El problema de la mortalidad materna

ÉRIKA LUCIANA ANDREASSY

El 9 de julio pasado, Amnistía Internacional presentó el informe titulado "Deficiencias fatales: Las barreras a la salud materna en Perú". El objetivo del documente es examinar los altos índices de mortalidad materna entre las mujeres pobres e indígenas del medio rural peruano, y evaluar el impacto de las políticas públicas adoptadas por el gobierno, en el último periodo, para enfrentar el problema. Los datos son devastadores.

La mortalidad materna es la mayor causa de muerte entre mujeres en edad fértil en los países coloniales y semicoloniales. La mayoría de esas muertes es plenamente evitable y está directamente relacionada con las condiciones de vida y el acceso a la información y los recursos. De hecho, la pobreza es un factor determinante para la supervivencia de una mujer en el embarazo.

Los índices de mortalidad materna en Perú son unos de los más elevados de todo el continente americano. Si bien es verdad que los datos oficiales del gobierno discrepan con los presentados por las Naciones Unidas, aún así, son muy elevados y demuestran la precariedad de la atención ofrecida a las madres y futuras madres en lo que concierne a la atención de la salud. Por cada 100.000 nacidos vivos en el país, mueren 185 mujeres (según la ONU, ese número puede llegar a 240). La mayoría son campesinas, pobres e indígenas.

Perú es un país de pobres. Según las estadísticas, casi 40% de la población no poseen recursos suficientes para pagar los costos de la ayuda alimenticia esencial de consumos (compuesta por alimentos y no alimentos). El 51,7% de los trabajadores están subempleados y la mayoría absoluta de ellos pertenece a los sectores informales de la economía. Sólo 13,6% de los trabajadores ocupados están afiliados al sistema privado de pensiones. Cabe resaltar que, desde 1993 esa modalidad de seguridad social es obligatoria para quien tiene contrato de trabajo.

Las mujeres están entre las principales víctimas de la desigualdad social. Sólo 2/3 de las trabajadoras peruanas son asalariadas, la mayor parte de ellas está concentrada en pequeñas empresas que contratan menos de 10 empleados; en promedio reciben menos de 70% del valor de los ingresos de los hombres, y 28,3% son trabajadoras familiares auxiliares no remuneradas, lo que muchas veces significa no tener ningún tipo de independencia económica. Sólo 9,4% de las trabajadoras ocupadas están afiliadas al sistema privado de pensiones.

Las cifras nacionales revelan además otro contraste: mientras en las áreas urbanas la tasa de pobreza es de 23,5%, en el medio rural es de 59,8%. Peores son los datos de las zonas rurales serranas, donde 68,8% de la población viven en estado de pobreza. Las mujeres campesinas sufren de manera especial: de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la amplia mayoría de las productoras rurales posee lotes muy pequeños, mientras que solamente 4,7% cuentan con título de propiedad. Además, mientras, la PEA (Población Económicamente Activa) femenina representa 40% de la PEA total en el país, en el medio rural esa tasa cae para 35%. Con relación al nivel de ingresos, las trabajadoras rurales reciben aproximadamente 35% del sueldo medio de las trabajadoras urbanas, y la amplia mayoría (56%) componen el segmento de trabajadoras familiares no remuneradas. Es esa pobreza, sumada a la desigualdad en el acceso a los servicios básicos de salud, los máximos responsables por la muerte de miles de mujeres por causas de la maternidad en el país.

La relación pobreza-mortalidad materna es demostrada por el Informe Técnico Nº 138 de la Defensoría del Pueblo de Perú, que revela una flagrante coincidencia entre el número de muertes maternas y las regiones que concentran las capas más pobres de la población. También pueden ser comprobadas por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú), cuyos datos reportan, entre otras cosas, que, mientras 99,2% de las mujeres pertenecientes a las capas más ricas, que habían dado la luz entre 2002 y 2007, habían sido atendidas por un profesional de salud durante su último parto, sólo 35,9% de las mujeres de los segmentos más pobres recibieron ese mismo tipo de atención.

Los principales problemas enfrentados por estas mujeres están relacionados, por un lado, con la falta de acceso, sobre todo de urgencia, a la atención obstétrica. Para tener una idea, 60% de las comunidades indígenas de la Amazonia peruana no tiene acceso a un centro de salud. Y, por otro, por la falta de información sobre salud materna, además de la falta de personal de salud que sepa hablar la lengua indígena.

Según estadísticas del gobierno peruano, de todas las muertes relacionadas con el embarazo, 27% ocurren antes del parto, 26% durante el parto y 46% en las 6 semanas siguientes al parto. Las principales causas son hemorragia, pre-eclampsia, infecciones y complicaciones relacionadas con abortos o partos obstruidos. Sin embargo, la propia Amnistía Internacional abre un paréntesis para el hecho de que estos datos pueden no expresar de forma correcta la realidad, ya que estudios recientes sobre la prevalencia de abortos clandestinos y su impacto en la salud de las mujeres apuntan que el aborto es la tercera causa de muerte materna en el país. Se estima que sólo una de cada siete mujeres que se someten a un aborto llega a hospitalizarse, exactamente así se calcula una omisión de cerca de 10% de esos casos, sea por falta de información o por información indebida por parte de las instituciones de salud.

Pero si la mortalidad materna, por sí misma, ya una tragedia de proporciones inestimables y una grave violación a los derechos de las mujeres, ella trae consigo uno componente adicional. De acuerdo con el mismo informe, la muerte de una mujer durante el parto, sumada a la falta de políticas públicas adecuadas, sumerge a su familia todavía más a la pobreza. La pérdida del principal sustento de la familia, en la mayoría de los casos, hace recaer la carga penosa de asumir esa responsabilidad a los hijos e hijas mayores que, prematuramente, se ven obligados a salir a trabajar o tomar las tareas domesticas y de cuidados de los hermanos menores, limitando, o directamente impidiendo, su acceso a la educación y formación, comprometiendo sus oportunidades en el futuro. El impacto de la mortalidad materna en la familia y en la comunidad puede ser extremadamente profundo.

Las iniciativas gubernamentales para reducir los índices de mortalidad materna en Perú se han mostrado limitadas e ineficaces. El país no cuenta con un sistema único de salud, la población pobre y extremadamente pobre tiene derecho al SIS (Sistema Integrado de Salud) que ofrece una cobertura precaria y, a pesar de que, en tesis, el SIS garantiza atención gratuita a la salud materno-infantil y ayuda en el pago de gastos médicos para las gestantes, y que, en los últimos años, hubo un aumento del número de personas cubierta por el SIS, en realidad, esas medidas significan muy poco ante las necesidades de la población. Además, en la práctica, no siempre la asistencia que debería ser prestada se realiza. De todos modos, según el INEI, 58% de la población no está afiliada a ningún seguro de salud, sea él público o privado.

La ineficiencia del gobierno se traduce no sólo en la ausencia de servicios de salud, también en la propia precariedad de la infraestructura en el interior del país. Incluso cuando las familias pueden, de alguna manera, costear los gastos de la atención materno-infantil, se ven afectadas por la falta de transporte, carreteras u otros medios que puedan garantizar su llegada a los centros urbanos mayores.

Ni siquiera las propagadas "casas de espera maternas" alivian mucho el problema. Según el informe, aunque bienvenidas por las mujeres, esas casas están muy por debajo de las necesidades de la gestante. Primero, porque ofrecen abrigo, pero no ofrecen comida. Eso, por sí mismo, ya es una limitación. Además, de manera general, tampoco propician cocina o medios para cocinarse, lo que significa, en la práctica, que alguien del ámbito familiar tendrá que encargarse de llevarle comida. Segundo porque, al no ser combinadas con políticas públicas más generales, acaba impidiendo a las gestantes el optar por acudir a las casas ya que el hacerlo impactaría directamente en la rutina y división de trabajo en el seno familiar: si la mujer no está en casa para cocinar y cuidar de los niños mientras el hombre sale para trabajar, ¿quien lo hará?

Otros problemas que limitan la atención médica a las gestantes y madres son la demora en la atención, la falta de recursos humanos y materiales en los servicios públicos de salud, la inescrupulosidad de muchos proveedores que, a pesar de estar prohibido, cobran por la prestación de los servicios a los asegurados del SIS, y la imposibilidad de costear, además del servicio médico, otros gastos que, inequívocamente, surgen en el desplazamiento para otras localidades.

La lengua también es una importante barrera en la atención materno-infantil, en el interior del país. En muchas comunidades, no se habla el español y la falta de una fuerte política educacional que englobe, entre otras cosas, el incentivo para la formación profesional en salud para la juventud local, así como al aprendizaje de la lengua nativa para los profesionales que son desplazados de los centros urbanos para el interior, imposibilita la prestación de una atención digna y de calidad a las usuarias de los servicios de salud, ya que se vuelve imposible que las mujeres se hagan entender por los profesionales que la atienden, cuando sienten dolor o presentan alguna alteración, y entiendan las orientaciones prestadas por estos mismos profesionales.

Conclusiones

Los altos índices de mortalidad materna en Perú no son una casualidad: forman parte de una práctica discriminatoria y de violación de derechos que engloba varios aspectos, como lo racial, lo étnico-cultural y el de género. Pero también y, sobre todo, el aspecto económico.

Perú es un país marcado por fuertes contradicciones internas, y varios indicios señalan que jamás consiguió establecerse como una nación de hecho: el racismo velado y la actitud de desprecio de la costa peruana con relación a la población de origen indígena y rural apunta en esa dirección.

Sin embargo, la opresión de la mujer impregna o está presente en la mayoría de las estadísticas relacionadas con la violencia de manera general. Y no podría ser diferente con relación a la violación al derecho más básico de una mujer: el derecho de ser madre. Eso está reflejado tanto en los miles de casos de esterilización no consentida o forzada, cometidos durante la dictadura de Fujimori, como en la negación al acceso a los bienes de salud y educación que, sin dudas, podrían evitar la muerte de miles de mujeres por causas relacionadas a la maternidad.

Pero es, sin dudas, el aspecto económico el mayor responsable por los altos índices de mortalidad materna en el país. Las políticas públicas aplicadas, a lo largo de los años, por los gobiernos de turno, cada día lanzan a la pobreza más y más trabajadores y trabajadoras. Es la superexplotación capitalista, elevada a niveles sobrehumanos y garantizada por las reformas neoliberales que fueron, y siguen siendo, aplicadas, la que mata a los hombres, mujeres y niños de las capas más bajas de la población.

Sin embargo, pese a las particularidades, la mayoría de los graves problemas que enfrentan las mujeres en Perú son los mismo que enfrentan las mujeres en los países semicoloniales de todo el mundo. La situación de la mujer peruana es también la situación de la mujer boliviana, paraguaya, brasileña o venezolana porque es fruto de la misma política imperialista de explotación de nuestros países, con la connivencia de las burguesías locales. Y cuanto mayor es el grado de colonización, peor es la situación de la clase trabajadora y, consecuentemente, de las mujeres, como es el caso de Haití, África y Oriente Medio.

Cualesquiera sean los compromisos que asuma el gobierno a nivel internacional para reducir las tablas de mortalidad materno-infantil, requerirán más inversión en salud, educación y obras de infraestructura, además de resolver el problema agrario, indígena y la garantía de libertades democráticas. Esto último es una cuestión remanente de la constitución fujimorista que los gobiernos que lo sucedieron, convenientemente, mantuvieron irresoluta. La realidad peruana, y de otros países en la misma condición, demuestra que eso es imposible mientras se sigua aplicando el modelo de dependencia económica al capital externo.

Debemos exigir inmediatamente la ruptura con este modelo, la ruptura de los tratados de libre comercio (TLCs), que sólo empeoran la situación de la clase trabajadora y traen más miseria a las amplias capas de la población, y la suspensión inmediata del pago de las deudas externa e interna.

Ese dinero debe servir para aumentar inmediatamente el presupuesto público y la inversión en obras de infraestructura en el interior del país, como la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, puestos de salud, casas de espera para la gestante, programas de electrificación rural, etc. Obras de esa naturaleza tienen la función adicional de generar empleos y activar la economía de esas regiones, posibilitando su desarrollo y, consecuentemente, mejorando la calidad de vida de la población.

Además, el gobierno debe garantizar el aumento en la inversión en salud que asegure no sólo la contratación de más personal, con sueldos dignos, tanto en la capital como en el interior del país, sino también el mantenimiento de los servicios de atención médica, con equipamientos y medicamentos de calidad, y programas de salud pública que tengan en consideración las necesidades de la población a ser atendida.

Por otro lado, la garantía a una maternidad plena, segura y deseada pasa por el derecho a la planificación maternal y familiar, a través del acceso a programas y métodos anticonceptivos convenientes y gratuitos. Además del derecho a la mujer a disponer de su propio cuerpo y optar por la interrupción de un embarazo indeseado, con toda la atención médica que este procedimiento requiere, de forma gratuita y sin poner en peligro su integridad física y su salud. Es por ello que, además de exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones, debemos entablar una amplia campaña por la legalización del aborto.

Las casas de espera materna deben proveer, además de abrigo, las condiciones para la permanencia de la gestante, alimentación, por ejemplo. Además de un subsidio que garantice la estabilidad financiera de la familia, mientras la madre permanezca en la casa de espera materna, sea ella proveedora directa o no de la familia.

Como forma de romper la barrera idiomática, el gobierno debe proveer más subsidios para la educación y programas especiales de incentivo a la formación profesional en salud para los jóvenes de las comunidades indígenas; además de instituir inmediatamente, garantizando fondos para su ejecución, programas de aprendizaje de las lenguas nativas a los profesionales que hayan sido desplazados de los centros urbanos para las comunidades donde el español es menos difundido.

Por otro lado, el hecho de que, actualmente, más de 80% de las trabajadoras peruanas estén en la informalidad impone otra necesidad: exigir al gobierno el pago de un subsidio por maternidad para todas las madres, hasta el sexto mes de vida de su hijo, independientemente de si están o no trabajando.

Finalmente, aunque no menos importante, un factor agravante en la calidad y la falta de equidad de la prestación de los servicios de salud es la ineficiencia en la asignación de los recursos, con varios ministerios proveyendo financiamiento de forma independiente, generando así duplicación de inversiones, conflictos y desórdenes normativos, y subsidios cruzados. Por ello, está en el orden del día la lucha por un sistema único de salud, público, gratuito y de calidad.