún seguro de salud, sea él público o privado.
La ineficiencia del gobierno se traduce no sólo en la ausencia de servicios de salud, también en la propia precariedad de la infraestructura en el interior del país. Incluso cuando las familias pueden, de alguna manera, costear los gastos de la atención materno-infantil, se ven afectadas por la falta de transporte, carreteras u otros medios que puedan garantizar su llegada a los centros urbanos mayores.
Ni siquiera las propagadas "casas de espera maternas" alivian mucho el problema. Según el informe, aunque bienvenidas por las mujeres, esas casas están muy por debajo de las necesidades de la gestante. Primero, porque ofrecen abrigo, pero no ofrecen comida. Eso, por sí mismo, ya es una limitación. Además, de manera general, tampoco propician cocina o medios para cocinarse, lo que significa, en la práctica, que alguien del ámbito familiar tendrá que encargarse de llevarle comida. Segundo porque, al no ser combinadas con políticas públicas más generales, acaba impidiendo a las gestantes el optar por acudir a las casas ya que el hacerlo impactaría directamente en la rutina y división de trabajo en el seno familiar: si la mujer no está en casa para cocinar y cuidar de los niños mientras el hombre sale para trabajar, ¿quien lo hará?
Otros problemas que limitan la atención médica a las gestantes y madres son la demora en la atención, la falta de recursos humanos y materiales en los servicios públicos de salud, la inescrupulosidad de muchos proveedores que, a pesar de estar prohibido, cobran por la prestación de los servicios a los asegurados del SIS, y la imposibilidad de costear, además del servicio médico, otros gastos que, inequívocamente, surgen en el desplazamiento para otras localidades.
La lengua también es una importante barrera en la atención materno-infantil, en el interior del país. En muchas comunidades, no se habla el español y la falta de una fuerte política educacional que englobe, entre otras cosas, el incentivo para la formación profesional en salud para la juventud local, así como al aprendizaje de la lengua nativa para los profesionales que son desplazados de los centros urbanos para el interior, imposibilita la prestación de una atención digna y de calidad a las usuarias de los servicios de salud, ya que se vuelve imposible que las mujeres se hagan entender por los profesionales que la atienden, cuando sienten dolor o presentan alguna alteración, y entiendan las orientaciones prestadas por estos mismos profesionales.
Conclusiones
Los altos índices de mortalidad materna en Perú no son una casualidad: forman parte de una práctica discriminatoria y de violación de derechos que engloba varios aspectos, como lo racial, lo étnico-cultural y el de género. Pero también y, sobre todo, el aspecto económico.
Perú es un país marcado por fuertes contradicciones internas, y varios indicios señalan que jamás consiguió establecerse como una nación de hecho: el racismo velado y la actitud de desprecio de la costa peruana con relación a la población de origen indígena y rural apunta en esa dirección.
Sin embargo, la opresión de la mujer impregna o está presente en la mayoría de las estadísticas relacionadas con la violencia de manera general. Y no podría ser diferente con relación a la violación al derecho más básico de una mujer: el derecho de ser madre. Eso está reflejado tanto en los miles de casos de esterilización no consentida o forzada, cometidos durante la dictadura de Fujimori, como en la negación al acceso a los bienes de salud y educación que, sin dudas, podrían evitar la muerte de miles de mujeres por causas relacionadas a la maternidad.
Pero es, sin dudas, el aspecto económico el mayor responsable por los altos índices de mortalidad materna en el país. Las políticas públicas aplicadas, a lo largo de los años, por los gobiernos de turno, cada día lanzan a la pobreza más y más trabajadores y trabajadoras. Es la superexplotación capitalista, elevada a niveles sobrehumanos y garantizada por las reformas neoliberales que fueron, y siguen siendo, aplicadas, la que mata a los hombres, mujeres y niños de las capas más bajas de la población.
Sin embargo, pese a las particularidades, la mayoría de los graves problemas que enfrentan las mujeres en Perú son los mismo que enfrentan las mujeres en los países semicoloniales de todo el mundo. La situación de la mujer peruana es también la situación de la mujer boliviana, paraguaya, brasileña o venezolana porque es fruto de la misma política imperialista de explotación de nuestros países, con la connivencia de las burguesías locales. Y cuanto mayor es el grado de colonización, peor es la situación de la clase trabajadora y, consecuentemente, de las mujeres, como es el caso de Haití, África y Oriente Medio.
Cualesquiera sean los compromisos que asuma el gobierno a nivel internacional para reducir las tablas de mortalidad materno-infantil, requerirán más inversión en salud, educación y obras de infraestructura, además de resolver el problema agrario, indígena y la garantía de libertades democráticas. Esto último es una cuestión remanente de la constitución fujimorista que los gobiernos que lo sucedieron, convenientemente, mantuvieron irresoluta. La realidad peruana, y de otros países en la misma condición, demuestra que eso es imposible mientras se sigua aplicando el modelo de dependencia económica al capital externo.
Debemos exigir inmediatamente la ruptura con este modelo, la ruptura de los tratados de libre comercio (TLCs), que sólo empeoran la situación de la clase trabajadora y traen más miseria a las amplias capas de la población, y la suspensión inmediata del pago de las deudas externa e interna.
Ese dinero debe servir para aumentar inmediatamente el presupuesto público y la inversión en obras de infraestructura en el interior del país, como la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, puestos de salud, casas de espera para la gestante, programas de electrificación rural, etc. Obras de esa naturaleza tienen la función adicional de generar empleos y activar la economía de esas regiones, posibilitando su desarrollo y, consecuentemente, mejorando la calidad de vida de la población.
Además, el gobierno debe garantizar el aumento en la inversión en salud que asegure no sólo la contratación de más personal, con sueldos dignos, tanto en la capital como en el interior del país, sino también el mantenimiento de los servicios de atención médica, con equipamientos y medicamentos de calidad, y programas de salud pública que tengan en consideración las necesidades de la población a ser atendida.
Por otro lado, la garantía a una maternidad plena, segura y deseada pasa por el derecho a la planificación maternal y familiar, a través del acceso a programas y métodos anticonceptivos convenientes y gratuitos. Además del derecho a la mujer a disponer de su propio cuerpo y optar por la interrupción de un embarazo indeseado, con toda la atención médica que este procedimiento requiere, de forma gratuita y sin poner en peligro su integridad física y su salud. Es por ello que, además de exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones, debemos entablar una amplia campaña por la legalización del aborto.
Las casas de espera materna deben proveer, además de abrigo, las condiciones para la permanencia de la gestante, alimentación, por ejemplo. Además de un subsidio que garantice la estabilidad financiera de la familia, mientras la madre permanezca en la casa de espera materna, sea ella proveedora directa o no de la familia.
Como forma de romper la barrera idiomática, el gobierno debe proveer más subsidios para la educación y programas especiales de incentivo a la formación profesional en salud para los jóvenes de las comunidades indígenas; además de instituir inmediatamente, garantizando fondos para su ejecución, programas de aprendizaje de las lenguas nativas a los profesionales que hayan sido desplazados de los centros urbanos para las comunidades donde el español es menos difundido.
Por otro lado, el hecho de que, actualmente, más de 80% de las trabajadoras peruanas estén en la informalidad impone otra necesidad: exigir al gobierno el pago de un subsidio por maternidad para todas las madres, hasta el sexto mes de vida de su hijo, independientemente de si están o no trabajando.
Finalmente, aunque no menos importante, un factor agravante en la calidad y la falta de equidad de la prestación de los servicios de salud es la ineficiencia en la asignación de los recursos, con varios ministerios proveyendo financiamiento de forma independiente, generando así duplicación de inversiones, conflictos y desórdenes normativos, y subsidios cruzados. Por ello, está en el orden del día la lucha por un sistema único de salud, público, gratuito y de calidad.
El 9 de julio pasado, Amnistía Internacional presentó el informe titulado "Deficiencias fatales: Las barreras a la salud materna en Perú". El objetivo del documente es examinar los altos índices de mortalidad materna entre las mujeres pobres e indígenas del medio rural peruano, y evaluar el impacto de las políticas públicas adoptadas por el gobierno, en el último periodo, para enfrentar el problema. Los datos son devastadores.
La mortalidad materna es la mayor causa de muerte entre mujeres en edad fértil en los países coloniales y semicoloniales. La mayoría de esas muertes es plenamente evitable y está directamente relacionada con las condiciones de vida y el acceso a la información y los recursos. De hecho, la pobreza es un factor determinante para la supervivencia de una mujer en el embarazo.
Los índices de mortalidad materna en Perú son unos de los más elevados de todo el continente americano. Si bien es verdad que los datos oficiales del gobierno discrepan con los presentados por las Naciones Unidas, aún así, son muy elevados y demuestran la precariedad de la atención ofrecida a las madres y futuras madres en lo que concierne a la atención de la salud. Por cada 100.000 nacidos vivos en el país, mueren 185 mujeres (según la ONU, ese número puede llegar a 240). La mayoría son campesinas, pobres e indígenas.
Perú es un país de pobres. Según las estadísticas, casi 40% de la población no poseen recursos suficientes para pagar los costos de la ayuda alimenticia esencial de consumos (compuesta por alimentos y no alimentos). El 51,7% de los trabajadores están subempleados y la mayoría absoluta de ellos pertenece a los sectores informales de la economía. Sólo 13,6% de los trabajadores ocupados están afiliados al sistema privado de pensiones. Cabe resaltar que, desde 1993 esa modalidad de seguridad social es obligatoria para quien tiene contrato de trabajo.
Las mujeres están entre las principales víctimas de la desigualdad social. Sólo 2/3 de las trabajadoras peruanas son asalariadas, la mayor parte de ellas está concentrada en pequeñas empresas que contratan menos de 10 empleados; en promedio reciben menos de 70% del valor de los ingresos de los hombres, y 28,3% son trabajadoras familiares auxiliares no remuneradas, lo que muchas veces significa no tener ningún tipo de independencia económica. Sólo 9,4% de las trabajadoras ocupadas están afiliadas al sistema privado de pensiones.
Las cifras nacionales revelan además otro contraste: mientras en las áreas urbanas la tasa de pobreza es de 23,5%, en el medio rural es de 59,8%. Peores son los datos de las zonas rurales serranas, donde 68,8% de la población viven en estado de pobreza. Las mujeres campesinas sufren de manera especial: de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la amplia mayoría de las productoras rurales posee lotes muy pequeños, mientras que solamente 4,7% cuentan con título de propiedad. Además, mientras, la PEA (Población Económicamente Activa) femenina representa 40% de la PEA total en el país, en el medio rural esa tasa cae para 35%. Con relación al nivel de ingresos, las trabajadoras rurales reciben aproximadamente 35% del sueldo medio de las trabajadoras urbanas, y la amplia mayoría (56%) componen el segmento de trabajadoras familiares no remuneradas. Es esa pobreza, sumada a la desigualdad en el acceso a los servicios básicos de salud, los máximos responsables por la muerte de miles de mujeres por causas de la maternidad en el país.
La relación pobreza-mortalidad materna es demostrada por el Informe Técnico Nº 138 de la Defensoría del Pueblo de Perú, que revela una flagrante coincidencia entre el número de muertes maternas y las regiones que concentran las capas más pobres de la población. También pueden ser comprobadas por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú), cuyos datos reportan, entre otras cosas, que, mientras 99,2% de las mujeres pertenecientes a las capas más ricas, que habían dado la luz entre 2002 y 2007, habían sido atendidas por un profesional de salud durante su último parto, sólo 35,9% de las mujeres de los segmentos más pobres recibieron ese mismo tipo de atención.
Los principales problemas enfrentados por estas mujeres están relacionados, por un lado, con la falta de acceso, sobre todo de urgencia, a la atención obstétrica. Para tener una idea, 60% de las comunidades indígenas de la Amazonia peruana no tiene acceso a un centro de salud. Y, por otro, por la falta de información sobre salud materna, además de la falta de personal de salud que sepa hablar la lengua indígena.
Según estadísticas del gobierno peruano, de todas las muertes relacionadas con el embarazo, 27% ocurren antes del parto, 26% durante el parto y 46% en las 6 semanas siguientes al parto. Las principales causas son hemorragia, pre-eclampsia, infecciones y complicaciones relacionadas con abortos o partos obstruidos. Sin embargo, la propia Amnistía Internacional abre un paréntesis para el hecho de que estos datos pueden no expresar de forma correcta la realidad, ya que estudios recientes sobre la prevalencia de abortos clandestinos y su impacto en la salud de las mujeres apuntan que el aborto es la tercera causa de muerte materna en el país. Se estima que sólo una de cada siete mujeres que se someten a un aborto llega a hospitalizarse, exactamente así se calcula una omisión de cerca de 10% de esos casos, sea por falta de información o por información indebida por parte de las instituciones de salud.
Pero si la mortalidad materna, por sí misma, ya una tragedia de proporciones inestimables y una grave violación a los derechos de las mujeres, ella trae consigo uno componente adicional. De acuerdo con el mismo informe, la muerte de una mujer durante el parto, sumada a la falta de políticas públicas adecuadas, sumerge a su familia todavía más a la pobreza. La pérdida del principal sustento de la familia, en la mayoría de los casos, hace recaer la carga penosa de asumir esa responsabilidad a los hijos e hijas mayores que, prematuramente, se ven obligados a salir a trabajar o tomar las tareas domesticas y de cuidados de los hermanos menores, limitando, o directamente impidiendo, su acceso a la educación y formación, comprometiendo sus oportunidades en el futuro. El impacto de la mortalidad materna en la familia y en la comunidad puede ser extremadamente profundo.
Las iniciativas gubernamentales para reducir los índices de mortalidad materna en Perú se han mostrado limitadas e ineficaces. El país no cuenta con un sistema único de salud, la población pobre y extremadamente pobre tiene derecho al SIS (Sistema Integrado de Salud) que ofrece una cobertura precaria y, a pesar de que, en tesis, el SIS garantiza atención gratuita a la salud materno-infantil y ayuda en el pago de gastos médicos para las gestantes, y que, en los últimos años, hubo un aumento del número de personas cubierta por el SIS, en realidad, esas medidas significan muy poco ante las necesidades de la población. Además, en la práctica, no siempre la asistencia que debería ser prestada se realiza. De todos modos, según el INEI, 58% de la población no está afiliada a ningún seguro de salud, sea él público o privado.
La ineficiencia del gobierno se traduce no sólo en la ausencia de servicios de salud, también en la propia precariedad de la infraestructura en el interior del país. Incluso cuando las familias pueden, de alguna manera, costear los gastos de la atención materno-infantil, se ven afectadas por la falta de transporte, carreteras u otros medios que puedan garantizar su llegada a los centros urbanos mayores.
Ni siquiera las propagadas "casas de espera maternas" alivian mucho el problema. Según el informe, aunque bienvenidas por las mujeres, esas casas están muy por debajo de las necesidades de la gestante. Primero, porque ofrecen abrigo, pero no ofrecen comida. Eso, por sí mismo, ya es una limitación. Además, de manera general, tampoco propician cocina o medios para cocinarse, lo que significa, en la práctica, que alguien del ámbito familiar tendrá que encargarse de llevarle comida. Segundo porque, al no ser combinadas con políticas públicas más generales, acaba impidiendo a las gestantes el optar por acudir a las casas ya que el hacerlo impactaría directamente en la rutina y división de trabajo en el seno familiar: si la mujer no está en casa para cocinar y cuidar de los niños mientras el hombre sale para trabajar, ¿quien lo hará?
Otros problemas que limitan la atención médica a las gestantes y madres son la demora en la atención, la falta de recursos humanos y materiales en los servicios públicos de salud, la inescrupulosidad de muchos proveedores que, a pesar de estar prohibido, cobran por la prestación de los servicios a los asegurados del SIS, y la imposibilidad de costear, además del servicio médico, otros gastos que, inequívocamente, surgen en el desplazamiento para otras localidades.
La lengua también es una importante barrera en la atención materno-infantil, en el interior del país. En muchas comunidades, no se habla el español y la falta de una fuerte política educacional que englobe, entre otras cosas, el incentivo para la formación profesional en salud para la juventud local, así como al aprendizaje de la lengua nativa para los profesionales que son desplazados de los centros urbanos para el interior, imposibilita la prestación de una atención digna y de calidad a las usuarias de los servicios de salud, ya que se vuelve imposible que las mujeres se hagan entender por los profesionales que la atienden, cuando sienten dolor o presentan alguna alteración, y entiendan las orientaciones prestadas por estos mismos profesionales.
Conclusiones
Los altos índices de mortalidad materna en Perú no son una casualidad: forman parte de una práctica discriminatoria y de violación de derechos que engloba varios aspectos, como lo racial, lo étnico-cultural y el de género. Pero también y, sobre todo, el aspecto económico.
Perú es un país marcado por fuertes contradicciones internas, y varios indicios señalan que jamás consiguió establecerse como una nación de hecho: el racismo velado y la actitud de desprecio de la costa peruana con relación a la población de origen indígena y rural apunta en esa dirección.
Sin embargo, la opresión de la mujer impregna o está presente en la mayoría de las estadísticas relacionadas con la violencia de manera general. Y no podría ser diferente con relación a la violación al derecho más básico de una mujer: el derecho de ser madre. Eso está reflejado tanto en los miles de casos de esterilización no consentida o forzada, cometidos durante la dictadura de Fujimori, como en la negación al acceso a los bienes de salud y educación que, sin dudas, podrían evitar la muerte de miles de mujeres por causas relacionadas a la maternidad.
Pero es, sin dudas, el aspecto económico el mayor responsable por los altos índices de mortalidad materna en el país. Las políticas públicas aplicadas, a lo largo de los años, por los gobiernos de turno, cada día lanzan a la pobreza más y más trabajadores y trabajadoras. Es la superexplotación capitalista, elevada a niveles sobrehumanos y garantizada por las reformas neoliberales que fueron, y siguen siendo, aplicadas, la que mata a los hombres, mujeres y niños de las capas más bajas de la población.
Sin embargo, pese a las particularidades, la mayoría de los graves problemas que enfrentan las mujeres en Perú son los mismo que enfrentan las mujeres en los países semicoloniales de todo el mundo. La situación de la mujer peruana es también la situación de la mujer boliviana, paraguaya, brasileña o venezolana porque es fruto de la misma política imperialista de explotación de nuestros países, con la connivencia de las burguesías locales. Y cuanto mayor es el grado de colonización, peor es la situación de la clase trabajadora y, consecuentemente, de las mujeres, como es el caso de Haití, África y Oriente Medio.
Cualesquiera sean los compromisos que asuma el gobierno a nivel internacional para reducir las tablas de mortalidad materno-infantil, requerirán más inversión en salud, educación y obras de infraestructura, además de resolver el problema agrario, indígena y la garantía de libertades democráticas. Esto último es una cuestión remanente de la constitución fujimorista que los gobiernos que lo sucedieron, convenientemente, mantuvieron irresoluta. La realidad peruana, y de otros países en la misma condición, demuestra que eso es imposible mientras se sigua aplicando el modelo de dependencia económica al capital externo.
Debemos exigir inmediatamente la ruptura con este modelo, la ruptura de los tratados de libre comercio (TLCs), que sólo empeoran la situación de la clase trabajadora y traen más miseria a las amplias capas de la población, y la suspensión inmediata del pago de las deudas externa e interna.
Ese dinero debe servir para aumentar inmediatamente el presupuesto público y la inversión en obras de infraestructura en el interior del país, como la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, puestos de salud, casas de espera para la gestante, programas de electrificación rural, etc. Obras de esa naturaleza tienen la función adicional de generar empleos y activar la economía de esas regiones, posibilitando su desarrollo y, consecuentemente, mejorando la calidad de vida de la población.
Además, el gobierno debe garantizar el aumento en la inversión en salud que asegure no sólo la contratación de más personal, con sueldos dignos, tanto en la capital como en el interior del país, sino también el mantenimiento de los servicios de atención médica, con equipamientos y medicamentos de calidad, y programas de salud pública que tengan en consideración las necesidades de la población a ser atendida.
Por otro lado, la garantía a una maternidad plena, segura y deseada pasa por el derecho a la planificación maternal y familiar, a través del acceso a programas y métodos anticonceptivos convenientes y gratuitos. Además del derecho a la mujer a disponer de su propio cuerpo y optar por la interrupción de un embarazo indeseado, con toda la atención médica que este procedimiento requiere, de forma gratuita y sin poner en peligro su integridad física y su salud. Es por ello que, además de exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones, debemos entablar una amplia campaña por la legalización del aborto.
Las casas de espera materna deben proveer, además de abrigo, las condiciones para la permanencia de la gestante, alimentación, por ejemplo. Además de un subsidio que garantice la estabilidad financiera de la familia, mientras la madre permanezca en la casa de espera materna, sea ella proveedora directa o no de la familia.
Como forma de romper la barrera idiomática, el gobierno debe proveer más subsidios para la educación y programas especiales de incentivo a la formación profesional en salud para los jóvenes de las comunidades indígenas; además de instituir inmediatamente, garantizando fondos para su ejecución, programas de aprendizaje de las lenguas nativas a los profesionales que hayan sido desplazados de los centros urbanos para las comunidades donde el español es menos difundido.
Por otro lado, el hecho de que, actualmente, más de 80% de las trabajadoras peruanas estén en la informalidad impone otra necesidad: exigir al gobierno el pago de un subsidio por maternidad para todas las madres, hasta el sexto mes de vida de su hijo, independientemente de si están o no trabajando.
Finalmente, aunque no menos importante, un factor agravante en la calidad y la falta de equidad de la prestación de los servicios de salud es la ineficiencia en la asignación de los recursos, con varios ministerios proveyendo financiamiento de forma independiente, generando así duplicación de inversiones, conflictos y desórdenes normativos, y subsidios cruzados. Por ello, está en el orden del día la lucha por un sistema único de salud, público, gratuito y de calidad.
domingo, 16 de agosto de 2009
Honduras La resistencia en una encrucijada
Publicación de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional
LIT-CI - Nueva época. Núm. 151 Agosto de 2009
La resistencia en una encrucijada
En el momento de escribir este Correo Internacional, casi siete semanas después del golpe de Estado en Honduras que derrocó el gobierno de Manuel “Mel” Zelaya y lo expulsó del país, se estaba desarrollando la “marcha sobre Tegucigalpa” llamada por el Frente de la Resistencia y otros sectores antigolpistas.
La marcha es una nueva demostración de que la resistencia al golpe se mantiene firme, a pesar de la feroz represión que lleva adelante el gobierno de Roberto Micheletti (que ya produjo varios muertos y cientos de detenidos) y de la trampa de las negociaciones con los golpistas, propuesta por el imperialismo yanqui, a través del presidente costarricense Oscar Arias, y apoyada por Zelaya. Al mismo tiempo, si bien los golpistas no terminan de consolidar su situación, se mantienen en el gobierno, a pesar de la resistencia interna que enfrentan y de su aislamiento internacional.
En este marco, la LIT-CI, a la vez que reafirma su apoyo y su solidaridad incondicional con la resistencia de los trabajadores y las masas hondureñas, considera que es un momento oportuno para extraer algunas conclusiones de este proceso de lucha, que permitan ayudar a su desarrollo y a su triunfo.
El centro es la lucha contra los golpistas
El centro de la movilización de las masas hondureñas es la lucha por derrotar a los golpistas. Es decir, la lucha por derrocar al gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti.
Una consolidación de los golpistas en el poder, incluso por medio de una “legalización” a través de las elecciones, significaría un triunfo de la reaccionaria burguesía hondureña y de las FF.AA., que quedarían en mejores condiciones de atacar aún más a los trabajadores y a las masas.
A través del Plan Arias, el imperialismo intenta una vuelta de Zelaya maniatado por un pacto que preserve a los golpistas y evite que sean castigados por su acción.
Por el contrario, una derrota de los golpistas significaría un gran triunfo de las masas hondureñas, y abriría la posibilidad de un proceso revolucionario en la que puedan luchar también por cambiar las profundas raíces socioeconómicas que hoy las condenan a la pobreza y a la miseria. Nos referimos a la colonización imperialista, a la propiedad latifundista de la tierra, a las maquilas, etc. En otras palabras, para avanzar en la perspectiva de la lucha por el socialismo, hoy es necesario luchar contra los golpistas y derrotarlos.
Hace más de 20 años que no hay golpes triunfantes en Latinoamérica: las dos últimas intentonas (en Venezuela, contra Chávez, en 2002; y la de Hormando Vaca Diez, en Bolivia, en 2005) fueron derrotadas por la acción del movimiento de masas. En ese sentido, un triunfo o una derrota de las masas hondureñas serían, también, un triunfo o una derrota de las masas de todo el mundo, en especial las de Centro y Latinoamérica. Esa es la razón profunda por la debemos redoblar el apoyo y la solidaridad con su lucha.
Por qué reivindicar la vuelta de Zelaya al gobierno
En el marco de una amplia unidad de acción antigolpista en Honduras y en el mundo, que abarca desde sectores burgueses hasta el conjunto de la izquierda, existe un debate sobre, por lo menos, dos cuestiones centrales. Por un lado, cuál debe ser el programa de la lucha contra el golpe y, por el otro, con qué metodología se debe llevar adelante esta lucha.
Uno de las cuestiones más discutidas es si se debe o no reivindicar la vuelta de Zelaya al gobierno, como hace la LIT-CI y otras organizaciones, porque se trata de un “dirigente burgués”. Por lo tanto, reivindicar su restitución en el poder sería “capitular a la burguesía”.
La LIT-CI no tiene ninguna confusión sobre quién es Zelaya: un dirigente burgués reaccionario proveniente de la oligarquía hondureña y del riñón del sistema político burgués que apenas rozó superficialmente los intereses de su clase. Tampoco tenemos ninguna confusión sobre su actual política de capitulación al plan negociador con los golpistas del imperialismo y sobre el papel de freno a la movilización que viene jugando.
Pero sectores mayoritarios de las masas hondureñas lo ven como “su” dirigente y están dispuestas a luchar contra los “poderes establecidos” para que vuelva al gobierno. No es la primera vez que las masas de un país están dispuestas a luchar por la vuelta de un dirigente burgués. En Argentina, por ejemplo, después del golpe que lo derrocó en 1955, las masas lucharon durante casi dos décadas por la vuelta de Perón, con una dura resistencia que incluyó varias semi-insurecciones. Lo mismo aconteció, en Venezuela, con la lucha que derrotó al golpe de abril de 2002 y restituyó en el poder a Hugo Chávez.
Y estos procesos de lucha, si bien contienen el elemento negativo de la confianza en la dirección burguesa, son muy progresivos (e incluso pueden, abrir una dinámica revolucionaria) porque enfrentan a los “factores de poder”: los sectores más concentrados de la burguesía y las FFAA.
Por otro lado, la “vuelta” del “dirigente burgués”, en este caso de Zelaya, es un elemento imprescindible para que las masas puedan hacer la experiencia con él y avanzar en su consciencia, superando los límites impuestos a la movilización de las masas por esa dirección.
No al plan Arias
Levantar la consigna de la vuelta de Zelaya significa que llamamos a desarrollar movilizaciones unitarias contra el golpe junto con los zelayistas, por esta reivindicación. Al mismo, tiempo, consideramos imprescindible realizar una crítica implacable de la política que viene impulsando Zelaya en esta situación.
Especialmente, su apoyo al Plan Arias (en realidad, Plan Obama-Clinton), Es decir, su política de mantener la resistencia en un terreno “pacífico” y sólo como un elemento para presionar a los golpistas a la negociación y no desarrollarla como la única herramienta capaz de derrocar al gobierno de Micheletti, a través de esta lucha.
Cualquier confianza en estas negociaciones como la vía central para la salida de los golpistas (como propone el propio Zelaya) llevará la resistencia a la derrota. Por lo mismo, es imprescindible que el rechazo al Plan Arias (o a cualquier otra negociación con los golpistas) integre claramente el programa de la resistencia.
La política de Obama
Antes de entrar en las consideraciones de cuál sería el camino para el avance de la resistencia al golpe, es necesario entender que el gobierno de Barack Obama representa un cambio, con respecto al de su antecesor George Bush, en la táctica política del imperialismo para enfrentar la situación mundial y la lucha de las masas.
Para evitar falsas discusiones, no tenemos ninguna confusión en que Obama defiende a fondo, al igual que Bush, los intereses imperialistas. Tampoco en que no es una “paloma de la paz” que abandone la “acción militar”: basta ver su política de intensificación en la guerra de Afganistán o en su plan de utilización de las bases militares de Colombia.
Pero la derrota que sufrió la política de Bush (el “siglo americano” y la “guerra contra el terror”) en Irak y Venezuela, y el curso desfavorable de la situación en Afganistán y Medio Oriente, etc., han obligado al imperialismo a cambiar su táctica y, entre otras cosas, no apoyar golpes de Estado en Latinoamérica. Que quedé entonces absolutamente claro: fue la lucha de las masas, y las derrotas infligidas a la política del imperialismo, y no la “buena voluntad” de Obama, las que le impusieron este cambio de táctica
En este marco, es evidente que el gobierno de Obama alentó las presiones de los “factores de poder” hondureños sobre el gobierno de Zelaya. Al mismo tiempo, después del golpe, el imperialismo se aprovecha de la situación para presionar Zelaya y hacerlo desistir de su plan de hacer una consulta sobre la Asamblea Constituyente y pactar con los golpistas.
Pero no impulsó el golpe como tal. En caso contrario, no se entiende que organismos como la ONU o la OEA, que difícilmente pueden ser calificados de “antiimperialistas”, hayan votado resoluciones contra el golpe y de no reconocimiento del gobierno de Micheletti. Una política muy distinta de la que Bush tuvo en Venezuela, en 2002, o, de modo más generalizado, la de Richard Nixon, en las décadas de 1960 y 1970, organizando golpes militares en toda Latinoamérica. Es decir, en lugar de intentar derrotar los procesos revolucionarios a través de golpes de Estado, pasa a utilizar la vía electoral, las negociaciones, los pactos o los acuerdos de paz para hacerlos retroceder.
También hay que ver que los golpistas, al mismo tiempo que aprovechan el espacio que les da la política negociadora de Obama, rechazan la vuelta de Zelaya al poder, aunque sea de modo muy condicionado para transferir el mando al nuevo presidente electo, porque esa vuelta expresaría el símbolo de su derrota.
Es imprescindible comprender este cambio de táctica del imperialismo para enfrentar el profundo peligro que representa la política real del gobierno de Obama para Honduras: la negociación con los golpistas a través del Plan Arias. Quien razona que es el gobierno de Obama el que está detrás del golpe en Honduras, queda en una posición que, por omisión, termina capitula a esta política concreta del imperialismo. Es decir no combate al Plan Arias ni su aceptación por parte de Zelaya.
Los desafíos de la resistencia
Existe una primer tarea de la resistencia que es la de ampliar la lucha la lucha a todos los sectores que aún no se han movilizado o están en dudas, fortaleciendo así su base social.
Al mismo tiempo, estas semanas de lucha han demostrado que la “resistencia pacífica” llamada por Zelaya no es suficiente para derrotar a los golpistas y les ha permitido mantenerse en el poder. Para triunfar, es necesario superar este límite que, hasta ahora, Zelaya ha logrado imponer.
Por otro lado, nunca en la historia se ha logrado derrotar un golpe o una dictadura militar a través de métodos pacíficos, en los que las masas inermes enfrentan a formaciones militares o policiales especializadas.
Por el contrario, además del heroísmo que ya han demostrado las masas hondureñas, siempre fue necesario un endurecimiento y una radicalización de los métodos de lucha (incluyendo el aspecto militar del enfrentamiento y la defensa armada de las masas y sus movilizaciones), y una acción para dividir y debilitar el “frente militar” de los golpistas, explotando sus contradicciones. En la mayoría de los casos, las masas también debieron superar la política conciliadora hacia los golpistas de la dirección burguesa derrocada que conducía la derrota.
Aún está fresco el recuerdo de la derrota del golpe militar en Venezuela, en 2002. En peores condiciones que las actuales en Honduras (el imperialismo sí apoyaba ese golpe; Chávez estaba detenido y ya había “bajado los brazos), las masas venezolanas rodearon el palacio de gobierno, fueron a los cuarteles para conseguir armas y dividir a los militares, formaron los “círculos bolivarianos” para combatir, etc.
Fue esta insurrección, que superó los límites impuestos por la política de Chávez, la que permitió que, en menos 48 horas, derrotaran el golpe y derrocaran al gobierno de Carmona, obligando a los golpistas a traer a Chávez de vuelta al poder. Es muy importante sacar las conclusiones de cuáles fueron las acciones que permitieron el triunfo de las masas venezolanas.
En el caso de Honduras, si bien Zelaya continúa siendo la dirección política de los sectores mayoritarios de las masas, la dirección cotidiana de la lucha ha estado en manos del Frente de la Resistencia al Golpe de Estado, que agrupa diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales. El Frente ha rechazado la propuesta del plan Arias pero, al mismo tiempo, hasta hora, no ha marcado una clara diferenciación con Zelaya ni ha impulsado la superación de los límites que éste le ha impuesto a la resistencia.
La LIT-CI llama a intensificar la movilización nacional e internacional contra el golpe. Es imprescindible, la organización clasista independiente de las masas para luchar a fondo contra el golpe y derrotarlo. El Frente de la Resistencia ha realizado una convocatoria al “Boicot contra la Dictadura Militar-Empresarial de Roberto Micheletti”. Apoyamos esta propuesta y pensamos que debe concretarse, por un lado, a través de la exigencia de ruptura de las relaciones con el gobierno de facto de los gobiernos de todos los países que aún no lo hicieron con el gobierno de facto. Por el otro, la exigencia del boicot económico, principalmente de Estados Unidos y los países centroamericanos, como El Salvador.
LIT-CI - Nueva época. Núm. 151 Agosto de 2009
La resistencia en una encrucijada
En el momento de escribir este Correo Internacional, casi siete semanas después del golpe de Estado en Honduras que derrocó el gobierno de Manuel “Mel” Zelaya y lo expulsó del país, se estaba desarrollando la “marcha sobre Tegucigalpa” llamada por el Frente de la Resistencia y otros sectores antigolpistas.
La marcha es una nueva demostración de que la resistencia al golpe se mantiene firme, a pesar de la feroz represión que lleva adelante el gobierno de Roberto Micheletti (que ya produjo varios muertos y cientos de detenidos) y de la trampa de las negociaciones con los golpistas, propuesta por el imperialismo yanqui, a través del presidente costarricense Oscar Arias, y apoyada por Zelaya. Al mismo tiempo, si bien los golpistas no terminan de consolidar su situación, se mantienen en el gobierno, a pesar de la resistencia interna que enfrentan y de su aislamiento internacional.
En este marco, la LIT-CI, a la vez que reafirma su apoyo y su solidaridad incondicional con la resistencia de los trabajadores y las masas hondureñas, considera que es un momento oportuno para extraer algunas conclusiones de este proceso de lucha, que permitan ayudar a su desarrollo y a su triunfo.
El centro es la lucha contra los golpistas
El centro de la movilización de las masas hondureñas es la lucha por derrotar a los golpistas. Es decir, la lucha por derrocar al gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti.
Una consolidación de los golpistas en el poder, incluso por medio de una “legalización” a través de las elecciones, significaría un triunfo de la reaccionaria burguesía hondureña y de las FF.AA., que quedarían en mejores condiciones de atacar aún más a los trabajadores y a las masas.
A través del Plan Arias, el imperialismo intenta una vuelta de Zelaya maniatado por un pacto que preserve a los golpistas y evite que sean castigados por su acción.
Por el contrario, una derrota de los golpistas significaría un gran triunfo de las masas hondureñas, y abriría la posibilidad de un proceso revolucionario en la que puedan luchar también por cambiar las profundas raíces socioeconómicas que hoy las condenan a la pobreza y a la miseria. Nos referimos a la colonización imperialista, a la propiedad latifundista de la tierra, a las maquilas, etc. En otras palabras, para avanzar en la perspectiva de la lucha por el socialismo, hoy es necesario luchar contra los golpistas y derrotarlos.
Hace más de 20 años que no hay golpes triunfantes en Latinoamérica: las dos últimas intentonas (en Venezuela, contra Chávez, en 2002; y la de Hormando Vaca Diez, en Bolivia, en 2005) fueron derrotadas por la acción del movimiento de masas. En ese sentido, un triunfo o una derrota de las masas hondureñas serían, también, un triunfo o una derrota de las masas de todo el mundo, en especial las de Centro y Latinoamérica. Esa es la razón profunda por la debemos redoblar el apoyo y la solidaridad con su lucha.
Por qué reivindicar la vuelta de Zelaya al gobierno
En el marco de una amplia unidad de acción antigolpista en Honduras y en el mundo, que abarca desde sectores burgueses hasta el conjunto de la izquierda, existe un debate sobre, por lo menos, dos cuestiones centrales. Por un lado, cuál debe ser el programa de la lucha contra el golpe y, por el otro, con qué metodología se debe llevar adelante esta lucha.
Uno de las cuestiones más discutidas es si se debe o no reivindicar la vuelta de Zelaya al gobierno, como hace la LIT-CI y otras organizaciones, porque se trata de un “dirigente burgués”. Por lo tanto, reivindicar su restitución en el poder sería “capitular a la burguesía”.
La LIT-CI no tiene ninguna confusión sobre quién es Zelaya: un dirigente burgués reaccionario proveniente de la oligarquía hondureña y del riñón del sistema político burgués que apenas rozó superficialmente los intereses de su clase. Tampoco tenemos ninguna confusión sobre su actual política de capitulación al plan negociador con los golpistas del imperialismo y sobre el papel de freno a la movilización que viene jugando.
Pero sectores mayoritarios de las masas hondureñas lo ven como “su” dirigente y están dispuestas a luchar contra los “poderes establecidos” para que vuelva al gobierno. No es la primera vez que las masas de un país están dispuestas a luchar por la vuelta de un dirigente burgués. En Argentina, por ejemplo, después del golpe que lo derrocó en 1955, las masas lucharon durante casi dos décadas por la vuelta de Perón, con una dura resistencia que incluyó varias semi-insurecciones. Lo mismo aconteció, en Venezuela, con la lucha que derrotó al golpe de abril de 2002 y restituyó en el poder a Hugo Chávez.
Y estos procesos de lucha, si bien contienen el elemento negativo de la confianza en la dirección burguesa, son muy progresivos (e incluso pueden, abrir una dinámica revolucionaria) porque enfrentan a los “factores de poder”: los sectores más concentrados de la burguesía y las FFAA.
Por otro lado, la “vuelta” del “dirigente burgués”, en este caso de Zelaya, es un elemento imprescindible para que las masas puedan hacer la experiencia con él y avanzar en su consciencia, superando los límites impuestos a la movilización de las masas por esa dirección.
No al plan Arias
Levantar la consigna de la vuelta de Zelaya significa que llamamos a desarrollar movilizaciones unitarias contra el golpe junto con los zelayistas, por esta reivindicación. Al mismo, tiempo, consideramos imprescindible realizar una crítica implacable de la política que viene impulsando Zelaya en esta situación.
Especialmente, su apoyo al Plan Arias (en realidad, Plan Obama-Clinton), Es decir, su política de mantener la resistencia en un terreno “pacífico” y sólo como un elemento para presionar a los golpistas a la negociación y no desarrollarla como la única herramienta capaz de derrocar al gobierno de Micheletti, a través de esta lucha.
Cualquier confianza en estas negociaciones como la vía central para la salida de los golpistas (como propone el propio Zelaya) llevará la resistencia a la derrota. Por lo mismo, es imprescindible que el rechazo al Plan Arias (o a cualquier otra negociación con los golpistas) integre claramente el programa de la resistencia.
La política de Obama
Antes de entrar en las consideraciones de cuál sería el camino para el avance de la resistencia al golpe, es necesario entender que el gobierno de Barack Obama representa un cambio, con respecto al de su antecesor George Bush, en la táctica política del imperialismo para enfrentar la situación mundial y la lucha de las masas.
Para evitar falsas discusiones, no tenemos ninguna confusión en que Obama defiende a fondo, al igual que Bush, los intereses imperialistas. Tampoco en que no es una “paloma de la paz” que abandone la “acción militar”: basta ver su política de intensificación en la guerra de Afganistán o en su plan de utilización de las bases militares de Colombia.
Pero la derrota que sufrió la política de Bush (el “siglo americano” y la “guerra contra el terror”) en Irak y Venezuela, y el curso desfavorable de la situación en Afganistán y Medio Oriente, etc., han obligado al imperialismo a cambiar su táctica y, entre otras cosas, no apoyar golpes de Estado en Latinoamérica. Que quedé entonces absolutamente claro: fue la lucha de las masas, y las derrotas infligidas a la política del imperialismo, y no la “buena voluntad” de Obama, las que le impusieron este cambio de táctica
En este marco, es evidente que el gobierno de Obama alentó las presiones de los “factores de poder” hondureños sobre el gobierno de Zelaya. Al mismo tiempo, después del golpe, el imperialismo se aprovecha de la situación para presionar Zelaya y hacerlo desistir de su plan de hacer una consulta sobre la Asamblea Constituyente y pactar con los golpistas.
Pero no impulsó el golpe como tal. En caso contrario, no se entiende que organismos como la ONU o la OEA, que difícilmente pueden ser calificados de “antiimperialistas”, hayan votado resoluciones contra el golpe y de no reconocimiento del gobierno de Micheletti. Una política muy distinta de la que Bush tuvo en Venezuela, en 2002, o, de modo más generalizado, la de Richard Nixon, en las décadas de 1960 y 1970, organizando golpes militares en toda Latinoamérica. Es decir, en lugar de intentar derrotar los procesos revolucionarios a través de golpes de Estado, pasa a utilizar la vía electoral, las negociaciones, los pactos o los acuerdos de paz para hacerlos retroceder.
También hay que ver que los golpistas, al mismo tiempo que aprovechan el espacio que les da la política negociadora de Obama, rechazan la vuelta de Zelaya al poder, aunque sea de modo muy condicionado para transferir el mando al nuevo presidente electo, porque esa vuelta expresaría el símbolo de su derrota.
Es imprescindible comprender este cambio de táctica del imperialismo para enfrentar el profundo peligro que representa la política real del gobierno de Obama para Honduras: la negociación con los golpistas a través del Plan Arias. Quien razona que es el gobierno de Obama el que está detrás del golpe en Honduras, queda en una posición que, por omisión, termina capitula a esta política concreta del imperialismo. Es decir no combate al Plan Arias ni su aceptación por parte de Zelaya.
Los desafíos de la resistencia
Existe una primer tarea de la resistencia que es la de ampliar la lucha la lucha a todos los sectores que aún no se han movilizado o están en dudas, fortaleciendo así su base social.
Al mismo tiempo, estas semanas de lucha han demostrado que la “resistencia pacífica” llamada por Zelaya no es suficiente para derrotar a los golpistas y les ha permitido mantenerse en el poder. Para triunfar, es necesario superar este límite que, hasta ahora, Zelaya ha logrado imponer.
Por otro lado, nunca en la historia se ha logrado derrotar un golpe o una dictadura militar a través de métodos pacíficos, en los que las masas inermes enfrentan a formaciones militares o policiales especializadas.
Por el contrario, además del heroísmo que ya han demostrado las masas hondureñas, siempre fue necesario un endurecimiento y una radicalización de los métodos de lucha (incluyendo el aspecto militar del enfrentamiento y la defensa armada de las masas y sus movilizaciones), y una acción para dividir y debilitar el “frente militar” de los golpistas, explotando sus contradicciones. En la mayoría de los casos, las masas también debieron superar la política conciliadora hacia los golpistas de la dirección burguesa derrocada que conducía la derrota.
Aún está fresco el recuerdo de la derrota del golpe militar en Venezuela, en 2002. En peores condiciones que las actuales en Honduras (el imperialismo sí apoyaba ese golpe; Chávez estaba detenido y ya había “bajado los brazos), las masas venezolanas rodearon el palacio de gobierno, fueron a los cuarteles para conseguir armas y dividir a los militares, formaron los “círculos bolivarianos” para combatir, etc.
Fue esta insurrección, que superó los límites impuestos por la política de Chávez, la que permitió que, en menos 48 horas, derrotaran el golpe y derrocaran al gobierno de Carmona, obligando a los golpistas a traer a Chávez de vuelta al poder. Es muy importante sacar las conclusiones de cuáles fueron las acciones que permitieron el triunfo de las masas venezolanas.
En el caso de Honduras, si bien Zelaya continúa siendo la dirección política de los sectores mayoritarios de las masas, la dirección cotidiana de la lucha ha estado en manos del Frente de la Resistencia al Golpe de Estado, que agrupa diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales. El Frente ha rechazado la propuesta del plan Arias pero, al mismo tiempo, hasta hora, no ha marcado una clara diferenciación con Zelaya ni ha impulsado la superación de los límites que éste le ha impuesto a la resistencia.
La LIT-CI llama a intensificar la movilización nacional e internacional contra el golpe. Es imprescindible, la organización clasista independiente de las masas para luchar a fondo contra el golpe y derrotarlo. El Frente de la Resistencia ha realizado una convocatoria al “Boicot contra la Dictadura Militar-Empresarial de Roberto Micheletti”. Apoyamos esta propuesta y pensamos que debe concretarse, por un lado, a través de la exigencia de ruptura de las relaciones con el gobierno de facto de los gobiernos de todos los países que aún no lo hicieron con el gobierno de facto. Por el otro, la exigencia del boicot económico, principalmente de Estados Unidos y los países centroamericanos, como El Salvador.
domingo, 7 de junio de 2009
Chevron, Shell y el verdadero costo del petróleo
Por Amy Goodman/www.democracynow.org/es
La economía es un caos, el desempleo aumenta, la industria automotriz está colapsando. Pero las ganancias de las empresas petroleras Chevron y Shell son más altas que nunca. Sin embargo, alrededor del mundo—desde la selva ecuatoriana, hasta el Delta del Níger en Nigeria, pasando por los tribunales y las calles de Nueva York y San Ramón, California—la gente está luchando contra las gigantes petroleras del mundo. Shell y Chevron están en el centro de atención debido a sus asambleas de accionistas y a un juicio histórico, dos hechos que están ocurriendo esta semana.
El 13 de mayo, las Fuerzas Armadas nigerianas lanzaron un ataque contra poblados en el Delta del Níger, una zona del país rica en petróleo. Se teme que cientos de civiles hayan muerto en la ofensiva. Una celebración en el poblado de Oporoza, en el área del delta, fue atacada, según Amnistía Internacional. Un testigo le dijo a la organización: “Escuché el sonido de una aeronave; vi dos helicópteros militares disparando a las casas, al palacio, disparándonos a nosotros. Tuvimos que correr a un lugar seguro dentro de la selva. En los matorrales, escuché a adultos llorando, tantas madres que no podían encontrar a sus hijos; todos corrieron para salvar sus vidas”.
Shell afronta un juicio en un tribunal federal de Estados Unidos, el caso Wiwa contra Shell, en base a la supuesta colaboración de la petrolera en la violenta represión del movimiento de base del pueblo Ogoni, del Delta del Níger, llevada a cabo por la dictadura nigeriana durante la década del 90. Shell explota las riquezas petroleras del Delta del Níger, provocando desplazamientos, contaminación y deforestación. La demanda también afirma que Shell ayudó a eliminar el Movimiento por la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni y a su carismático líder, Ken Saro-Wiwa. Saro-Wiwa había sido el guionista de la telenovela más popular de Nigeria, pero decidió unirse a los Ogoni, cuyo territorio cerca del Delta del Níger había sido surcado por oleoductos. Los niños de Ogonilandia, como se denomina su tierra, no sabían lo que era una noche oscura, vivían bajo los destellos de las llamaradas, llamaradas de gas del tamaño de un edificio de apartamentos que estaban encendidas día y noche, y que son ilegales en Estados Unidos.
Entrevisté a Saro-Wiwa en 1994. Me dijo: “A las empresas petroleras les gustan las dictaduras militares porque, básicamente, bajo estas dictaduras pueden estafar. Las dictaduras son brutales con la gente, y puedan negar los derechos humanos de las personas y de las comunidades muy fácilmente, sin escrúpulos", y agregó: “En lo que a mí respecta, soy un hombre marcado”.
Saro-Wiwa regresó a Nigeria y fue arrestado por la Junta Militar. El 10 de noviembre de 1995, luego de un juicio arreglado, fue colgado junto con otros ocho activistas Ogoni.
En 1998, viajé al Delta del Níger con el periodista Jeremy Scahill. Un ejecutivo de Chevron que se encontraba allí nos dijo que la empresa transportó tropas de la mal reputada Fuerza Policíal Móvil nigeriana–conocida por su política de “matar e irse”-, en un helicóptero que le pertenecía a la compañía, hasta una lancha petrolera que había sido ocupada por manifestantes no violentos. Dos manifestantes fueron asesinados, y muchos otros fueron arrestados y torturados.
Oronto Douglas, uno de los abogados de Saro-Wiwa, nos dijo: “Está muy claro que Chevron, al igual que Shell, utiliza a las Fuerzas Armadas para proteger sus actividades petroleras. Perforan y matan”.
Chevron es el segundo mayor accionista (después de la empresa petrolera francesa Total) del proyecto del campo de gas natural y gasoducto de Yadana, en Birmania (que la Junta Militar ha renombrado "Myanmar"). El gasoducto es la mayor fuente primaria de ingresos de la Junta Militar, y sus ganacias le sumaron un total de alrededor de mil millones de dólares en 2007. La Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que fue elegida popularmente como líder de Birmania en 1990, ha estado bajo arresto domiciliario durante 14 de los últimos 20 años, y tendrá que comparecer ante los tribunales nuevamente esta semana (el martes, el gobierno dijo que había puesto fin al arresto domiciliario de Suu Kyi, pero permanece detenida, en espera del resultado del juicio). El gobierno de Estados Unidos prohibió a las empresas estadounidenses invertir en Birmania desde 1997, pero Chevron tiene una exoneración, que heredó cuando adquirió la empresa petrolera Unocal.
Una larga lista en la que se enumeran abusos similares cometidos por Chevron, desde Filipinas a Kazajistán, Chad, Camerún, Irak, Ecuador y Angola, y en todo Estados Unidos y Canadá, es detallada en un “informe anual alternativo” preparado por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, que está siendo distribuido a los accionistas de Chevron en su asamblea anual de esta semana, y al público en TrueCostofChevron.com.
Chevron está siendo investigada por el Fiscal General del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acerca de si la empresa fue “precisa y exhaustiva” en la descripción de sus potenciales responsabilidades legales. Sin embargo, goza de una larga tradición de contratar a gente con poder político. Condoleezza Rice fue directora de la empresa durante mucho tiempo (incluso había un buque petrolero con su nombre), y el nuevo asesor general recientemente contratado es nada menos que el desprestigiado abogado del Pentágono, William J. Haynes, quien defendió las “técnicas de interrogatorio severas”, incluso el submarino. El General James L. Jones, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Barack Obama, formó parte de la Junta de Directores de Chevron durante la mayor parte de 2008, hasta que recibió la designación de alto nivel en la Casa Blanca.
Saro-Wiwa dijo antes de morir: “Vamos a exigir nuestros derechos en forma pacífica, sin violencia, y venceremos”. Un movimiento popular mundial está creciendo para lograr justamente eso.
De: Columna de Amy Goodman
Para: liga_socialista@yahoo.es
La economía es un caos, el desempleo aumenta, la industria automotriz está colapsando. Pero las ganancias de las empresas petroleras Chevron y Shell son más altas que nunca. Sin embargo, alrededor del mundo—desde la selva ecuatoriana, hasta el Delta del Níger en Nigeria, pasando por los tribunales y las calles de Nueva York y San Ramón, California—la gente está luchando contra las gigantes petroleras del mundo. Shell y Chevron están en el centro de atención debido a sus asambleas de accionistas y a un juicio histórico, dos hechos que están ocurriendo esta semana.
El 13 de mayo, las Fuerzas Armadas nigerianas lanzaron un ataque contra poblados en el Delta del Níger, una zona del país rica en petróleo. Se teme que cientos de civiles hayan muerto en la ofensiva. Una celebración en el poblado de Oporoza, en el área del delta, fue atacada, según Amnistía Internacional. Un testigo le dijo a la organización: “Escuché el sonido de una aeronave; vi dos helicópteros militares disparando a las casas, al palacio, disparándonos a nosotros. Tuvimos que correr a un lugar seguro dentro de la selva. En los matorrales, escuché a adultos llorando, tantas madres que no podían encontrar a sus hijos; todos corrieron para salvar sus vidas”.
Shell afronta un juicio en un tribunal federal de Estados Unidos, el caso Wiwa contra Shell, en base a la supuesta colaboración de la petrolera en la violenta represión del movimiento de base del pueblo Ogoni, del Delta del Níger, llevada a cabo por la dictadura nigeriana durante la década del 90. Shell explota las riquezas petroleras del Delta del Níger, provocando desplazamientos, contaminación y deforestación. La demanda también afirma que Shell ayudó a eliminar el Movimiento por la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni y a su carismático líder, Ken Saro-Wiwa. Saro-Wiwa había sido el guionista de la telenovela más popular de Nigeria, pero decidió unirse a los Ogoni, cuyo territorio cerca del Delta del Níger había sido surcado por oleoductos. Los niños de Ogonilandia, como se denomina su tierra, no sabían lo que era una noche oscura, vivían bajo los destellos de las llamaradas, llamaradas de gas del tamaño de un edificio de apartamentos que estaban encendidas día y noche, y que son ilegales en Estados Unidos.
Entrevisté a Saro-Wiwa en 1994. Me dijo: “A las empresas petroleras les gustan las dictaduras militares porque, básicamente, bajo estas dictaduras pueden estafar. Las dictaduras son brutales con la gente, y puedan negar los derechos humanos de las personas y de las comunidades muy fácilmente, sin escrúpulos", y agregó: “En lo que a mí respecta, soy un hombre marcado”.
Saro-Wiwa regresó a Nigeria y fue arrestado por la Junta Militar. El 10 de noviembre de 1995, luego de un juicio arreglado, fue colgado junto con otros ocho activistas Ogoni.
En 1998, viajé al Delta del Níger con el periodista Jeremy Scahill. Un ejecutivo de Chevron que se encontraba allí nos dijo que la empresa transportó tropas de la mal reputada Fuerza Policíal Móvil nigeriana–conocida por su política de “matar e irse”-, en un helicóptero que le pertenecía a la compañía, hasta una lancha petrolera que había sido ocupada por manifestantes no violentos. Dos manifestantes fueron asesinados, y muchos otros fueron arrestados y torturados.
Oronto Douglas, uno de los abogados de Saro-Wiwa, nos dijo: “Está muy claro que Chevron, al igual que Shell, utiliza a las Fuerzas Armadas para proteger sus actividades petroleras. Perforan y matan”.
Chevron es el segundo mayor accionista (después de la empresa petrolera francesa Total) del proyecto del campo de gas natural y gasoducto de Yadana, en Birmania (que la Junta Militar ha renombrado "Myanmar"). El gasoducto es la mayor fuente primaria de ingresos de la Junta Militar, y sus ganacias le sumaron un total de alrededor de mil millones de dólares en 2007. La Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que fue elegida popularmente como líder de Birmania en 1990, ha estado bajo arresto domiciliario durante 14 de los últimos 20 años, y tendrá que comparecer ante los tribunales nuevamente esta semana (el martes, el gobierno dijo que había puesto fin al arresto domiciliario de Suu Kyi, pero permanece detenida, en espera del resultado del juicio). El gobierno de Estados Unidos prohibió a las empresas estadounidenses invertir en Birmania desde 1997, pero Chevron tiene una exoneración, que heredó cuando adquirió la empresa petrolera Unocal.
Una larga lista en la que se enumeran abusos similares cometidos por Chevron, desde Filipinas a Kazajistán, Chad, Camerún, Irak, Ecuador y Angola, y en todo Estados Unidos y Canadá, es detallada en un “informe anual alternativo” preparado por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, que está siendo distribuido a los accionistas de Chevron en su asamblea anual de esta semana, y al público en TrueCostofChevron.com.
Chevron está siendo investigada por el Fiscal General del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acerca de si la empresa fue “precisa y exhaustiva” en la descripción de sus potenciales responsabilidades legales. Sin embargo, goza de una larga tradición de contratar a gente con poder político. Condoleezza Rice fue directora de la empresa durante mucho tiempo (incluso había un buque petrolero con su nombre), y el nuevo asesor general recientemente contratado es nada menos que el desprestigiado abogado del Pentágono, William J. Haynes, quien defendió las “técnicas de interrogatorio severas”, incluso el submarino. El General James L. Jones, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Barack Obama, formó parte de la Junta de Directores de Chevron durante la mayor parte de 2008, hasta que recibió la designación de alto nivel en la Casa Blanca.
Saro-Wiwa dijo antes de morir: “Vamos a exigir nuestros derechos en forma pacífica, sin violencia, y venceremos”. Un movimiento popular mundial está creciendo para lograr justamente eso.
De: Columna de Amy Goodman
Para: liga_socialista@yahoo.es
sábado, 6 de junio de 2009
TODO EL APOYO A LA HEROICA LUCHA DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS
El APRA ha vuelto a recordar que las masacres de su primer gobierno, como Cayara y el Frontón, o el asesinato selectivo, vía paramilitares, de dirigentes obreros y populares como Saul Cantoral no son asunto del pasado.
El 5 de junio del 2009, Alan García, sacándose la mascareta democrática y de ‘diálogo’, ordenó la represión brutal de dirigentes y luchadores indígenas. El saldo de esta brutal represión cuenta con más de 100 heridos, 45 de los cuales con impactos de bala, 27 nativos y 13 policías muertos. Esta masacre contra los indígenas de la Amazonía peruana merece nuestra más profunda solidaridad con la lucha amazónica que se viene desarrollando en diferentes lugares del país y el total rechazo y condena al gobierno y régimen terrorista que pretende imponernos el actual gobierno del APRA.
El APRA llegó al poder con un programa de gobierno demagógico y que se ha ido revelando como mentiroso, uno de los puntos centrales que le vendieron al pueblo peruano fue la no firma del TLC. Hoy producto de esta felonía se han promulgado una serie de decretos que vulneran la soberanía del país y embargan nuestros recursos naturales a manos extranjeras, para permitir los acuerdos firmados del TLC con EEUU, además con China y Chile. Es dentro de este marco legal que se pretende concesionar, los bosques amazónicos, el subsuelo, el agua, minerales, petróleo, gas, etc. al mejor postor. El argumento del gobierno: “los nativos y comunidades campesinas son una minoría de la población peruana que no pueden entorpecer el desarrollo del país”,… “esto nos pertenece a todos los peruanos”. Pero en palabras de Aurelio Pastor (parlamentario aprista) “el objetivo de las normas es incentivar la inversión privada”, es decir, romper con los derechos colectivos que los pobladores amazónicos tienen sobre su territorio en favor de la propiedad privada empresarial.
La actual lucha amazónica marca el punto más alto y un salto en el desarrollo de las luchas populares en nuestro país, que, a diferencia de principios de la década tiene una población que viene recuperando iniciativa de lucha, se reagrupa en torno a organizaciones resueltas a luchar con independencia y dispuestas a llegar hasta el final y sobre todo va redescubriendo métodos y tradiciones que el neoliberalismo intentó barrer con el terror fujimorista, la imposición continuista de Toledo o la sebosa humanidad de los apristas que hoy están en el poder.
No se trata de una lucha aislada, es la lucha por nuestra soberanía, los amazónicos expresan hoy mejor que nadie la necesidad de defender un patrimonio que no se puede negociar, la amazonia es un ecosistema frágil donde cualquier perturbación puede desencadenar la desaparición de especies únicas de plantas, animales y de las comunidades humanas que viven de ellos, además de ser el único “pulmón” del mundo. No se trata de “tierras eriazas”, es decir, sin uso, por el contrario son bosques, ríos, montes que forman parte de un delicado equilibrio y esto lo sabe el “experto” Antonio Brack, ministro neoliberal del ambiente.
El hecho de que el gobierno haya derogado alguno de estos decretos sólo ha sido posible por la presión y movilización de los pueblos originarios. Va contra la implementación de la política económica hambreadora y de saqueo de nuestros recursos a manos de las transnacionales capitalistas. Tengamos en cuenta que estos planes son parte del proyecto que el imperialismo tiene para salir de su crisis cargando sobre nuestros países sus miserias.
Impulsemos la victoria de los pueblos amazónicos para que sirva de ejemplo a la clase trabajadora (que está siendo golpeada por la crisis económica) para movilizarse, emprender una lucha organizada y unitaria que fusione en un solo puño la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad.
La CGTP debe dejar de lado la negociación y el cálculo electoral e impulsar medidas de lucha con una política que marque una posición clara ente la masacre y el genocidio perpetrado por el Estado, debe convocar a movilizaciones y acciones de lucha concretas asumiendo la lucha amazónica como una lucha por nuestra soberanía territorial frente a la penetración imperialista en nuestro país. La dirección de la FDTC debe hacer otro tanto. Es hora de concretizar la más amplia unidad para enfrentar la ofensiva autoritaria del gobierno y abrir un nuevo capítulo en las luchas populares.
Exigimos la derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales que afectan a los derechos de las comunidades nativas.
Llamamos a todo el pueblo a salir a las calles a respaldar esta importante lucha que involucra a todos los peruanos. Derrotemos la Violencia Aprista y a su gobierno con el Paro Nacional de todo el pueblo
Muerte al gobierno aprista-genocida y sus lacayos.
Por una asamblea constituyente soberana y con poder, con representantes de los trabajadores.
Formar asambleas populares y comités de apoyo.
Huelga general indefinida, hasta que caiga el gobierno.
Todo el pueblo a las calles.
Muerte al capitalismo, por un gobierno obrero campesino y popular
Socialismo o muerte, venceremos.
Viva la lucha de los pueblos amazónicos.
Cusco 6 de junio de 2009
Liga Socialista y Juventud Socialista
El 5 de junio del 2009, Alan García, sacándose la mascareta democrática y de ‘diálogo’, ordenó la represión brutal de dirigentes y luchadores indígenas. El saldo de esta brutal represión cuenta con más de 100 heridos, 45 de los cuales con impactos de bala, 27 nativos y 13 policías muertos. Esta masacre contra los indígenas de la Amazonía peruana merece nuestra más profunda solidaridad con la lucha amazónica que se viene desarrollando en diferentes lugares del país y el total rechazo y condena al gobierno y régimen terrorista que pretende imponernos el actual gobierno del APRA.
El APRA llegó al poder con un programa de gobierno demagógico y que se ha ido revelando como mentiroso, uno de los puntos centrales que le vendieron al pueblo peruano fue la no firma del TLC. Hoy producto de esta felonía se han promulgado una serie de decretos que vulneran la soberanía del país y embargan nuestros recursos naturales a manos extranjeras, para permitir los acuerdos firmados del TLC con EEUU, además con China y Chile. Es dentro de este marco legal que se pretende concesionar, los bosques amazónicos, el subsuelo, el agua, minerales, petróleo, gas, etc. al mejor postor. El argumento del gobierno: “los nativos y comunidades campesinas son una minoría de la población peruana que no pueden entorpecer el desarrollo del país”,… “esto nos pertenece a todos los peruanos”. Pero en palabras de Aurelio Pastor (parlamentario aprista) “el objetivo de las normas es incentivar la inversión privada”, es decir, romper con los derechos colectivos que los pobladores amazónicos tienen sobre su territorio en favor de la propiedad privada empresarial.
La actual lucha amazónica marca el punto más alto y un salto en el desarrollo de las luchas populares en nuestro país, que, a diferencia de principios de la década tiene una población que viene recuperando iniciativa de lucha, se reagrupa en torno a organizaciones resueltas a luchar con independencia y dispuestas a llegar hasta el final y sobre todo va redescubriendo métodos y tradiciones que el neoliberalismo intentó barrer con el terror fujimorista, la imposición continuista de Toledo o la sebosa humanidad de los apristas que hoy están en el poder.
No se trata de una lucha aislada, es la lucha por nuestra soberanía, los amazónicos expresan hoy mejor que nadie la necesidad de defender un patrimonio que no se puede negociar, la amazonia es un ecosistema frágil donde cualquier perturbación puede desencadenar la desaparición de especies únicas de plantas, animales y de las comunidades humanas que viven de ellos, además de ser el único “pulmón” del mundo. No se trata de “tierras eriazas”, es decir, sin uso, por el contrario son bosques, ríos, montes que forman parte de un delicado equilibrio y esto lo sabe el “experto” Antonio Brack, ministro neoliberal del ambiente.
El hecho de que el gobierno haya derogado alguno de estos decretos sólo ha sido posible por la presión y movilización de los pueblos originarios. Va contra la implementación de la política económica hambreadora y de saqueo de nuestros recursos a manos de las transnacionales capitalistas. Tengamos en cuenta que estos planes son parte del proyecto que el imperialismo tiene para salir de su crisis cargando sobre nuestros países sus miserias.
Impulsemos la victoria de los pueblos amazónicos para que sirva de ejemplo a la clase trabajadora (que está siendo golpeada por la crisis económica) para movilizarse, emprender una lucha organizada y unitaria que fusione en un solo puño la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad.
La CGTP debe dejar de lado la negociación y el cálculo electoral e impulsar medidas de lucha con una política que marque una posición clara ente la masacre y el genocidio perpetrado por el Estado, debe convocar a movilizaciones y acciones de lucha concretas asumiendo la lucha amazónica como una lucha por nuestra soberanía territorial frente a la penetración imperialista en nuestro país. La dirección de la FDTC debe hacer otro tanto. Es hora de concretizar la más amplia unidad para enfrentar la ofensiva autoritaria del gobierno y abrir un nuevo capítulo en las luchas populares.
Exigimos la derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales que afectan a los derechos de las comunidades nativas.
Llamamos a todo el pueblo a salir a las calles a respaldar esta importante lucha que involucra a todos los peruanos. Derrotemos la Violencia Aprista y a su gobierno con el Paro Nacional de todo el pueblo
Muerte al gobierno aprista-genocida y sus lacayos.
Por una asamblea constituyente soberana y con poder, con representantes de los trabajadores.
Formar asambleas populares y comités de apoyo.
Huelga general indefinida, hasta que caiga el gobierno.
Todo el pueblo a las calles.
Muerte al capitalismo, por un gobierno obrero campesino y popular
Socialismo o muerte, venceremos.
Viva la lucha de los pueblos amazónicos.
Cusco 6 de junio de 2009
Liga Socialista y Juventud Socialista
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