ÉRIKA LUCIANA ANDREASSY
El 9 de julio pasado, Amnistía Internacional presentó el informe titulado "Deficiencias fatales: Las barreras a la salud materna en Perú". El objetivo del documente es examinar los altos índices de mortalidad materna entre las mujeres pobres e indígenas del medio rural peruano, y evaluar el impacto de las políticas públicas adoptadas por el gobierno, en el último periodo, para enfrentar el problema. Los datos son devastadores.
La mortalidad materna es la mayor causa de muerte entre mujeres en edad fértil en los países coloniales y semicoloniales. La mayoría de esas muertes es plenamente evitable y está directamente relacionada con las condiciones de vida y el acceso a la información y los recursos. De hecho, la pobreza es un factor determinante para la supervivencia de una mujer en el embarazo.
Los índices de mortalidad materna en Perú son unos de los más elevados de todo el continente americano. Si bien es verdad que los datos oficiales del gobierno discrepan con los presentados por las Naciones Unidas, aún así, son muy elevados y demuestran la precariedad de la atención ofrecida a las madres y futuras madres en lo que concierne a la atención de la salud. Por cada 100.000 nacidos vivos en el país, mueren 185 mujeres (según la ONU, ese número puede llegar a 240). La mayoría son campesinas, pobres e indígenas.
Perú es un país de pobres. Según las estadísticas, casi 40% de la población no poseen recursos suficientes para pagar los costos de la ayuda alimenticia esencial de consumos (compuesta por alimentos y no alimentos). El 51,7% de los trabajadores están subempleados y la mayoría absoluta de ellos pertenece a los sectores informales de la economía. Sólo 13,6% de los trabajadores ocupados están afiliados al sistema privado de pensiones. Cabe resaltar que, desde 1993 esa modalidad de seguridad social es obligatoria para quien tiene contrato de trabajo.
Las mujeres están entre las principales víctimas de la desigualdad social. Sólo 2/3 de las trabajadoras peruanas son asalariadas, la mayor parte de ellas está concentrada en pequeñas empresas que contratan menos de 10 empleados; en promedio reciben menos de 70% del valor de los ingresos de los hombres, y 28,3% son trabajadoras familiares auxiliares no remuneradas, lo que muchas veces significa no tener ningún tipo de independencia económica. Sólo 9,4% de las trabajadoras ocupadas están afiliadas al sistema privado de pensiones.
Las cifras nacionales revelan además otro contraste: mientras en las áreas urbanas la tasa de pobreza es de 23,5%, en el medio rural es de 59,8%. Peores son los datos de las zonas rurales serranas, donde 68,8% de la población viven en estado de pobreza. Las mujeres campesinas sufren de manera especial: de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la amplia mayoría de las productoras rurales posee lotes muy pequeños, mientras que solamente 4,7% cuentan con título de propiedad. Además, mientras, la PEA (Población Económicamente Activa) femenina representa 40% de la PEA total en el país, en el medio rural esa tasa cae para 35%. Con relación al nivel de ingresos, las trabajadoras rurales reciben aproximadamente 35% del sueldo medio de las trabajadoras urbanas, y la amplia mayoría (56%) componen el segmento de trabajadoras familiares no remuneradas. Es esa pobreza, sumada a la desigualdad en el acceso a los servicios básicos de salud, los máximos responsables por la muerte de miles de mujeres por causas de la maternidad en el país.
La relación pobreza-mortalidad materna es demostrada por el Informe Técnico Nº 138 de la Defensoría del Pueblo de Perú, que revela una flagrante coincidencia entre el número de muertes maternas y las regiones que concentran las capas más pobres de la población. También pueden ser comprobadas por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú), cuyos datos reportan, entre otras cosas, que, mientras 99,2% de las mujeres pertenecientes a las capas más ricas, que habían dado la luz entre 2002 y 2007, habían sido atendidas por un profesional de salud durante su último parto, sólo 35,9% de las mujeres de los segmentos más pobres recibieron ese mismo tipo de atención.
Los principales problemas enfrentados por estas mujeres están relacionados, por un lado, con la falta de acceso, sobre todo de urgencia, a la atención obstétrica. Para tener una idea, 60% de las comunidades indígenas de la Amazonia peruana no tiene acceso a un centro de salud. Y, por otro, por la falta de información sobre salud materna, además de la falta de personal de salud que sepa hablar la lengua indígena.
Según estadísticas del gobierno peruano, de todas las muertes relacionadas con el embarazo, 27% ocurren antes del parto, 26% durante el parto y 46% en las 6 semanas siguientes al parto. Las principales causas son hemorragia, pre-eclampsia, infecciones y complicaciones relacionadas con abortos o partos obstruidos. Sin embargo, la propia Amnistía Internacional abre un paréntesis para el hecho de que estos datos pueden no expresar de forma correcta la realidad, ya que estudios recientes sobre la prevalencia de abortos clandestinos y su impacto en la salud de las mujeres apuntan que el aborto es la tercera causa de muerte materna en el país. Se estima que sólo una de cada siete mujeres que se someten a un aborto llega a hospitalizarse, exactamente así se calcula una omisión de cerca de 10% de esos casos, sea por falta de información o por información indebida por parte de las instituciones de salud.
Pero si la mortalidad materna, por sí misma, ya una tragedia de proporciones inestimables y una grave violación a los derechos de las mujeres, ella trae consigo uno componente adicional. De acuerdo con el mismo informe, la muerte de una mujer durante el parto, sumada a la falta de políticas públicas adecuadas, sumerge a su familia todavía más a la pobreza. La pérdida del principal sustento de la familia, en la mayoría de los casos, hace recaer la carga penosa de asumir esa responsabilidad a los hijos e hijas mayores que, prematuramente, se ven obligados a salir a trabajar o tomar las tareas domesticas y de cuidados de los hermanos menores, limitando, o directamente impidiendo, su acceso a la educación y formación, comprometiendo sus oportunidades en el futuro. El impacto de la mortalidad materna en la familia y en la comunidad puede ser extremadamente profundo.
Las iniciativas gubernamentales para reducir los índices de mortalidad materna en Perú se han mostrado limitadas e ineficaces. El país no cuenta con un sistema único de salud, la población pobre y extremadamente pobre tiene derecho al SIS (Sistema Integrado de Salud) que ofrece una cobertura precaria y, a pesar de que, en tesis, el SIS garantiza atención gratuita a la salud materno-infantil y ayuda en el pago de gastos médicos para las gestantes, y que, en los últimos años, hubo un aumento del número de personas cubierta por el SIS, en realidad, esas medidas significan muy poco ante las necesidades de la población. Además, en la práctica, no siempre la asistencia que debería ser prestada se realiza. De todos modos, según el INEI, 58% de la población no está afiliada a ningún seguro de salud, sea él público o privado.
La ineficiencia del gobierno se traduce no sólo en la ausencia de servicios de salud, también en la propia precariedad de la infraestructura en el interior del país. Incluso cuando las familias pueden, de alguna manera, costear los gastos de la atención materno-infantil, se ven afectadas por la falta de transporte, carreteras u otros medios que puedan garantizar su llegada a los centros urbanos mayores.
Ni siquiera las propagadas "casas de espera maternas" alivian mucho el problema. Según el informe, aunque bienvenidas por las mujeres, esas casas están muy por debajo de las necesidades de la gestante. Primero, porque ofrecen abrigo, pero no ofrecen comida. Eso, por sí mismo, ya es una limitación. Además, de manera general, tampoco propician cocina o medios para cocinarse, lo que significa, en la práctica, que alguien del ámbito familiar tendrá que encargarse de llevarle comida. Segundo porque, al no ser combinadas con políticas públicas más generales, acaba impidiendo a las gestantes el optar por acudir a las casas ya que el hacerlo impactaría directamente en la rutina y división de trabajo en el seno familiar: si la mujer no está en casa para cocinar y cuidar de los niños mientras el hombre sale para trabajar, ¿quien lo hará?
Otros problemas que limitan la atención médica a las gestantes y madres son la demora en la atención, la falta de recursos humanos y materiales en los servicios públicos de salud, la inescrupulosidad de muchos proveedores que, a pesar de estar prohibido, cobran por la prestación de los servicios a los asegurados del SIS, y la imposibilidad de costear, además del servicio médico, otros gastos que, inequívocamente, surgen en el desplazamiento para otras localidades.
La lengua también es una importante barrera en la atención materno-infantil, en el interior del país. En muchas comunidades, no se habla el español y la falta de una fuerte política educacional que englobe, entre otras cosas, el incentivo para la formación profesional en salud para la juventud local, así como al aprendizaje de la lengua nativa para los profesionales que son desplazados de los centros urbanos para el interior, imposibilita la prestación de una atención digna y de calidad a las usuarias de los servicios de salud, ya que se vuelve imposible que las mujeres se hagan entender por los profesionales que la atienden, cuando sienten dolor o presentan alguna alteración, y entiendan las orientaciones prestadas por estos mismos profesionales.
Conclusiones
Los altos índices de mortalidad materna en Perú no son una casualidad: forman parte de una práctica discriminatoria y de violación de derechos que engloba varios aspectos, como lo racial, lo étnico-cultural y el de género. Pero también y, sobre todo, el aspecto económico.
Perú es un país marcado por fuertes contradicciones internas, y varios indicios señalan que jamás consiguió establecerse como una nación de hecho: el racismo velado y la actitud de desprecio de la costa peruana con relación a la población de origen indígena y rural apunta en esa dirección.
Sin embargo, la opresión de la mujer impregna o está presente en la mayoría de las estadísticas relacionadas con la violencia de manera general. Y no podría ser diferente con relación a la violación al derecho más básico de una mujer: el derecho de ser madre. Eso está reflejado tanto en los miles de casos de esterilización no consentida o forzada, cometidos durante la dictadura de Fujimori, como en la negación al acceso a los bienes de salud y educación que, sin dudas, podrían evitar la muerte de miles de mujeres por causas relacionadas a la maternidad.
Pero es, sin dudas, el aspecto económico el mayor responsable por los altos índices de mortalidad materna en el país. Las políticas públicas aplicadas, a lo largo de los años, por los gobiernos de turno, cada día lanzan a la pobreza más y más trabajadores y trabajadoras. Es la superexplotación capitalista, elevada a niveles sobrehumanos y garantizada por las reformas neoliberales que fueron, y siguen siendo, aplicadas, la que mata a los hombres, mujeres y niños de las capas más bajas de la población.
Sin embargo, pese a las particularidades, la mayoría de los graves problemas que enfrentan las mujeres en Perú son los mismo que enfrentan las mujeres en los países semicoloniales de todo el mundo. La situación de la mujer peruana es también la situación de la mujer boliviana, paraguaya, brasileña o venezolana porque es fruto de la misma política imperialista de explotación de nuestros países, con la connivencia de las burguesías locales. Y cuanto mayor es el grado de colonización, peor es la situación de la clase trabajadora y, consecuentemente, de las mujeres, como es el caso de Haití, África y Oriente Medio.
Cualesquiera sean los compromisos que asuma el gobierno a nivel internacional para reducir las tablas de mortalidad materno-infantil, requerirán más inversión en salud, educación y obras de infraestructura, además de resolver el problema agrario, indígena y la garantía de libertades democráticas. Esto último es una cuestión remanente de la constitución fujimorista que los gobiernos que lo sucedieron, convenientemente, mantuvieron irresoluta. La realidad peruana, y de otros países en la misma condición, demuestra que eso es imposible mientras se sigua aplicando el modelo de dependencia económica al capital externo.
Debemos exigir inmediatamente la ruptura con este modelo, la ruptura de los tratados de libre comercio (TLCs), que sólo empeoran la situación de la clase trabajadora y traen más miseria a las amplias capas de la población, y la suspensión inmediata del pago de las deudas externa e interna.
Ese dinero debe servir para aumentar inmediatamente el presupuesto público y la inversión en obras de infraestructura en el interior del país, como la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, puestos de salud, casas de espera para la gestante, programas de electrificación rural, etc. Obras de esa naturaleza tienen la función adicional de generar empleos y activar la economía de esas regiones, posibilitando su desarrollo y, consecuentemente, mejorando la calidad de vida de la población.
Además, el gobierno debe garantizar el aumento en la inversión en salud que asegure no sólo la contratación de más personal, con sueldos dignos, tanto en la capital como en el interior del país, sino también el mantenimiento de los servicios de atención médica, con equipamientos y medicamentos de calidad, y programas de salud pública que tengan en consideración las necesidades de la población a ser atendida.
Por otro lado, la garantía a una maternidad plena, segura y deseada pasa por el derecho a la planificación maternal y familiar, a través del acceso a programas y métodos anticonceptivos convenientes y gratuitos. Además del derecho a la mujer a disponer de su propio cuerpo y optar por la interrupción de un embarazo indeseado, con toda la atención médica que este procedimiento requiere, de forma gratuita y sin poner en peligro su integridad física y su salud. Es por ello que, además de exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones, debemos entablar una amplia campaña por la legalización del aborto.
Las casas de espera materna deben proveer, además de abrigo, las condiciones para la permanencia de la gestante, alimentación, por ejemplo. Además de un subsidio que garantice la estabilidad financiera de la familia, mientras la madre permanezca en la casa de espera materna, sea ella proveedora directa o no de la familia.
Como forma de romper la barrera idiomática, el gobierno debe proveer más subsidios para la educación y programas especiales de incentivo a la formación profesional en salud para los jóvenes de las comunidades indígenas; además de instituir inmediatamente, garantizando fondos para su ejecución, programas de aprendizaje de las lenguas nativas a los profesionales que hayan sido desplazados de los centros urbanos para las comunidades donde el español es menos difundido.
Por otro lado, el hecho de que, actualmente, más de 80% de las trabajadoras peruanas estén en la informalidad impone otra necesidad: exigir al gobierno el pago de un subsidio por maternidad para todas las madres, hasta el sexto mes de vida de su hijo, independientemente de si están o no trabajando.
Finalmente, aunque no menos importante, un factor agravante en la calidad y la falta de equidad de la prestación de los servicios de salud es la ineficiencia en la asignación de los recursos, con varios ministerios proveyendo financiamiento de forma independiente, generando así duplicación de inversiones, conflictos y desórdenes normativos, y subsidios cruzados. Por ello, está en el orden del día la lucha por un sistema único de salud, público, gratuito y de calidad.
lunes, 17 de agosto de 2009
domingo, 16 de agosto de 2009
Honduras La resistencia en una encrucijada
Publicación de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional
LIT-CI - Nueva época. Núm. 151 Agosto de 2009
La resistencia en una encrucijada
En el momento de escribir este Correo Internacional, casi siete semanas después del golpe de Estado en Honduras que derrocó el gobierno de Manuel “Mel” Zelaya y lo expulsó del país, se estaba desarrollando la “marcha sobre Tegucigalpa” llamada por el Frente de la Resistencia y otros sectores antigolpistas.
La marcha es una nueva demostración de que la resistencia al golpe se mantiene firme, a pesar de la feroz represión que lleva adelante el gobierno de Roberto Micheletti (que ya produjo varios muertos y cientos de detenidos) y de la trampa de las negociaciones con los golpistas, propuesta por el imperialismo yanqui, a través del presidente costarricense Oscar Arias, y apoyada por Zelaya. Al mismo tiempo, si bien los golpistas no terminan de consolidar su situación, se mantienen en el gobierno, a pesar de la resistencia interna que enfrentan y de su aislamiento internacional.
En este marco, la LIT-CI, a la vez que reafirma su apoyo y su solidaridad incondicional con la resistencia de los trabajadores y las masas hondureñas, considera que es un momento oportuno para extraer algunas conclusiones de este proceso de lucha, que permitan ayudar a su desarrollo y a su triunfo.
El centro es la lucha contra los golpistas
El centro de la movilización de las masas hondureñas es la lucha por derrotar a los golpistas. Es decir, la lucha por derrocar al gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti.
Una consolidación de los golpistas en el poder, incluso por medio de una “legalización” a través de las elecciones, significaría un triunfo de la reaccionaria burguesía hondureña y de las FF.AA., que quedarían en mejores condiciones de atacar aún más a los trabajadores y a las masas.
A través del Plan Arias, el imperialismo intenta una vuelta de Zelaya maniatado por un pacto que preserve a los golpistas y evite que sean castigados por su acción.
Por el contrario, una derrota de los golpistas significaría un gran triunfo de las masas hondureñas, y abriría la posibilidad de un proceso revolucionario en la que puedan luchar también por cambiar las profundas raíces socioeconómicas que hoy las condenan a la pobreza y a la miseria. Nos referimos a la colonización imperialista, a la propiedad latifundista de la tierra, a las maquilas, etc. En otras palabras, para avanzar en la perspectiva de la lucha por el socialismo, hoy es necesario luchar contra los golpistas y derrotarlos.
Hace más de 20 años que no hay golpes triunfantes en Latinoamérica: las dos últimas intentonas (en Venezuela, contra Chávez, en 2002; y la de Hormando Vaca Diez, en Bolivia, en 2005) fueron derrotadas por la acción del movimiento de masas. En ese sentido, un triunfo o una derrota de las masas hondureñas serían, también, un triunfo o una derrota de las masas de todo el mundo, en especial las de Centro y Latinoamérica. Esa es la razón profunda por la debemos redoblar el apoyo y la solidaridad con su lucha.
Por qué reivindicar la vuelta de Zelaya al gobierno
En el marco de una amplia unidad de acción antigolpista en Honduras y en el mundo, que abarca desde sectores burgueses hasta el conjunto de la izquierda, existe un debate sobre, por lo menos, dos cuestiones centrales. Por un lado, cuál debe ser el programa de la lucha contra el golpe y, por el otro, con qué metodología se debe llevar adelante esta lucha.
Uno de las cuestiones más discutidas es si se debe o no reivindicar la vuelta de Zelaya al gobierno, como hace la LIT-CI y otras organizaciones, porque se trata de un “dirigente burgués”. Por lo tanto, reivindicar su restitución en el poder sería “capitular a la burguesía”.
La LIT-CI no tiene ninguna confusión sobre quién es Zelaya: un dirigente burgués reaccionario proveniente de la oligarquía hondureña y del riñón del sistema político burgués que apenas rozó superficialmente los intereses de su clase. Tampoco tenemos ninguna confusión sobre su actual política de capitulación al plan negociador con los golpistas del imperialismo y sobre el papel de freno a la movilización que viene jugando.
Pero sectores mayoritarios de las masas hondureñas lo ven como “su” dirigente y están dispuestas a luchar contra los “poderes establecidos” para que vuelva al gobierno. No es la primera vez que las masas de un país están dispuestas a luchar por la vuelta de un dirigente burgués. En Argentina, por ejemplo, después del golpe que lo derrocó en 1955, las masas lucharon durante casi dos décadas por la vuelta de Perón, con una dura resistencia que incluyó varias semi-insurecciones. Lo mismo aconteció, en Venezuela, con la lucha que derrotó al golpe de abril de 2002 y restituyó en el poder a Hugo Chávez.
Y estos procesos de lucha, si bien contienen el elemento negativo de la confianza en la dirección burguesa, son muy progresivos (e incluso pueden, abrir una dinámica revolucionaria) porque enfrentan a los “factores de poder”: los sectores más concentrados de la burguesía y las FFAA.
Por otro lado, la “vuelta” del “dirigente burgués”, en este caso de Zelaya, es un elemento imprescindible para que las masas puedan hacer la experiencia con él y avanzar en su consciencia, superando los límites impuestos a la movilización de las masas por esa dirección.
No al plan Arias
Levantar la consigna de la vuelta de Zelaya significa que llamamos a desarrollar movilizaciones unitarias contra el golpe junto con los zelayistas, por esta reivindicación. Al mismo, tiempo, consideramos imprescindible realizar una crítica implacable de la política que viene impulsando Zelaya en esta situación.
Especialmente, su apoyo al Plan Arias (en realidad, Plan Obama-Clinton), Es decir, su política de mantener la resistencia en un terreno “pacífico” y sólo como un elemento para presionar a los golpistas a la negociación y no desarrollarla como la única herramienta capaz de derrocar al gobierno de Micheletti, a través de esta lucha.
Cualquier confianza en estas negociaciones como la vía central para la salida de los golpistas (como propone el propio Zelaya) llevará la resistencia a la derrota. Por lo mismo, es imprescindible que el rechazo al Plan Arias (o a cualquier otra negociación con los golpistas) integre claramente el programa de la resistencia.
La política de Obama
Antes de entrar en las consideraciones de cuál sería el camino para el avance de la resistencia al golpe, es necesario entender que el gobierno de Barack Obama representa un cambio, con respecto al de su antecesor George Bush, en la táctica política del imperialismo para enfrentar la situación mundial y la lucha de las masas.
Para evitar falsas discusiones, no tenemos ninguna confusión en que Obama defiende a fondo, al igual que Bush, los intereses imperialistas. Tampoco en que no es una “paloma de la paz” que abandone la “acción militar”: basta ver su política de intensificación en la guerra de Afganistán o en su plan de utilización de las bases militares de Colombia.
Pero la derrota que sufrió la política de Bush (el “siglo americano” y la “guerra contra el terror”) en Irak y Venezuela, y el curso desfavorable de la situación en Afganistán y Medio Oriente, etc., han obligado al imperialismo a cambiar su táctica y, entre otras cosas, no apoyar golpes de Estado en Latinoamérica. Que quedé entonces absolutamente claro: fue la lucha de las masas, y las derrotas infligidas a la política del imperialismo, y no la “buena voluntad” de Obama, las que le impusieron este cambio de táctica
En este marco, es evidente que el gobierno de Obama alentó las presiones de los “factores de poder” hondureños sobre el gobierno de Zelaya. Al mismo tiempo, después del golpe, el imperialismo se aprovecha de la situación para presionar Zelaya y hacerlo desistir de su plan de hacer una consulta sobre la Asamblea Constituyente y pactar con los golpistas.
Pero no impulsó el golpe como tal. En caso contrario, no se entiende que organismos como la ONU o la OEA, que difícilmente pueden ser calificados de “antiimperialistas”, hayan votado resoluciones contra el golpe y de no reconocimiento del gobierno de Micheletti. Una política muy distinta de la que Bush tuvo en Venezuela, en 2002, o, de modo más generalizado, la de Richard Nixon, en las décadas de 1960 y 1970, organizando golpes militares en toda Latinoamérica. Es decir, en lugar de intentar derrotar los procesos revolucionarios a través de golpes de Estado, pasa a utilizar la vía electoral, las negociaciones, los pactos o los acuerdos de paz para hacerlos retroceder.
También hay que ver que los golpistas, al mismo tiempo que aprovechan el espacio que les da la política negociadora de Obama, rechazan la vuelta de Zelaya al poder, aunque sea de modo muy condicionado para transferir el mando al nuevo presidente electo, porque esa vuelta expresaría el símbolo de su derrota.
Es imprescindible comprender este cambio de táctica del imperialismo para enfrentar el profundo peligro que representa la política real del gobierno de Obama para Honduras: la negociación con los golpistas a través del Plan Arias. Quien razona que es el gobierno de Obama el que está detrás del golpe en Honduras, queda en una posición que, por omisión, termina capitula a esta política concreta del imperialismo. Es decir no combate al Plan Arias ni su aceptación por parte de Zelaya.
Los desafíos de la resistencia
Existe una primer tarea de la resistencia que es la de ampliar la lucha la lucha a todos los sectores que aún no se han movilizado o están en dudas, fortaleciendo así su base social.
Al mismo tiempo, estas semanas de lucha han demostrado que la “resistencia pacífica” llamada por Zelaya no es suficiente para derrotar a los golpistas y les ha permitido mantenerse en el poder. Para triunfar, es necesario superar este límite que, hasta ahora, Zelaya ha logrado imponer.
Por otro lado, nunca en la historia se ha logrado derrotar un golpe o una dictadura militar a través de métodos pacíficos, en los que las masas inermes enfrentan a formaciones militares o policiales especializadas.
Por el contrario, además del heroísmo que ya han demostrado las masas hondureñas, siempre fue necesario un endurecimiento y una radicalización de los métodos de lucha (incluyendo el aspecto militar del enfrentamiento y la defensa armada de las masas y sus movilizaciones), y una acción para dividir y debilitar el “frente militar” de los golpistas, explotando sus contradicciones. En la mayoría de los casos, las masas también debieron superar la política conciliadora hacia los golpistas de la dirección burguesa derrocada que conducía la derrota.
Aún está fresco el recuerdo de la derrota del golpe militar en Venezuela, en 2002. En peores condiciones que las actuales en Honduras (el imperialismo sí apoyaba ese golpe; Chávez estaba detenido y ya había “bajado los brazos), las masas venezolanas rodearon el palacio de gobierno, fueron a los cuarteles para conseguir armas y dividir a los militares, formaron los “círculos bolivarianos” para combatir, etc.
Fue esta insurrección, que superó los límites impuestos por la política de Chávez, la que permitió que, en menos 48 horas, derrotaran el golpe y derrocaran al gobierno de Carmona, obligando a los golpistas a traer a Chávez de vuelta al poder. Es muy importante sacar las conclusiones de cuáles fueron las acciones que permitieron el triunfo de las masas venezolanas.
En el caso de Honduras, si bien Zelaya continúa siendo la dirección política de los sectores mayoritarios de las masas, la dirección cotidiana de la lucha ha estado en manos del Frente de la Resistencia al Golpe de Estado, que agrupa diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales. El Frente ha rechazado la propuesta del plan Arias pero, al mismo tiempo, hasta hora, no ha marcado una clara diferenciación con Zelaya ni ha impulsado la superación de los límites que éste le ha impuesto a la resistencia.
La LIT-CI llama a intensificar la movilización nacional e internacional contra el golpe. Es imprescindible, la organización clasista independiente de las masas para luchar a fondo contra el golpe y derrotarlo. El Frente de la Resistencia ha realizado una convocatoria al “Boicot contra la Dictadura Militar-Empresarial de Roberto Micheletti”. Apoyamos esta propuesta y pensamos que debe concretarse, por un lado, a través de la exigencia de ruptura de las relaciones con el gobierno de facto de los gobiernos de todos los países que aún no lo hicieron con el gobierno de facto. Por el otro, la exigencia del boicot económico, principalmente de Estados Unidos y los países centroamericanos, como El Salvador.
LIT-CI - Nueva época. Núm. 151 Agosto de 2009
La resistencia en una encrucijada
En el momento de escribir este Correo Internacional, casi siete semanas después del golpe de Estado en Honduras que derrocó el gobierno de Manuel “Mel” Zelaya y lo expulsó del país, se estaba desarrollando la “marcha sobre Tegucigalpa” llamada por el Frente de la Resistencia y otros sectores antigolpistas.
La marcha es una nueva demostración de que la resistencia al golpe se mantiene firme, a pesar de la feroz represión que lleva adelante el gobierno de Roberto Micheletti (que ya produjo varios muertos y cientos de detenidos) y de la trampa de las negociaciones con los golpistas, propuesta por el imperialismo yanqui, a través del presidente costarricense Oscar Arias, y apoyada por Zelaya. Al mismo tiempo, si bien los golpistas no terminan de consolidar su situación, se mantienen en el gobierno, a pesar de la resistencia interna que enfrentan y de su aislamiento internacional.
En este marco, la LIT-CI, a la vez que reafirma su apoyo y su solidaridad incondicional con la resistencia de los trabajadores y las masas hondureñas, considera que es un momento oportuno para extraer algunas conclusiones de este proceso de lucha, que permitan ayudar a su desarrollo y a su triunfo.
El centro es la lucha contra los golpistas
El centro de la movilización de las masas hondureñas es la lucha por derrotar a los golpistas. Es decir, la lucha por derrocar al gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti.
Una consolidación de los golpistas en el poder, incluso por medio de una “legalización” a través de las elecciones, significaría un triunfo de la reaccionaria burguesía hondureña y de las FF.AA., que quedarían en mejores condiciones de atacar aún más a los trabajadores y a las masas.
A través del Plan Arias, el imperialismo intenta una vuelta de Zelaya maniatado por un pacto que preserve a los golpistas y evite que sean castigados por su acción.
Por el contrario, una derrota de los golpistas significaría un gran triunfo de las masas hondureñas, y abriría la posibilidad de un proceso revolucionario en la que puedan luchar también por cambiar las profundas raíces socioeconómicas que hoy las condenan a la pobreza y a la miseria. Nos referimos a la colonización imperialista, a la propiedad latifundista de la tierra, a las maquilas, etc. En otras palabras, para avanzar en la perspectiva de la lucha por el socialismo, hoy es necesario luchar contra los golpistas y derrotarlos.
Hace más de 20 años que no hay golpes triunfantes en Latinoamérica: las dos últimas intentonas (en Venezuela, contra Chávez, en 2002; y la de Hormando Vaca Diez, en Bolivia, en 2005) fueron derrotadas por la acción del movimiento de masas. En ese sentido, un triunfo o una derrota de las masas hondureñas serían, también, un triunfo o una derrota de las masas de todo el mundo, en especial las de Centro y Latinoamérica. Esa es la razón profunda por la debemos redoblar el apoyo y la solidaridad con su lucha.
Por qué reivindicar la vuelta de Zelaya al gobierno
En el marco de una amplia unidad de acción antigolpista en Honduras y en el mundo, que abarca desde sectores burgueses hasta el conjunto de la izquierda, existe un debate sobre, por lo menos, dos cuestiones centrales. Por un lado, cuál debe ser el programa de la lucha contra el golpe y, por el otro, con qué metodología se debe llevar adelante esta lucha.
Uno de las cuestiones más discutidas es si se debe o no reivindicar la vuelta de Zelaya al gobierno, como hace la LIT-CI y otras organizaciones, porque se trata de un “dirigente burgués”. Por lo tanto, reivindicar su restitución en el poder sería “capitular a la burguesía”.
La LIT-CI no tiene ninguna confusión sobre quién es Zelaya: un dirigente burgués reaccionario proveniente de la oligarquía hondureña y del riñón del sistema político burgués que apenas rozó superficialmente los intereses de su clase. Tampoco tenemos ninguna confusión sobre su actual política de capitulación al plan negociador con los golpistas del imperialismo y sobre el papel de freno a la movilización que viene jugando.
Pero sectores mayoritarios de las masas hondureñas lo ven como “su” dirigente y están dispuestas a luchar contra los “poderes establecidos” para que vuelva al gobierno. No es la primera vez que las masas de un país están dispuestas a luchar por la vuelta de un dirigente burgués. En Argentina, por ejemplo, después del golpe que lo derrocó en 1955, las masas lucharon durante casi dos décadas por la vuelta de Perón, con una dura resistencia que incluyó varias semi-insurecciones. Lo mismo aconteció, en Venezuela, con la lucha que derrotó al golpe de abril de 2002 y restituyó en el poder a Hugo Chávez.
Y estos procesos de lucha, si bien contienen el elemento negativo de la confianza en la dirección burguesa, son muy progresivos (e incluso pueden, abrir una dinámica revolucionaria) porque enfrentan a los “factores de poder”: los sectores más concentrados de la burguesía y las FFAA.
Por otro lado, la “vuelta” del “dirigente burgués”, en este caso de Zelaya, es un elemento imprescindible para que las masas puedan hacer la experiencia con él y avanzar en su consciencia, superando los límites impuestos a la movilización de las masas por esa dirección.
No al plan Arias
Levantar la consigna de la vuelta de Zelaya significa que llamamos a desarrollar movilizaciones unitarias contra el golpe junto con los zelayistas, por esta reivindicación. Al mismo, tiempo, consideramos imprescindible realizar una crítica implacable de la política que viene impulsando Zelaya en esta situación.
Especialmente, su apoyo al Plan Arias (en realidad, Plan Obama-Clinton), Es decir, su política de mantener la resistencia en un terreno “pacífico” y sólo como un elemento para presionar a los golpistas a la negociación y no desarrollarla como la única herramienta capaz de derrocar al gobierno de Micheletti, a través de esta lucha.
Cualquier confianza en estas negociaciones como la vía central para la salida de los golpistas (como propone el propio Zelaya) llevará la resistencia a la derrota. Por lo mismo, es imprescindible que el rechazo al Plan Arias (o a cualquier otra negociación con los golpistas) integre claramente el programa de la resistencia.
La política de Obama
Antes de entrar en las consideraciones de cuál sería el camino para el avance de la resistencia al golpe, es necesario entender que el gobierno de Barack Obama representa un cambio, con respecto al de su antecesor George Bush, en la táctica política del imperialismo para enfrentar la situación mundial y la lucha de las masas.
Para evitar falsas discusiones, no tenemos ninguna confusión en que Obama defiende a fondo, al igual que Bush, los intereses imperialistas. Tampoco en que no es una “paloma de la paz” que abandone la “acción militar”: basta ver su política de intensificación en la guerra de Afganistán o en su plan de utilización de las bases militares de Colombia.
Pero la derrota que sufrió la política de Bush (el “siglo americano” y la “guerra contra el terror”) en Irak y Venezuela, y el curso desfavorable de la situación en Afganistán y Medio Oriente, etc., han obligado al imperialismo a cambiar su táctica y, entre otras cosas, no apoyar golpes de Estado en Latinoamérica. Que quedé entonces absolutamente claro: fue la lucha de las masas, y las derrotas infligidas a la política del imperialismo, y no la “buena voluntad” de Obama, las que le impusieron este cambio de táctica
En este marco, es evidente que el gobierno de Obama alentó las presiones de los “factores de poder” hondureños sobre el gobierno de Zelaya. Al mismo tiempo, después del golpe, el imperialismo se aprovecha de la situación para presionar Zelaya y hacerlo desistir de su plan de hacer una consulta sobre la Asamblea Constituyente y pactar con los golpistas.
Pero no impulsó el golpe como tal. En caso contrario, no se entiende que organismos como la ONU o la OEA, que difícilmente pueden ser calificados de “antiimperialistas”, hayan votado resoluciones contra el golpe y de no reconocimiento del gobierno de Micheletti. Una política muy distinta de la que Bush tuvo en Venezuela, en 2002, o, de modo más generalizado, la de Richard Nixon, en las décadas de 1960 y 1970, organizando golpes militares en toda Latinoamérica. Es decir, en lugar de intentar derrotar los procesos revolucionarios a través de golpes de Estado, pasa a utilizar la vía electoral, las negociaciones, los pactos o los acuerdos de paz para hacerlos retroceder.
También hay que ver que los golpistas, al mismo tiempo que aprovechan el espacio que les da la política negociadora de Obama, rechazan la vuelta de Zelaya al poder, aunque sea de modo muy condicionado para transferir el mando al nuevo presidente electo, porque esa vuelta expresaría el símbolo de su derrota.
Es imprescindible comprender este cambio de táctica del imperialismo para enfrentar el profundo peligro que representa la política real del gobierno de Obama para Honduras: la negociación con los golpistas a través del Plan Arias. Quien razona que es el gobierno de Obama el que está detrás del golpe en Honduras, queda en una posición que, por omisión, termina capitula a esta política concreta del imperialismo. Es decir no combate al Plan Arias ni su aceptación por parte de Zelaya.
Los desafíos de la resistencia
Existe una primer tarea de la resistencia que es la de ampliar la lucha la lucha a todos los sectores que aún no se han movilizado o están en dudas, fortaleciendo así su base social.
Al mismo tiempo, estas semanas de lucha han demostrado que la “resistencia pacífica” llamada por Zelaya no es suficiente para derrotar a los golpistas y les ha permitido mantenerse en el poder. Para triunfar, es necesario superar este límite que, hasta ahora, Zelaya ha logrado imponer.
Por otro lado, nunca en la historia se ha logrado derrotar un golpe o una dictadura militar a través de métodos pacíficos, en los que las masas inermes enfrentan a formaciones militares o policiales especializadas.
Por el contrario, además del heroísmo que ya han demostrado las masas hondureñas, siempre fue necesario un endurecimiento y una radicalización de los métodos de lucha (incluyendo el aspecto militar del enfrentamiento y la defensa armada de las masas y sus movilizaciones), y una acción para dividir y debilitar el “frente militar” de los golpistas, explotando sus contradicciones. En la mayoría de los casos, las masas también debieron superar la política conciliadora hacia los golpistas de la dirección burguesa derrocada que conducía la derrota.
Aún está fresco el recuerdo de la derrota del golpe militar en Venezuela, en 2002. En peores condiciones que las actuales en Honduras (el imperialismo sí apoyaba ese golpe; Chávez estaba detenido y ya había “bajado los brazos), las masas venezolanas rodearon el palacio de gobierno, fueron a los cuarteles para conseguir armas y dividir a los militares, formaron los “círculos bolivarianos” para combatir, etc.
Fue esta insurrección, que superó los límites impuestos por la política de Chávez, la que permitió que, en menos 48 horas, derrotaran el golpe y derrocaran al gobierno de Carmona, obligando a los golpistas a traer a Chávez de vuelta al poder. Es muy importante sacar las conclusiones de cuáles fueron las acciones que permitieron el triunfo de las masas venezolanas.
En el caso de Honduras, si bien Zelaya continúa siendo la dirección política de los sectores mayoritarios de las masas, la dirección cotidiana de la lucha ha estado en manos del Frente de la Resistencia al Golpe de Estado, que agrupa diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales. El Frente ha rechazado la propuesta del plan Arias pero, al mismo tiempo, hasta hora, no ha marcado una clara diferenciación con Zelaya ni ha impulsado la superación de los límites que éste le ha impuesto a la resistencia.
La LIT-CI llama a intensificar la movilización nacional e internacional contra el golpe. Es imprescindible, la organización clasista independiente de las masas para luchar a fondo contra el golpe y derrotarlo. El Frente de la Resistencia ha realizado una convocatoria al “Boicot contra la Dictadura Militar-Empresarial de Roberto Micheletti”. Apoyamos esta propuesta y pensamos que debe concretarse, por un lado, a través de la exigencia de ruptura de las relaciones con el gobierno de facto de los gobiernos de todos los países que aún no lo hicieron con el gobierno de facto. Por el otro, la exigencia del boicot económico, principalmente de Estados Unidos y los países centroamericanos, como El Salvador.
domingo, 7 de junio de 2009
Chevron, Shell y el verdadero costo del petróleo
Por Amy Goodman/www.democracynow.org/es
La economía es un caos, el desempleo aumenta, la industria automotriz está colapsando. Pero las ganancias de las empresas petroleras Chevron y Shell son más altas que nunca. Sin embargo, alrededor del mundo—desde la selva ecuatoriana, hasta el Delta del Níger en Nigeria, pasando por los tribunales y las calles de Nueva York y San Ramón, California—la gente está luchando contra las gigantes petroleras del mundo. Shell y Chevron están en el centro de atención debido a sus asambleas de accionistas y a un juicio histórico, dos hechos que están ocurriendo esta semana.
El 13 de mayo, las Fuerzas Armadas nigerianas lanzaron un ataque contra poblados en el Delta del Níger, una zona del país rica en petróleo. Se teme que cientos de civiles hayan muerto en la ofensiva. Una celebración en el poblado de Oporoza, en el área del delta, fue atacada, según Amnistía Internacional. Un testigo le dijo a la organización: “Escuché el sonido de una aeronave; vi dos helicópteros militares disparando a las casas, al palacio, disparándonos a nosotros. Tuvimos que correr a un lugar seguro dentro de la selva. En los matorrales, escuché a adultos llorando, tantas madres que no podían encontrar a sus hijos; todos corrieron para salvar sus vidas”.
Shell afronta un juicio en un tribunal federal de Estados Unidos, el caso Wiwa contra Shell, en base a la supuesta colaboración de la petrolera en la violenta represión del movimiento de base del pueblo Ogoni, del Delta del Níger, llevada a cabo por la dictadura nigeriana durante la década del 90. Shell explota las riquezas petroleras del Delta del Níger, provocando desplazamientos, contaminación y deforestación. La demanda también afirma que Shell ayudó a eliminar el Movimiento por la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni y a su carismático líder, Ken Saro-Wiwa. Saro-Wiwa había sido el guionista de la telenovela más popular de Nigeria, pero decidió unirse a los Ogoni, cuyo territorio cerca del Delta del Níger había sido surcado por oleoductos. Los niños de Ogonilandia, como se denomina su tierra, no sabían lo que era una noche oscura, vivían bajo los destellos de las llamaradas, llamaradas de gas del tamaño de un edificio de apartamentos que estaban encendidas día y noche, y que son ilegales en Estados Unidos.
Entrevisté a Saro-Wiwa en 1994. Me dijo: “A las empresas petroleras les gustan las dictaduras militares porque, básicamente, bajo estas dictaduras pueden estafar. Las dictaduras son brutales con la gente, y puedan negar los derechos humanos de las personas y de las comunidades muy fácilmente, sin escrúpulos", y agregó: “En lo que a mí respecta, soy un hombre marcado”.
Saro-Wiwa regresó a Nigeria y fue arrestado por la Junta Militar. El 10 de noviembre de 1995, luego de un juicio arreglado, fue colgado junto con otros ocho activistas Ogoni.
En 1998, viajé al Delta del Níger con el periodista Jeremy Scahill. Un ejecutivo de Chevron que se encontraba allí nos dijo que la empresa transportó tropas de la mal reputada Fuerza Policíal Móvil nigeriana–conocida por su política de “matar e irse”-, en un helicóptero que le pertenecía a la compañía, hasta una lancha petrolera que había sido ocupada por manifestantes no violentos. Dos manifestantes fueron asesinados, y muchos otros fueron arrestados y torturados.
Oronto Douglas, uno de los abogados de Saro-Wiwa, nos dijo: “Está muy claro que Chevron, al igual que Shell, utiliza a las Fuerzas Armadas para proteger sus actividades petroleras. Perforan y matan”.
Chevron es el segundo mayor accionista (después de la empresa petrolera francesa Total) del proyecto del campo de gas natural y gasoducto de Yadana, en Birmania (que la Junta Militar ha renombrado "Myanmar"). El gasoducto es la mayor fuente primaria de ingresos de la Junta Militar, y sus ganacias le sumaron un total de alrededor de mil millones de dólares en 2007. La Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que fue elegida popularmente como líder de Birmania en 1990, ha estado bajo arresto domiciliario durante 14 de los últimos 20 años, y tendrá que comparecer ante los tribunales nuevamente esta semana (el martes, el gobierno dijo que había puesto fin al arresto domiciliario de Suu Kyi, pero permanece detenida, en espera del resultado del juicio). El gobierno de Estados Unidos prohibió a las empresas estadounidenses invertir en Birmania desde 1997, pero Chevron tiene una exoneración, que heredó cuando adquirió la empresa petrolera Unocal.
Una larga lista en la que se enumeran abusos similares cometidos por Chevron, desde Filipinas a Kazajistán, Chad, Camerún, Irak, Ecuador y Angola, y en todo Estados Unidos y Canadá, es detallada en un “informe anual alternativo” preparado por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, que está siendo distribuido a los accionistas de Chevron en su asamblea anual de esta semana, y al público en TrueCostofChevron.com.
Chevron está siendo investigada por el Fiscal General del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acerca de si la empresa fue “precisa y exhaustiva” en la descripción de sus potenciales responsabilidades legales. Sin embargo, goza de una larga tradición de contratar a gente con poder político. Condoleezza Rice fue directora de la empresa durante mucho tiempo (incluso había un buque petrolero con su nombre), y el nuevo asesor general recientemente contratado es nada menos que el desprestigiado abogado del Pentágono, William J. Haynes, quien defendió las “técnicas de interrogatorio severas”, incluso el submarino. El General James L. Jones, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Barack Obama, formó parte de la Junta de Directores de Chevron durante la mayor parte de 2008, hasta que recibió la designación de alto nivel en la Casa Blanca.
Saro-Wiwa dijo antes de morir: “Vamos a exigir nuestros derechos en forma pacífica, sin violencia, y venceremos”. Un movimiento popular mundial está creciendo para lograr justamente eso.
De: Columna de Amy Goodman
Para: liga_socialista@yahoo.es
La economía es un caos, el desempleo aumenta, la industria automotriz está colapsando. Pero las ganancias de las empresas petroleras Chevron y Shell son más altas que nunca. Sin embargo, alrededor del mundo—desde la selva ecuatoriana, hasta el Delta del Níger en Nigeria, pasando por los tribunales y las calles de Nueva York y San Ramón, California—la gente está luchando contra las gigantes petroleras del mundo. Shell y Chevron están en el centro de atención debido a sus asambleas de accionistas y a un juicio histórico, dos hechos que están ocurriendo esta semana.
El 13 de mayo, las Fuerzas Armadas nigerianas lanzaron un ataque contra poblados en el Delta del Níger, una zona del país rica en petróleo. Se teme que cientos de civiles hayan muerto en la ofensiva. Una celebración en el poblado de Oporoza, en el área del delta, fue atacada, según Amnistía Internacional. Un testigo le dijo a la organización: “Escuché el sonido de una aeronave; vi dos helicópteros militares disparando a las casas, al palacio, disparándonos a nosotros. Tuvimos que correr a un lugar seguro dentro de la selva. En los matorrales, escuché a adultos llorando, tantas madres que no podían encontrar a sus hijos; todos corrieron para salvar sus vidas”.
Shell afronta un juicio en un tribunal federal de Estados Unidos, el caso Wiwa contra Shell, en base a la supuesta colaboración de la petrolera en la violenta represión del movimiento de base del pueblo Ogoni, del Delta del Níger, llevada a cabo por la dictadura nigeriana durante la década del 90. Shell explota las riquezas petroleras del Delta del Níger, provocando desplazamientos, contaminación y deforestación. La demanda también afirma que Shell ayudó a eliminar el Movimiento por la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni y a su carismático líder, Ken Saro-Wiwa. Saro-Wiwa había sido el guionista de la telenovela más popular de Nigeria, pero decidió unirse a los Ogoni, cuyo territorio cerca del Delta del Níger había sido surcado por oleoductos. Los niños de Ogonilandia, como se denomina su tierra, no sabían lo que era una noche oscura, vivían bajo los destellos de las llamaradas, llamaradas de gas del tamaño de un edificio de apartamentos que estaban encendidas día y noche, y que son ilegales en Estados Unidos.
Entrevisté a Saro-Wiwa en 1994. Me dijo: “A las empresas petroleras les gustan las dictaduras militares porque, básicamente, bajo estas dictaduras pueden estafar. Las dictaduras son brutales con la gente, y puedan negar los derechos humanos de las personas y de las comunidades muy fácilmente, sin escrúpulos", y agregó: “En lo que a mí respecta, soy un hombre marcado”.
Saro-Wiwa regresó a Nigeria y fue arrestado por la Junta Militar. El 10 de noviembre de 1995, luego de un juicio arreglado, fue colgado junto con otros ocho activistas Ogoni.
En 1998, viajé al Delta del Níger con el periodista Jeremy Scahill. Un ejecutivo de Chevron que se encontraba allí nos dijo que la empresa transportó tropas de la mal reputada Fuerza Policíal Móvil nigeriana–conocida por su política de “matar e irse”-, en un helicóptero que le pertenecía a la compañía, hasta una lancha petrolera que había sido ocupada por manifestantes no violentos. Dos manifestantes fueron asesinados, y muchos otros fueron arrestados y torturados.
Oronto Douglas, uno de los abogados de Saro-Wiwa, nos dijo: “Está muy claro que Chevron, al igual que Shell, utiliza a las Fuerzas Armadas para proteger sus actividades petroleras. Perforan y matan”.
Chevron es el segundo mayor accionista (después de la empresa petrolera francesa Total) del proyecto del campo de gas natural y gasoducto de Yadana, en Birmania (que la Junta Militar ha renombrado "Myanmar"). El gasoducto es la mayor fuente primaria de ingresos de la Junta Militar, y sus ganacias le sumaron un total de alrededor de mil millones de dólares en 2007. La Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que fue elegida popularmente como líder de Birmania en 1990, ha estado bajo arresto domiciliario durante 14 de los últimos 20 años, y tendrá que comparecer ante los tribunales nuevamente esta semana (el martes, el gobierno dijo que había puesto fin al arresto domiciliario de Suu Kyi, pero permanece detenida, en espera del resultado del juicio). El gobierno de Estados Unidos prohibió a las empresas estadounidenses invertir en Birmania desde 1997, pero Chevron tiene una exoneración, que heredó cuando adquirió la empresa petrolera Unocal.
Una larga lista en la que se enumeran abusos similares cometidos por Chevron, desde Filipinas a Kazajistán, Chad, Camerún, Irak, Ecuador y Angola, y en todo Estados Unidos y Canadá, es detallada en un “informe anual alternativo” preparado por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, que está siendo distribuido a los accionistas de Chevron en su asamblea anual de esta semana, y al público en TrueCostofChevron.com.
Chevron está siendo investigada por el Fiscal General del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acerca de si la empresa fue “precisa y exhaustiva” en la descripción de sus potenciales responsabilidades legales. Sin embargo, goza de una larga tradición de contratar a gente con poder político. Condoleezza Rice fue directora de la empresa durante mucho tiempo (incluso había un buque petrolero con su nombre), y el nuevo asesor general recientemente contratado es nada menos que el desprestigiado abogado del Pentágono, William J. Haynes, quien defendió las “técnicas de interrogatorio severas”, incluso el submarino. El General James L. Jones, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Barack Obama, formó parte de la Junta de Directores de Chevron durante la mayor parte de 2008, hasta que recibió la designación de alto nivel en la Casa Blanca.
Saro-Wiwa dijo antes de morir: “Vamos a exigir nuestros derechos en forma pacífica, sin violencia, y venceremos”. Un movimiento popular mundial está creciendo para lograr justamente eso.
De: Columna de Amy Goodman
Para: liga_socialista@yahoo.es
sábado, 6 de junio de 2009
TODO EL APOYO A LA HEROICA LUCHA DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS
El APRA ha vuelto a recordar que las masacres de su primer gobierno, como Cayara y el Frontón, o el asesinato selectivo, vía paramilitares, de dirigentes obreros y populares como Saul Cantoral no son asunto del pasado.
El 5 de junio del 2009, Alan García, sacándose la mascareta democrática y de ‘diálogo’, ordenó la represión brutal de dirigentes y luchadores indígenas. El saldo de esta brutal represión cuenta con más de 100 heridos, 45 de los cuales con impactos de bala, 27 nativos y 13 policías muertos. Esta masacre contra los indígenas de la Amazonía peruana merece nuestra más profunda solidaridad con la lucha amazónica que se viene desarrollando en diferentes lugares del país y el total rechazo y condena al gobierno y régimen terrorista que pretende imponernos el actual gobierno del APRA.
El APRA llegó al poder con un programa de gobierno demagógico y que se ha ido revelando como mentiroso, uno de los puntos centrales que le vendieron al pueblo peruano fue la no firma del TLC. Hoy producto de esta felonía se han promulgado una serie de decretos que vulneran la soberanía del país y embargan nuestros recursos naturales a manos extranjeras, para permitir los acuerdos firmados del TLC con EEUU, además con China y Chile. Es dentro de este marco legal que se pretende concesionar, los bosques amazónicos, el subsuelo, el agua, minerales, petróleo, gas, etc. al mejor postor. El argumento del gobierno: “los nativos y comunidades campesinas son una minoría de la población peruana que no pueden entorpecer el desarrollo del país”,… “esto nos pertenece a todos los peruanos”. Pero en palabras de Aurelio Pastor (parlamentario aprista) “el objetivo de las normas es incentivar la inversión privada”, es decir, romper con los derechos colectivos que los pobladores amazónicos tienen sobre su territorio en favor de la propiedad privada empresarial.
La actual lucha amazónica marca el punto más alto y un salto en el desarrollo de las luchas populares en nuestro país, que, a diferencia de principios de la década tiene una población que viene recuperando iniciativa de lucha, se reagrupa en torno a organizaciones resueltas a luchar con independencia y dispuestas a llegar hasta el final y sobre todo va redescubriendo métodos y tradiciones que el neoliberalismo intentó barrer con el terror fujimorista, la imposición continuista de Toledo o la sebosa humanidad de los apristas que hoy están en el poder.
No se trata de una lucha aislada, es la lucha por nuestra soberanía, los amazónicos expresan hoy mejor que nadie la necesidad de defender un patrimonio que no se puede negociar, la amazonia es un ecosistema frágil donde cualquier perturbación puede desencadenar la desaparición de especies únicas de plantas, animales y de las comunidades humanas que viven de ellos, además de ser el único “pulmón” del mundo. No se trata de “tierras eriazas”, es decir, sin uso, por el contrario son bosques, ríos, montes que forman parte de un delicado equilibrio y esto lo sabe el “experto” Antonio Brack, ministro neoliberal del ambiente.
El hecho de que el gobierno haya derogado alguno de estos decretos sólo ha sido posible por la presión y movilización de los pueblos originarios. Va contra la implementación de la política económica hambreadora y de saqueo de nuestros recursos a manos de las transnacionales capitalistas. Tengamos en cuenta que estos planes son parte del proyecto que el imperialismo tiene para salir de su crisis cargando sobre nuestros países sus miserias.
Impulsemos la victoria de los pueblos amazónicos para que sirva de ejemplo a la clase trabajadora (que está siendo golpeada por la crisis económica) para movilizarse, emprender una lucha organizada y unitaria que fusione en un solo puño la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad.
La CGTP debe dejar de lado la negociación y el cálculo electoral e impulsar medidas de lucha con una política que marque una posición clara ente la masacre y el genocidio perpetrado por el Estado, debe convocar a movilizaciones y acciones de lucha concretas asumiendo la lucha amazónica como una lucha por nuestra soberanía territorial frente a la penetración imperialista en nuestro país. La dirección de la FDTC debe hacer otro tanto. Es hora de concretizar la más amplia unidad para enfrentar la ofensiva autoritaria del gobierno y abrir un nuevo capítulo en las luchas populares.
Exigimos la derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales que afectan a los derechos de las comunidades nativas.
Llamamos a todo el pueblo a salir a las calles a respaldar esta importante lucha que involucra a todos los peruanos. Derrotemos la Violencia Aprista y a su gobierno con el Paro Nacional de todo el pueblo
Muerte al gobierno aprista-genocida y sus lacayos.
Por una asamblea constituyente soberana y con poder, con representantes de los trabajadores.
Formar asambleas populares y comités de apoyo.
Huelga general indefinida, hasta que caiga el gobierno.
Todo el pueblo a las calles.
Muerte al capitalismo, por un gobierno obrero campesino y popular
Socialismo o muerte, venceremos.
Viva la lucha de los pueblos amazónicos.
Cusco 6 de junio de 2009
Liga Socialista y Juventud Socialista
El 5 de junio del 2009, Alan García, sacándose la mascareta democrática y de ‘diálogo’, ordenó la represión brutal de dirigentes y luchadores indígenas. El saldo de esta brutal represión cuenta con más de 100 heridos, 45 de los cuales con impactos de bala, 27 nativos y 13 policías muertos. Esta masacre contra los indígenas de la Amazonía peruana merece nuestra más profunda solidaridad con la lucha amazónica que se viene desarrollando en diferentes lugares del país y el total rechazo y condena al gobierno y régimen terrorista que pretende imponernos el actual gobierno del APRA.
El APRA llegó al poder con un programa de gobierno demagógico y que se ha ido revelando como mentiroso, uno de los puntos centrales que le vendieron al pueblo peruano fue la no firma del TLC. Hoy producto de esta felonía se han promulgado una serie de decretos que vulneran la soberanía del país y embargan nuestros recursos naturales a manos extranjeras, para permitir los acuerdos firmados del TLC con EEUU, además con China y Chile. Es dentro de este marco legal que se pretende concesionar, los bosques amazónicos, el subsuelo, el agua, minerales, petróleo, gas, etc. al mejor postor. El argumento del gobierno: “los nativos y comunidades campesinas son una minoría de la población peruana que no pueden entorpecer el desarrollo del país”,… “esto nos pertenece a todos los peruanos”. Pero en palabras de Aurelio Pastor (parlamentario aprista) “el objetivo de las normas es incentivar la inversión privada”, es decir, romper con los derechos colectivos que los pobladores amazónicos tienen sobre su territorio en favor de la propiedad privada empresarial.
La actual lucha amazónica marca el punto más alto y un salto en el desarrollo de las luchas populares en nuestro país, que, a diferencia de principios de la década tiene una población que viene recuperando iniciativa de lucha, se reagrupa en torno a organizaciones resueltas a luchar con independencia y dispuestas a llegar hasta el final y sobre todo va redescubriendo métodos y tradiciones que el neoliberalismo intentó barrer con el terror fujimorista, la imposición continuista de Toledo o la sebosa humanidad de los apristas que hoy están en el poder.
No se trata de una lucha aislada, es la lucha por nuestra soberanía, los amazónicos expresan hoy mejor que nadie la necesidad de defender un patrimonio que no se puede negociar, la amazonia es un ecosistema frágil donde cualquier perturbación puede desencadenar la desaparición de especies únicas de plantas, animales y de las comunidades humanas que viven de ellos, además de ser el único “pulmón” del mundo. No se trata de “tierras eriazas”, es decir, sin uso, por el contrario son bosques, ríos, montes que forman parte de un delicado equilibrio y esto lo sabe el “experto” Antonio Brack, ministro neoliberal del ambiente.
El hecho de que el gobierno haya derogado alguno de estos decretos sólo ha sido posible por la presión y movilización de los pueblos originarios. Va contra la implementación de la política económica hambreadora y de saqueo de nuestros recursos a manos de las transnacionales capitalistas. Tengamos en cuenta que estos planes son parte del proyecto que el imperialismo tiene para salir de su crisis cargando sobre nuestros países sus miserias.
Impulsemos la victoria de los pueblos amazónicos para que sirva de ejemplo a la clase trabajadora (que está siendo golpeada por la crisis económica) para movilizarse, emprender una lucha organizada y unitaria que fusione en un solo puño la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad.
La CGTP debe dejar de lado la negociación y el cálculo electoral e impulsar medidas de lucha con una política que marque una posición clara ente la masacre y el genocidio perpetrado por el Estado, debe convocar a movilizaciones y acciones de lucha concretas asumiendo la lucha amazónica como una lucha por nuestra soberanía territorial frente a la penetración imperialista en nuestro país. La dirección de la FDTC debe hacer otro tanto. Es hora de concretizar la más amplia unidad para enfrentar la ofensiva autoritaria del gobierno y abrir un nuevo capítulo en las luchas populares.
Exigimos la derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales que afectan a los derechos de las comunidades nativas.
Llamamos a todo el pueblo a salir a las calles a respaldar esta importante lucha que involucra a todos los peruanos. Derrotemos la Violencia Aprista y a su gobierno con el Paro Nacional de todo el pueblo
Muerte al gobierno aprista-genocida y sus lacayos.
Por una asamblea constituyente soberana y con poder, con representantes de los trabajadores.
Formar asambleas populares y comités de apoyo.
Huelga general indefinida, hasta que caiga el gobierno.
Todo el pueblo a las calles.
Muerte al capitalismo, por un gobierno obrero campesino y popular
Socialismo o muerte, venceremos.
Viva la lucha de los pueblos amazónicos.
Cusco 6 de junio de 2009
Liga Socialista y Juventud Socialista
miércoles, 6 de mayo de 2009
Aprender de otros: La lucha antiburocrática en Argentina
Elecciones en nuevo sindicato subte
Luego del plebiscito que se realizara en febrero de este año donde la mayoría de los trabajadores se expresaron por la creación de un nuevo sindicato por fuera de la burocracia de la UTA, se está viviendo en la nueva organización una intensa actividad. Compañeros y compañeras cobran la cuota a los más de 1500 afiliados en ¡¡sólo dos meses de existencia!! (una cantidad que sube diariamente).
Éste es un aspecto distintivo ya que la cuota no es compulsiva sino que se cobra mes a mes, en mano, como era tradicional en los sindicatos anarquistas y socialistas de principios del siglo pasado. Al mismo tiempo se desarrollan reuniones para discutir diversos aspectos que van desde la creación de secretarías como la Secretaría de Género, de Cultura, cuestiones sobre la cobertura de salud, recreación, etc, buscando el involucramiento de los compañeros y compañeras de todas las líneas. En medio de todo esto, un nuevo paso significativo que consolida este sindicato surgido de una de las luchas
antiburocráticas más importante de los últimos quince años en Argentina, es la realización de las elecciones del nuevo cuerpo de delegados. Sí, nuevos compañeros u otros que han estado siempre al frente de la lucha y que han sido ratificados, en elecciones de todas las líneas y talleres, con una alta participación de casi 1800 trabajadores, a pesar de la campaña desplegada por la burocracia y todos los impedimentos puestos por la patronal a los trabajadores para que pudieran ir a votar. Ni los matones de la UTA (Unión de Trabajadores Argentinos), ni la patronal, ni el gobierno (que niega la legalidad del nuevo sindicato) han podido detener la decisión firme y consciente de los trabajadores y trabajadoras del subte. Para ellos y ellas toda la solidaridad de clase y felicitaciones por este nuevo triunfo.
El internacionalismo proletario no significa tanto conocer las experiencias de los obreros de otras partes sino, sobre todo, aprender de ellas.
Luego del plebiscito que se realizara en febrero de este año donde la mayoría de los trabajadores se expresaron por la creación de un nuevo sindicato por fuera de la burocracia de la UTA, se está viviendo en la nueva organización una intensa actividad. Compañeros y compañeras cobran la cuota a los más de 1500 afiliados en ¡¡sólo dos meses de existencia!! (una cantidad que sube diariamente).
Éste es un aspecto distintivo ya que la cuota no es compulsiva sino que se cobra mes a mes, en mano, como era tradicional en los sindicatos anarquistas y socialistas de principios del siglo pasado. Al mismo tiempo se desarrollan reuniones para discutir diversos aspectos que van desde la creación de secretarías como la Secretaría de Género, de Cultura, cuestiones sobre la cobertura de salud, recreación, etc, buscando el involucramiento de los compañeros y compañeras de todas las líneas. En medio de todo esto, un nuevo paso significativo que consolida este sindicato surgido de una de las luchas
antiburocráticas más importante de los últimos quince años en Argentina, es la realización de las elecciones del nuevo cuerpo de delegados. Sí, nuevos compañeros u otros que han estado siempre al frente de la lucha y que han sido ratificados, en elecciones de todas las líneas y talleres, con una alta participación de casi 1800 trabajadores, a pesar de la campaña desplegada por la burocracia y todos los impedimentos puestos por la patronal a los trabajadores para que pudieran ir a votar. Ni los matones de la UTA (Unión de Trabajadores Argentinos), ni la patronal, ni el gobierno (que niega la legalidad del nuevo sindicato) han podido detener la decisión firme y consciente de los trabajadores y trabajadoras del subte. Para ellos y ellas toda la solidaridad de clase y felicitaciones por este nuevo triunfo.
El internacionalismo proletario no significa tanto conocer las experiencias de los obreros de otras partes sino, sobre todo, aprender de ellas.
La industria de la carne desata una nueva plaga Influenza porcina: Un sistema alimentario que mata
Algunas apreciaciones sobre la influenza humana:
1. Parece que no solo la guerra o cargar directamente sobre los trabajadores la crisis será útil para que la burguesía mundial salga del hoyo en el que se encuentra. Hoy podemos ver una nueva forma, las pandemias.
2. No sería nada raro que la industria farmacéutica tenga algo que ver con esta pandemia con la intención de reactivar este sector.
3. Por los trastornos económicos-sociales en las actividades de los trabajadores a causa de la pandemia su situación se agravará y las luchas aumentaran.
4. Cuando la represión no puede detener la lucha de los pobres, una pandemia quizá si lo pueda.
5. La crisis recibe como anillo al dedo esta pandemia pues podría por un lado reactivar un sector productivo (el farmacéutico), por otro distraer la atención de los trabajadores de los efectos de la crisis.
6. Con esta pandemia los sistemas sanitarios o de salud en cada país evidenciaran que el capitalismo no esta preparado para salvar a la humanidad de un pandemia de estas o peores características; solo vasta mencionar que la cura saldría solo en 06 meses promedio (aunque es sabido que no lo sacan antes porque no es rentable, necesitan mas infectados). Por lo cual la cuestión de la salud dentro del programa revolucionario será mucho más evidente, pues quienes mueren no son los de la burguesía.
7. Una buena forma de reducir el desempleo es matando desempleados.
8. si luego de la crisis el mundo ya no seria el mismo, luego de esta pandemia más aún.
9. La pandemia será una linda mascara para garantizar los despidos, cierre de fabricas, vacaciones forzosas, etc. Sin tener que decirlo así. Con la excusa de evitar los contagios.
10. Sin duda alguna la pandemia esta jugando el papel de psicosocial en el planeta entero.
11. La pandemia servirá a dos vías y dependerá de las fuerzas que ambas partes puedan desplegar; o servirá para que la crisis la paguen los trabajadores sin resistencia alguna, o, servirá para garantizar trabajo de propaganda por la revolución socialista y el socialismo.
1. Parece que no solo la guerra o cargar directamente sobre los trabajadores la crisis será útil para que la burguesía mundial salga del hoyo en el que se encuentra. Hoy podemos ver una nueva forma, las pandemias.
2. No sería nada raro que la industria farmacéutica tenga algo que ver con esta pandemia con la intención de reactivar este sector.
3. Por los trastornos económicos-sociales en las actividades de los trabajadores a causa de la pandemia su situación se agravará y las luchas aumentaran.
4. Cuando la represión no puede detener la lucha de los pobres, una pandemia quizá si lo pueda.
5. La crisis recibe como anillo al dedo esta pandemia pues podría por un lado reactivar un sector productivo (el farmacéutico), por otro distraer la atención de los trabajadores de los efectos de la crisis.
6. Con esta pandemia los sistemas sanitarios o de salud en cada país evidenciaran que el capitalismo no esta preparado para salvar a la humanidad de un pandemia de estas o peores características; solo vasta mencionar que la cura saldría solo en 06 meses promedio (aunque es sabido que no lo sacan antes porque no es rentable, necesitan mas infectados). Por lo cual la cuestión de la salud dentro del programa revolucionario será mucho más evidente, pues quienes mueren no son los de la burguesía.
7. Una buena forma de reducir el desempleo es matando desempleados.
8. si luego de la crisis el mundo ya no seria el mismo, luego de esta pandemia más aún.
9. La pandemia será una linda mascara para garantizar los despidos, cierre de fabricas, vacaciones forzosas, etc. Sin tener que decirlo así. Con la excusa de evitar los contagios.
10. Sin duda alguna la pandemia esta jugando el papel de psicosocial en el planeta entero.
11. La pandemia servirá a dos vías y dependerá de las fuerzas que ambas partes puedan desplegar; o servirá para que la crisis la paguen los trabajadores sin resistencia alguna, o, servirá para garantizar trabajo de propaganda por la revolución socialista y el socialismo.
viernes, 24 de abril de 2009
VRAE: ¿SUBVERSIÓN O NARCOTRÁFICO?
VRAE: ¿SUBVERSIÓN O NARCOTRÁFICO?
Los Valles conformados por los ríos Apurímac y Ene se han vuelto una zona emblemática para la actividad del narcotráfico, los cultivos de hoja de coca, la actividad de un remanente de lo que fuero el PCP sendero Luminoso y un dolor de cabeza para el gobierno. Es una zona alejada de los centros urbanos y presenta una logística complicada para la presencia del Estado centralista y criollo peruano. Prácticamente es una ‘tierra de nadie’.
Hace poco, debido a la matanza de 14 soldados y un capitán del ejército esta zona conocida como el VRAE ha saltado nuevamente a la palestra nacional. Desde el Estado y los grandes medios de prensa se han dicho y ensayado muchas explicaciones. Es difícil tomarlas en cuenta pues el desconocimiento de lo que sucede en esta zona proverbial entre los políticos criollos, autoridades del Estado y el periodismo capitalino.
El principal argumento o explicación que escuchamos los ciudadanos de a pie, los trabajadores y población en general es que fue un acto terrorista perpetrado por una facción de senderistas, asimismo, que el ejército necesita más presupuesto, que se tiene que cambiar la estrategia militar, priorizar el trabajo de inteligencia y ganarse a la población, etc. Todo esto no son sino medias verdades y debemos saber que la media verdad es una mentira completa.
El problema de fondo es el narcotráfico no la actividad de Sendero Luminoso.
Lo que no se dice o se pasa por alto olímpicamente es que el narcotráfico ha avanzado en el país. Hace muchos años el periodista británico, Simon Strong , escribió que el narcotráfico avanzó y narcotizo el Estado peruano desde los ochentas. El paso de los años y la historia confirman este acerto que ha sido confirmado y repetido por varias investigaciones posteriores.
Ahora el VRAE ha devenido en la zona más próspera del Perú en la producción de cocaína, tanto así que nuestro país se ha convertido en el segundo productor mundial de este estupefaciente, sin embargo el facilismo del gobierno aprista, de ministros generales y demás políticos del poder es desviar la atención ciudadana y echarle la culpa a una organización política inexistente en términos cuantitativos y cualitativos. Todos ellos hacen de la vista gorda o evaden el principal problema nos hablan de una lucha contra la subversión pero parecen ignorar que los narcotraficantes dominan en la zona y están muy bien armados en defensa del multimillonario negocio de la cocaína.
Pero ¿por qué ese interés de desviarse del problema esencial? ¿Por qué distorsionar la realidad?
La producción de hoja de coca bordea alrededor de las 120 mil toneladas, de las cuales sólo 9000 van hacia el consumo tradicional y la producción industrial (según el sociólogo Jaime
Antezana), el resto se utiliza para la fabricación de clorhidrato de cocaína. Muchos años atrás el negocio ilícito sólo lograba producir la pasta básica (materia prima para la transformación en cocaína) que se exportaba a Colombia. Pero ahora nos hemos convertido en país productor y exportador de cocaína. Según el diario norteamericano New York Times el Perú produce anualmente 290 toneladas de cocaína (¡!) esta cantidad, traducida en dinero significa, según los expertos, unos 18 mil millones de dólares, suma equiparable al total de minerales, textiles y productos agrícolas que exportamos. Según el periodista Carlos Angulo Rivas 18 toneladas de cocaína son para el consumo interno de conspicuos empresarios, jueces, políticos, periodistas y militares de alto rango.
Pero de esto no habla el gobierno ni sus ministros, prefieren repetir machaconamente que el problema es la subversión y el terrorismo porque esto les rinde réditos políticos, porque así engañan a la población y de paso preparan el terreno para el uso de la represión militar en caso de que las luchas populares desborden o se salgan de control.
Con el afán de encubrir el próspero negocio del narcotráfico distorsionan la realidad y nos hablan de luchar contra el terrorismo y los remanentes de Sendero Luminoso. Por eso es que no hay grandes pesquisas sobre los ingentes insumos para la industria del ‘oro blanco’. La ministra aprista Mercedes Cabanillas ha planteado que se necesitarían 30 millones de dólares para implementar garitas ambulantes de la policía para combatir el transporte de insumos hacia el narcotráfico, porque es difícil controlar y revisar los camiones que transportan estos insumos, sin embargo, nos preguntamos ¿cómo es que pasan los insumos químicos que ingresan a las zonas productivas, y entre esos insumos, las ingentes cantidades de kerosene? (diariamente pasan miles de galones, aproximadamente 3 mil)¿No están acaso todas las entradas al VRAE cubiertas por la policía y el ejército? ¿Cómo se traslada toda la cocaína producida? ¿No se conocen los aeropuertos clandestinos o se hacen de la vista gorda las autoridades? Lo que pasa es que el narcotráfico está infiltrado entre las instituciones estatales. Es imposible recordar ahora el narcoavión presidencial en la época de Fujimori o un buque de la Marina de Guerra lleno de droga. Ejemplos abundan. Hace pocos días (20 de abril) se filtró a la prensa el caso de dos policías, que en una requisa de pasta básica (PBC) fueron cogidos ‘in fraganti’, la ministra del interior simplemente no quiso hablar de esto.
El plan excelencia 777 y la estrategia en el VRAE
Siguiendo los planes del Pentágono contra el ‘narcoterrorismo’ el gobierno, extrañamente concedió a las FFAA un papel central en la zona del VRAE. Allí en coordinación entre el ejército, la marina y la aviación se impulsó una fuerte ofensiva militar y con apoyo de información norteamericano.
La estrategia se centraba en dos objetivos, dar un duro golpe a la subversión y tomar el control del Vizcatán, sin embargo, debido a la matanza de los soldados, entre ellos un menor de edad, el país se enteró de que ninguno de estos objetivos se cumplió. No podía cumplirse, desde el comienzo estaba mal planteada la estrategia, se lucha con fantasmas. Sendero no existe o su potencial está sobredimensionado.
De hecho, lo que existe, en la estrategia militar es la misma fórmula que ha venido aplicando el Estado desde la aparición de la ‘lucha armada’ en los años 80: asesinatos de pobladores para justificar su plan, como el caso de humildes campesinos (ejecuciones extrajudiciales con tiros en la nuca) y de una mujer embarazada junto a sus dos niños de 2 y 5 años. El ministro que más se parece a un fantoche justificó el asesinato de esta mujer y sus pequeños hijos diciendo “¿qué diablos hacía esta mujer en Vizcatán? ¿Estaba rezando el rosario?”. El asesinato se produjo a las 7 de la mañana junto a toda su familia, en su propia finca, porque se negaron a , abandonar su finca que ahora es usada como base de operaciones. Es decir desde el Estado se termina avalando la impunidad y la guerra sucia, continúa pensando que la acción militar es suficiente.
Los ‘enfrentamientos’ militares no tienen sentido mientras el gobierno se haga de la vista gorda frente al narcotráfico, mientras no se combata contra el tráfico de insumos que utilizan los narcotraficantes para transformar la hoja de coca en cocaína que van para la zona del VRAE. Si bien existen remanentes del maoísmo de Sendero Luminoso, estos no plantean la lucha armada como una salida política para los problemas del país sino que se han convertido en elementos funcionales al narcotráfico, es decir, han degenerado, más allá de que su táctica hacia la población haya cambiado.
De esta manera, se termina protegiendo al negocio del narcotráfico bajo el argumento de que se combate a la subversión. En esta misma lógica cae el llamado del Partido Nacionalista que pide unirse a implementar un Plan de Paz y Desarrollo para la zona, restando importancia a las causas del conflicto y exigiendo acciones sociales y mano dura al mismo tiempo. El ejército tiene una negra historia en ejercer la violencia contra los más indefensos, los campesinos pobres, presentándolos como terroristas. Como una broma macabra la historia parece repetirse, así no hay justicia, menos democracia y peor aun la tan aludida reconciliación nacional.
En este camino, el país va en una peligrosa dirección hacia la militarización de ‘zonas de guerra’. Para ello cuenta con la inestimable cooperación militar norteamericana, que además le serviría, llegado el caso, de utilidad geopolítica y militar. Es inobjetable la existencia de una base militar norteamericana en la zona justificada como un Centro de Operaciones e Inteligencia Conjunta con el supuesto objetivo de apoyar la ‘pacificación’ y realizar ‘acciones cívicas”.
El fracaso de la estrategia subversiva
Debido a crasos errores tácticos de la estrategia que provocó la muerte de militares, el gobierno prometió algunos cambios y más recursos a para las FFAA. Se priorizará el trabajo de inteligencia militar, y una política para ‘ganarse a la población’, se evitará reclutar a menores de edad, etc.
Pero ¿por qué son tan resistidos o no son aceptados los militares por la población? ¿Cómo apoyarlos si se comportan como ejércitos de ocupación? ¿Acaso no se han presentado casos de robo de animales y violaciones por parte de militares y policías? ¿Cómo conseguir el apoyo de los campesinos si, bajo el pretexto de la lucha antidroga, el ejército trabaja codo a codo con militares de EEUU que pretende apoderarse de la Amazonía y sus riquezas?
Nos anticipamos a anunciar un nuevo fracaso, pues, como dijimos al comienzo, el objetivo está equivocado. No es la subversión sino al narcotráfico al que hay que combatir. Segundo, la realidad de la zona no cambiará con unos cuantos millones destinados a la zona, pues sólo sirven para justificar que se hace algo. Mientras tanto, no existe un plan alternativo a la sustitución del cultivo de la hoja de coca, el abandono de la zona persistirá, más allá de sendas declaraciones, hechas solo para redituarse políticamente y para los titulares de la prensa.
En otro artículo nos ocuparemos sobre los remanentes del “terrorismo” de Sendero Luminoso en la zona.
Los Valles conformados por los ríos Apurímac y Ene se han vuelto una zona emblemática para la actividad del narcotráfico, los cultivos de hoja de coca, la actividad de un remanente de lo que fuero el PCP sendero Luminoso y un dolor de cabeza para el gobierno. Es una zona alejada de los centros urbanos y presenta una logística complicada para la presencia del Estado centralista y criollo peruano. Prácticamente es una ‘tierra de nadie’.
Hace poco, debido a la matanza de 14 soldados y un capitán del ejército esta zona conocida como el VRAE ha saltado nuevamente a la palestra nacional. Desde el Estado y los grandes medios de prensa se han dicho y ensayado muchas explicaciones. Es difícil tomarlas en cuenta pues el desconocimiento de lo que sucede en esta zona proverbial entre los políticos criollos, autoridades del Estado y el periodismo capitalino.
El principal argumento o explicación que escuchamos los ciudadanos de a pie, los trabajadores y población en general es que fue un acto terrorista perpetrado por una facción de senderistas, asimismo, que el ejército necesita más presupuesto, que se tiene que cambiar la estrategia militar, priorizar el trabajo de inteligencia y ganarse a la población, etc. Todo esto no son sino medias verdades y debemos saber que la media verdad es una mentira completa.
El problema de fondo es el narcotráfico no la actividad de Sendero Luminoso.
Lo que no se dice o se pasa por alto olímpicamente es que el narcotráfico ha avanzado en el país. Hace muchos años el periodista británico, Simon Strong , escribió que el narcotráfico avanzó y narcotizo el Estado peruano desde los ochentas. El paso de los años y la historia confirman este acerto que ha sido confirmado y repetido por varias investigaciones posteriores.
Ahora el VRAE ha devenido en la zona más próspera del Perú en la producción de cocaína, tanto así que nuestro país se ha convertido en el segundo productor mundial de este estupefaciente, sin embargo el facilismo del gobierno aprista, de ministros generales y demás políticos del poder es desviar la atención ciudadana y echarle la culpa a una organización política inexistente en términos cuantitativos y cualitativos. Todos ellos hacen de la vista gorda o evaden el principal problema nos hablan de una lucha contra la subversión pero parecen ignorar que los narcotraficantes dominan en la zona y están muy bien armados en defensa del multimillonario negocio de la cocaína.
Pero ¿por qué ese interés de desviarse del problema esencial? ¿Por qué distorsionar la realidad?
La producción de hoja de coca bordea alrededor de las 120 mil toneladas, de las cuales sólo 9000 van hacia el consumo tradicional y la producción industrial (según el sociólogo Jaime
Antezana), el resto se utiliza para la fabricación de clorhidrato de cocaína. Muchos años atrás el negocio ilícito sólo lograba producir la pasta básica (materia prima para la transformación en cocaína) que se exportaba a Colombia. Pero ahora nos hemos convertido en país productor y exportador de cocaína. Según el diario norteamericano New York Times el Perú produce anualmente 290 toneladas de cocaína (¡!) esta cantidad, traducida en dinero significa, según los expertos, unos 18 mil millones de dólares, suma equiparable al total de minerales, textiles y productos agrícolas que exportamos. Según el periodista Carlos Angulo Rivas 18 toneladas de cocaína son para el consumo interno de conspicuos empresarios, jueces, políticos, periodistas y militares de alto rango.
Pero de esto no habla el gobierno ni sus ministros, prefieren repetir machaconamente que el problema es la subversión y el terrorismo porque esto les rinde réditos políticos, porque así engañan a la población y de paso preparan el terreno para el uso de la represión militar en caso de que las luchas populares desborden o se salgan de control.
Con el afán de encubrir el próspero negocio del narcotráfico distorsionan la realidad y nos hablan de luchar contra el terrorismo y los remanentes de Sendero Luminoso. Por eso es que no hay grandes pesquisas sobre los ingentes insumos para la industria del ‘oro blanco’. La ministra aprista Mercedes Cabanillas ha planteado que se necesitarían 30 millones de dólares para implementar garitas ambulantes de la policía para combatir el transporte de insumos hacia el narcotráfico, porque es difícil controlar y revisar los camiones que transportan estos insumos, sin embargo, nos preguntamos ¿cómo es que pasan los insumos químicos que ingresan a las zonas productivas, y entre esos insumos, las ingentes cantidades de kerosene? (diariamente pasan miles de galones, aproximadamente 3 mil)¿No están acaso todas las entradas al VRAE cubiertas por la policía y el ejército? ¿Cómo se traslada toda la cocaína producida? ¿No se conocen los aeropuertos clandestinos o se hacen de la vista gorda las autoridades? Lo que pasa es que el narcotráfico está infiltrado entre las instituciones estatales. Es imposible recordar ahora el narcoavión presidencial en la época de Fujimori o un buque de la Marina de Guerra lleno de droga. Ejemplos abundan. Hace pocos días (20 de abril) se filtró a la prensa el caso de dos policías, que en una requisa de pasta básica (PBC) fueron cogidos ‘in fraganti’, la ministra del interior simplemente no quiso hablar de esto.
El plan excelencia 777 y la estrategia en el VRAE
Siguiendo los planes del Pentágono contra el ‘narcoterrorismo’ el gobierno, extrañamente concedió a las FFAA un papel central en la zona del VRAE. Allí en coordinación entre el ejército, la marina y la aviación se impulsó una fuerte ofensiva militar y con apoyo de información norteamericano.
La estrategia se centraba en dos objetivos, dar un duro golpe a la subversión y tomar el control del Vizcatán, sin embargo, debido a la matanza de los soldados, entre ellos un menor de edad, el país se enteró de que ninguno de estos objetivos se cumplió. No podía cumplirse, desde el comienzo estaba mal planteada la estrategia, se lucha con fantasmas. Sendero no existe o su potencial está sobredimensionado.
De hecho, lo que existe, en la estrategia militar es la misma fórmula que ha venido aplicando el Estado desde la aparición de la ‘lucha armada’ en los años 80: asesinatos de pobladores para justificar su plan, como el caso de humildes campesinos (ejecuciones extrajudiciales con tiros en la nuca) y de una mujer embarazada junto a sus dos niños de 2 y 5 años. El ministro que más se parece a un fantoche justificó el asesinato de esta mujer y sus pequeños hijos diciendo “¿qué diablos hacía esta mujer en Vizcatán? ¿Estaba rezando el rosario?”. El asesinato se produjo a las 7 de la mañana junto a toda su familia, en su propia finca, porque se negaron a , abandonar su finca que ahora es usada como base de operaciones. Es decir desde el Estado se termina avalando la impunidad y la guerra sucia, continúa pensando que la acción militar es suficiente.
Los ‘enfrentamientos’ militares no tienen sentido mientras el gobierno se haga de la vista gorda frente al narcotráfico, mientras no se combata contra el tráfico de insumos que utilizan los narcotraficantes para transformar la hoja de coca en cocaína que van para la zona del VRAE. Si bien existen remanentes del maoísmo de Sendero Luminoso, estos no plantean la lucha armada como una salida política para los problemas del país sino que se han convertido en elementos funcionales al narcotráfico, es decir, han degenerado, más allá de que su táctica hacia la población haya cambiado.
De esta manera, se termina protegiendo al negocio del narcotráfico bajo el argumento de que se combate a la subversión. En esta misma lógica cae el llamado del Partido Nacionalista que pide unirse a implementar un Plan de Paz y Desarrollo para la zona, restando importancia a las causas del conflicto y exigiendo acciones sociales y mano dura al mismo tiempo. El ejército tiene una negra historia en ejercer la violencia contra los más indefensos, los campesinos pobres, presentándolos como terroristas. Como una broma macabra la historia parece repetirse, así no hay justicia, menos democracia y peor aun la tan aludida reconciliación nacional.
En este camino, el país va en una peligrosa dirección hacia la militarización de ‘zonas de guerra’. Para ello cuenta con la inestimable cooperación militar norteamericana, que además le serviría, llegado el caso, de utilidad geopolítica y militar. Es inobjetable la existencia de una base militar norteamericana en la zona justificada como un Centro de Operaciones e Inteligencia Conjunta con el supuesto objetivo de apoyar la ‘pacificación’ y realizar ‘acciones cívicas”.
El fracaso de la estrategia subversiva
Debido a crasos errores tácticos de la estrategia que provocó la muerte de militares, el gobierno prometió algunos cambios y más recursos a para las FFAA. Se priorizará el trabajo de inteligencia militar, y una política para ‘ganarse a la población’, se evitará reclutar a menores de edad, etc.
Pero ¿por qué son tan resistidos o no son aceptados los militares por la población? ¿Cómo apoyarlos si se comportan como ejércitos de ocupación? ¿Acaso no se han presentado casos de robo de animales y violaciones por parte de militares y policías? ¿Cómo conseguir el apoyo de los campesinos si, bajo el pretexto de la lucha antidroga, el ejército trabaja codo a codo con militares de EEUU que pretende apoderarse de la Amazonía y sus riquezas?
Nos anticipamos a anunciar un nuevo fracaso, pues, como dijimos al comienzo, el objetivo está equivocado. No es la subversión sino al narcotráfico al que hay que combatir. Segundo, la realidad de la zona no cambiará con unos cuantos millones destinados a la zona, pues sólo sirven para justificar que se hace algo. Mientras tanto, no existe un plan alternativo a la sustitución del cultivo de la hoja de coca, el abandono de la zona persistirá, más allá de sendas declaraciones, hechas solo para redituarse políticamente y para los titulares de la prensa.
En otro artículo nos ocuparemos sobre los remanentes del “terrorismo” de Sendero Luminoso en la zona.
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